Un municipio de Córdoba denunció maniobras fraudulentas vinculadas a la emisión de licencias de conducir: se les otorgaban permisos a personas sin domicilio real en la ciudad. Esto podría haberse extendido por más de una década e, incluso, señalan que afectó al padrón electoral.
El fraude se descubrió en la Municipalidad de Mendiolaza, cuando la intendenta Adela Arning ordenó que se realicen auditorías internas dentro de la administración.
El caso involucra a C. P. H., conocido como “Pino”, quien se desempeñaba como empleado municipal, parte de la Dirección de Tránsito, y delegado de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Este ya fue denunciado penalmente y se solicitó la exclusión de su tutela sindical mientras avanza la investigación.
Según la denuncia penal presentada, C. P. H. ofrecía su domicilio particular, ubicado en la calle 6 y esquina 16, para que terceros gestionaran licencias de conducir —tanto particulares como profesionales— sin residir realmente en la ciudad, tal como informó el medio local Hoy Día.
La intendenta detalló que la situación se detectó la semana pasada luego de que adviertan “movimientos extraños” y lleguen varias alertas por parte de los vecinos. Tras esto, comenzaron las averiguaciones internas y se descubrió lo que estaba sucediendo.
“Estamos súper preocupados, es una noticia que nos afecta muchísimo. Detectamos que este empleado usaba su domicilio donde personas que no residen en Mendiolaza ponían cambio de DNI y, de inmediato, iniciaban la solicitud para obtener la licencia”, sostuvo la intendenta Arning en diálogo con ElDoce.tv.
Esta maniobra no solo permitió la obtención irregular de permisos para conducir vehículos pesados, sino que además impactó en la composición del padrón electoral local.
Un comunicado oficial del municipio precisó que más de 50 personas declararon falsamente vivir en la dirección de C. P. H. en lo que va de 2025. Este patrón se repitió en por lo menos diez domicilios distintos, utilizados de modo reiterado para trámites similares, lo que indica la posible existencia de una red organizada y de mayor alcance.
Al registrar personas en domicilios falsos, la Municipalidad sostiene que se generó una alteración artificial del padrón electoral. Esta situación modificó la representación ciudadana.
La actual gestión considera probable que la operatoria se remonte al año 2015 o incluso a años anteriores, y mantiene abierta la posibilidad de que existan otros domicilios involucrados.
Frente a la gravedad del episodio, la respuesta institucional fue inmediata. Además de impulsar una denuncia penal contra C. P. H., la intendenta Arning solicitó su exclusión de la tutela sindical para avanzar con un sumario administrativo.
“Le hemos pedido que tome unos días de vacaciones porque estamos en una situación difícil en la que no puede volver a su tarea habitual. Esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder avanzar”, comentó la mandataria regional.
El municipio remarcó que la investigación continuará hasta esclarecer la totalidad de los hechos y determinar la responsabilidad de todos los implicados.
La postura del Ejecutivo local es categórica: la política de “tolerancia cero” frente a la corrupción será aplicada sin excepciones y con medidas destinadas a proteger el interés público y la confianza ciudadana.
“Esto es importante darle celeridad, la parte que corresponde a la Justicia, pero también desde el municipio queremos avanzar en esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades”, concluyó Arning.
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