Luego de que se conociera que una marino voluntaria había sido hospitalizada en estado de gravedad al sufrir una lesión durante un entrenamiento antidisturbios, seis integrantes de la Armada Argentina fueron procesados por violencia de género e institucional por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Además, se emitió una restricción para que no puedan contactarse con la víctima.

Los procesamientos se dieron en el marco del caso de la militar que tuvo que ser internada en el Hospital Militar Central de Belgrano por haber recibido un fuerte golpe durante una práctica realizada en la jurisdicción naval de Vicente López. Inicialmente, se habían detenido a ocho superiores de la fuerza, pero solo seis de ellos continuarían vinculados a la causa.

De esta manera, la titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro resolvió imputar a uno de los acusados, que también fue pareja de la joven, por el delito de lesiones gravemente agravadas por la relación de pareja que mantuvieron, alevosía y violencia de género en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Según la información de Fiscales.gob.ar, le dictaron prisión preventiva al constatarse que el acusado había sido el responsable de darle la patada voladora que derivó en las lesiones que le provocaron un “status epiléptico” y la llevó a transitar una internación de dos semanas en coma inducido.

Los cinco imputados restantes fueron procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque se determinó que estos continuarán en libertad durante el proceso. Asimismo, confirmaron que se agregó la figura de lesiones culposas contra el superior que se encontraba a cargo de la supervisión del entrenamiento.

Previo a esto, el fiscal y la fiscal federal, Federico Iuspa y Mariela Labozzetta, habían solicitado la inclusión de pruebas de violencia de género en el expediente. En el dictamen que presentaron, se habrían sumado elementos que constatarían la autoría del marino y ex pareja de la víctima.

Después de que la jueza procesara a los seis integrantes de la Armada Argentina, emitió una prohibición para que los involucrados eviten tener cualquier contacto con la joven. Además, notificó al Ministerio de Defensa y al titular de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Senado sobre el avance de la causa.

Los hechos sucedieron el pasado 4 de abril, cuando la marina resultó gravemente herida durante un ejercicio de instrucción antidisturbios. Según fuentes del caso, un instructor habría golpeado el escudo que usaba, lo que provocó que se cayera de espaldas. Aunque llevaba un casco de protección, no evitó que su cabeza impactara con el suelo.

Los testigos indicaron que la joven permaneció varios minutos en el suelo sin recibir asistencia inmediata, mientras el entrenamiento continuaba. Al reincorporarse, manifestó un intenso dolor de cabeza, pero no fue atendida hasta que la llevaron a la enfermería de la base.

Al momento de ser inspeccionada, los médicos le administraron un calmante, le colocaron un cuello inmovilizante y ordenaron su traslado al hospital de Campo de Mayo. No obstante, su condición empeoró: presentó parálisis en el lado izquierdo del cuerpo y sufrió una convulsión, lo que llevó a su ingreso en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central bajo un coma farmacológico.

La víctima permaneció, al menos, dos semanas hospitalizada hasta que presentó una evolución en su estado de salud. Después de haber superado un cuadro de neumonía y una infección renal, fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la joven había despertado y no requería de la asistencia respiratoria desde el 17 de abril.

Por su parte, la Armada inició una investigación interna, que se lleva a cabo en cumplimiento del reglamento de procedimientos navales establecido desde 1997 en el marco de las disposiciones del artículo 28 de la Ley de Seguridad Interior, que otorga a las fuerzas armadas el poder de policía en sus instalaciones.

En el sumario, establecieron las sanciones que corresponderían a cada uno de los suboficiales detenidos por el caso. Las penas serían consideradas severas, con sanciones que podrían ir desde graves hasta muy graves, según el código de disciplina militar.

Incluso, habían anticipado que los miembros directamente involucrados en el incidente serían dados de baja, mientras que se le habría exigido el retiro obligatorio al personal de mayor antigüedad que también desempeñó roles dentro del ejercicio.