“Le dijeron tomate un ibuprofeno y se fueron. Murió por un síndrome respiratorio agudo. Fue en 2022″, comentaron las fuentes del caso a Infobae la génesis de la causa por la muerte de una mujer que fue mal diagnosticada en su domicilio por un servicio de ambulancia privado. En las últimas horas, la Policía de la Ciudad allanó a los sospechosos de pertenecer a una organización dedicada a la atención médica clandestina vinculaldos a ese expediente.
El caso derivó en una investigación por asociación ilícita, abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos, lo que motivó tres allanamientos simultáneos en la provincia de Buenos Aires.
Los procedimientos se realizaron en los partidos bonaerenses de Presidente Perón, La Plata y Magdalena, con intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y de la División Investigaciones Especiales.
En total, participaron tres brigadas junto con personal del CIJ, bajo disposición de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº25, y autorización del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº2 porteño.
La pesquisa determinó que la atención a la víctima había sido brindada por una persona que utilizaba el sello de un médico habilitado, sin contar con formación profesional. El diagnóstico erróneo concluyó con el retiro del personal sin brindar asistencia adecuada, lo que derivó en el fallecimiento de la paciente.
Durante los allanamientos fueron secuestradas notebooks, una computadora hogareña, credenciales, certificados presuntamente apócrifos, talonarios, constancias de título, documentación de cursos de medicina, sellos de distintos médicos y facturas dirigidas a un particularque fue identificado. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia como material probatorio.
Los operativos se concretaron en tres domicilios de las localidades bonaerenses de Guernica y Villa Elvira; y en el partido de Magdalena.
En esos lugares fueron identificadas dos mujeres de 47 años. Además, resultó imputado un sospechoso de 39 años, médico de nacionalidad venezolana, a quien se notificó por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad.
Según se indicó en las actuaciones, las ambulancias utilizadas eran propiedad de una médica y de un enfermero, quienes también se encuentran imputados. La investigación estableció que la atención médica era realizada por un individuo sin estudios en la materia, valiéndose del sello prestado por el médico venezolano para emitir los diagnósticos.
En el procedimiento llevado a cabo en Magdalena estuvo presente la secretaria de la fiscalía, Magdalena de Zan, quien supervisó el secuestro de los elementos y las notificaciones a los imputados.
Con resultado positivo, los allanamientos permitieron avanzar en el esclarecimiento de la maniobra y reunir pruebas clave para el proceso judicial que busca determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en el hecho que terminó con la muerte de la paciente.
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