Cinco gendarmes fueron imputados por el homicidio de un trabajador informal de 27 años, ocurrido en diciembre del año pasado, cuando se encontraba a la vera del río Bermejo, en la localidad salteña de Aguas Blancas. La reacción de los oficiales aún es motivo de averiguación; sin embargo, se confirmó que la víctima se encontraba con un grupo de personas que trasladaban varios bultos de norte a sur.
El caso fue formalizado a pedido del fiscal subrogante Marcos Romero, quien, con el apoyo de la jueza federal Ivana Hernández, imputó a los efectivos de Gendarmería Nacional por el delito de homicidio en riña agravado por el uso de armas de fuego contra Fernando Gómez.
En línea con los detalles brindados por el portal El Tribuno, el hecho ocurrió en horas de la madrugada del 18 de diciembre en la zona conocida como “Coca Quemada” a unos 500 metros del puesto de la Sección 28 de Julio de Gendarmería. Según el relato de testigos, en ese momento, se produjo un enfrentamiento entre la fuerza nacional y las personas que transitaban la zona acarreando mercadería. Fue en ese contexto que Gómez resultó alcanzado por “dos municiones esféricas de plomo” que le perforaron la tráquea y afectaron sus pulmones, provocando su muerte minutos después.
En el sumario preventivo emitido por los agentes que vigilaban los sectores “Camino pistola”, “El arbolito” y el puesto 28 de julio, señalaron que el enfrentamiento se había dado entre los mismos contrabandistas a causa de una pelea por la mercadería que transportaban, que incluía hojas de coca, cigarrillos y cocaína. Sin embargo, los impactos que recibió Gómez eran compatibles con las armas que tenía encima los gendarmes. Por su parte, la investigación fiscal especificó que el enfrentamiento comenzó cuando un grupo de mujeres, conocidas como “campaneras”, vio al personal y alertó a los trabajadores informales, lo que llevó a una serie de disparos que alcanzaron al hombre de 27 años.
El fiscal Romero destacó el trabajo de campo realizado por la División Homicidios de la policía salteña, que incluyó una inspección ocular en el lugar de los hechos. Esto permitió reforzar la teoría de que la muerte de Gómez fue consecuencia directa de los disparos realizados por los oficiales. En este sentido, se formalizó la imputación realizada el 1° de abril de este año, al tiempo que la jueza aceptó las peticiones del fiscal y autorizó nuevas medidas de prueba.
El enfrentamiento tuvo lugar en una zona caliente de contrabando de mercadería y tráfico de drogas, en donde los llamados “bagayeros” atraviesan el río a la altura de Aguas Blancas.
A raíz de esta problemática, el interventor del mencionado municipio, Adrián Zigarán, había confirmado en enero pasado que avanzarían con la construcción de un alambrado en la frontera, para asegurar que todas las personas que entren y salgan del país realicen los trámites migratorios.
Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional como parte del “Plan Güemes” para fortalecer las zonas limítrofes, lo que generó el rechazo del gobierno de Bolivia.
De acuerdo con los datos que trascendieron en su momento, la licitación para la obra sobre la zona fronteriza entre Bolivia y Argentina, habla de un alambrado de púa de 200 metros que tendrá dos o tres puertas. Adicionalmente, el funcionario provincial mencionó la presencia de “chancheros” que suelen ingresar con bolsas de consorcio, de las cuales se desconoce su contenido. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, puntualizó meses atrás.
La respuesta del país vecino mediante un comunicado indicaba que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados para encontrar soluciones coordinadas a temas en común”. También advertían sobre “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
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