Un tribunal federal de Rosario condenó a Julián Mariano Gutiérrez a 11 años de prisión por su participación en un secuestro extorsivo ocurrido en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, en agosto de 2024.
Gutiérrez, quien ya había sido declarado culpable, enfrentó su condena en la primera audiencia de determinación de pena, en el marco del nuevo sistema acusatorio federal.
En el mismo proceso, otros dos implicados en el crimen ya habían recibido sus respectivas sentencias, cerrando de esta manera uno de los casos más resonantes en la región, según informó el portal Rosario3.
El hecho que llevó a Gutiérrez a los tribunales comenzó el 17 de agosto de 2024, cuando la víctima, N.G., denunció en la Comisaría 12 de Venado Tuerto que había sido secuestrada por dos personas: su ex cuñada, Araceli Lucrecia Pena, y Gutiérrez, quienes irrumpieron armados en su casa.
Según el relato de la propia víctima, ambos le exigieron una mochila que su hermano, conocido como "Maradona", habría sustraído y que en su interior, se encontraba una suma importante de dinero, drogas y armas de fuego.
Tras el secuestro, N.G. fue trasladada a una vivienda en las cercanías de las calles España y Huhn, donde fue amenazada y golpeada. Gutiérrez se comunicó con el padre de la mujer, exigiendo no solo la devolución de los elementos sustraídos, sino también una suma de cuatro millones de pesos como parte de la extorsión.
En paralelo, se contactaron con el hijo de la víctima, un joven de 15 años. El menor, después de encontrar la casa donde su madre estaba retenida, fue recibido por Gutiérrez, quien reiteró las condiciones para la liberación de la víctima.
La situación culminó cuando, esa misma noche, el hijo de la mujer entregó documentos de la vivienda familiar como parte del acuerdo para liberar a su madre.
Tras ser liberada, N.G. fue en busca de su hermano, quien había ocultado la mochila con las armas y el dinero. Sin embargo, el secuestro no terminó allí: al día siguiente, Gutiérrez envió un mensaje al hijo de la víctima, indicándole que desalojara una parte de la casa para saldar la deuda pendiente, dejando claro que la extorsión continuaría.
El caso fue tomado rápidamente por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que en las primeras horas de la investigación ordenó el allanamiento de la vivienda donde había ocurrido el secuestro.
Allí, fue detenida Pena y se incautaron dos revólveres y municiones de diferentes calibres. Poco después, Gutiérrez y Raúl Oscar “Cachavacha” Gerez fueron arrestados mientras merodeaban cerca de un Volkswagen Gol. En el vehículo se hallaron diversos elementos, tales como dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación personal.
La condena a 11 años de prisión fue dictada en el contexto de un juicio bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF), que establece que la audiencia de determinación de pena se realiza de manera separada del juicio de responsabilidad.
En esta ocasión, el tribunal federal de Rosario, compuesto por los jueces Eugenio Martínez Ferrero, Germán Sutter Schneider y Elena Dilario, consideró los delitos de secuestro extorsivo agravado, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y tenencia de armas.
Con respecto a las otras dos personas involucradas en el secuestro, ambos recibieron una pena de 6 años de prisión. En el caso de Gutiérrez, su sentencia se resolvió a través de un acuerdo parcial de culpabilidad que se limitó a su participación en los hechos y a la calificación legal de los delitos cometidos.
Recapturaron a una mujer condenada por un secuestro extorsivo
Hace unas semanas, la Policía Federal recapturó en Santa Fe a una mujer que formaba parte de la banda narcocriminal “Los Monos”, que se escapó cuando debería cumplir con su prisión domiciliaria por haber sido partícipe de un secuestro extorsivo.
El hecho por el que se la condenó sucedió el 23 de julio de 2021, cuando un hombre fue secuestrado en Arroyo Seco. Durante su cautiverio, la víctima fue sometida a torturas físicas y, posteriormente, liberada tras el pago de un rescate por parte de su familia, negociado mediante extorsiones con los captores.
Tras la investigación y el proceso judicial correspondiente, la mujer fue condenada a seis años de prisión domiciliaria por su participación activa en el secuestro como integrante de una organización narcocriminal. Sin embargo, en un intento de evadir la Justicia, la detenida logró desactivar la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos y se fugó, generando una nueva causa penal para dar con su paradero. Finalmente, fue arrestada nuevamente en una zona descampada de Villa Gobernador Gálvez, también en Santa Fe.
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