
El Hospital Infanto Juvenil Tobar García es uno de los hospitales más sensibles de la ciudad de Buenos Aires: se trata, para empezar, de un neuropsiquiátrico para chicos.
Ubicado en Barracas, depende del Gobierno porteño. Allí, se abordan “patologías severas como psicosis infantil y adolescente, trastornos del espectro autista e intentos de suicidio”, también “desarrolla programas de rehabilitación y reinserción social para fortalecer el bienestar de los pacientes”, según detalló el ministro de Salud porteño Fernán Quirós a comienzos de este año.
Un chico, uno de tantos, estaba internado allí en el Tobar García a mediados de 2015. Tenía doce años. Sus padres lo habían abandonado; su madre lo había dejado cuatro años antes, literalmente, en la puerta del hospital, para nunca volver. Tiempo después, fue diagnosticado con esquizofrenia indiferenciada y retraso mental no especificado.
Allí, dentro de las paredes del Tobar García, a fines de agosto de ese año, ese chico fue violado y golpeado por un enfermero.
El 24 de septiembre de 2024, casi diez años después, el enfermero fue condenado a nueve años de prisión por los abusos cometidos. La pena contra J.M -su identidad se mantiene en reserva para no entorpecer la causa en su contra- fue dictada por el Tribunal Oral N°12, que lo consideró culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual reiterado cometido en, al menos, dos ocasiones, bajo el agravante de ser el responsable de la guarda del menor. Podrá salir de la cárcel el 25 de octubre de 2032, al filo de la medianoche, si ninguna de sus apelaciones prospera.
Antes de ser condenado, el enfermero -hoy de 44 años, bonaerense-, fue separado de sus funciones por el Gobierno porteño. De acuerdo a sus registros previsionales, luego consiguió trabajo en un matadero y frigorífico.
Tras ser procesado con prisión preventiva y detenido el 26 de octubre de 2023 por la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad, el enfermero intentó lograr el arresto domiciliario con un recurso presentado ante la Cámara Criminal y Correccional. El enfermero planteó como excusa que tenía un hijo -aunque vivía solo- y aseguró que dialogaba con el chico por videollamadas. Los camaristas Daniel Morín y Mauro Divito razonaron que podría hacerlas desde la alcaidía de la fuerza porteña en la que se encontraba preso. El asesor de menores que representaba a la víctima se negó tajantemente a su salida.
No es para menos; los contenidos de la causa son aberrantes.
El relato de la víctima en cámara Gesell, siete años después
De acuerdo a la imputación incluida en la condena firmada por los jueces Darío Medina y José Pérez Arias -a la que Infobae accedió en forma completa- el enfermero, además de obligar al chico a que le practique sexo oral, fue acusado de practicarle “diversos tocamientos corporales impúdicos en la zona de sus nalgas y sus genitales” en al menos tres oportuinidades. Todo, en medio de un contexto de “hostigamiento y maltrato físico, en el cual el acusado le decía al niño con frecuencia que lo ‘tiraría a los chanchos‘”. Además, “le aplicó golpes a la altura de las costillas, lo tomó del cuello y le dijo que lo mataría”.
J.M ya se había negado a declarar durante la instrucción de la causa. Su defensa presentó un descargo por escrito. Allí, negó haber abusado del chico y afirmó que la acusación era “desproporcionada”. También había rechazado hablar en el sumario administrativo que el Gobierno porteño inició en su contra.
Precisamente, fue ese sumario, labrado en 2017, lo que echó a rodar las sospechas. El enfermero habló de una serie de brotes sufridos por el chico, de problemas que él y otros enfermeros enfrentaban para contenerlo; lo definió como “un manipulador”. Lo mismo fue aseverado por diferentes trabajadores del Tobar García, que aseguraban que el chico era agresivo tanto con el personal como con otros pacientes y que “acusaba a todo el mundo, no solo a enfermería”.
En 2022, el enfermero fue desafectado por decisión de los directivos del hospital. La causa: abuso sexual.

El chico también asistía a una escuela, el Centro Educativo Terapéutico N.º 1, conectada por un pasillo al neuropsiquiátrico de Barracas. Allí, narró los supuestos abusos sufridos, señalando sus genitales mientras hablaba. Una docente y la vicedirectora reportaron el hecho, lo que llevó al sumario administrativo y a una denuncia penal.
Según el fiscal acusador que logró la condena, las crisis que tuvo el menor a fines de agosto de 2015 -cuando comenzaron los abusos- no fueron asentadas en la historia clínica del paciente por el enfermero. Durante esas fechas, el chico sufrió una herida en el cuero cabelludo y le había asegurado a una jefa de enfermeros del lugar: “J.M me ató”.
Siete años después, el menor declaró en cámara Gesell, ya convertido en un mayor de edad. Para ese entonces tenía 19 años, había dejado el Tobar García y vivía en un hogar. Sus padres nunca regresaron por él.
“Me hizo que le chupe la p...”, afirmó, tras ser contenido en un brote de llanto. Según su declaración, si no lo hacía, el ahora condenado lo tiraría “a los chanchos”. Los abusos y los hechos de violencia “ocurrían en el baño, de noche, cuando terminaba de jugar al fútbol, comían y se bañaban”, continúa la transcripción del análisis del Cuerpo Médico Forense.
Los especialistas notaron “un lenguaje acotado, cierta disartria y una conducta lentificada”. La defensa intentó sembrar dudas con respecto al chico, sospechas de manipulación. Pero el Tribunal N.º 12 lo descartó. Para ese entonces, el chico “no interactuaba con el acusado y no podía obtener de él o de un tercero un beneficio con sus expresiones”.
El rol de la maestra y la vicedirectora que denunciaron el caso
La docente a la que el chico le narró el abuso -y que luego lo reportó a las autoridades- fue otra testigo clave en el juicio. Su descripción de la víctima fue totalmente distinta a la que brindaron los viejos compañeros de J.M, que trabajaban a un pasillo de distancia. El chico, de acuerdo a la maestra, “llegaba contento por la mañana, se llevaba muy bien con los compañeros que tenía, le gustaban las actividades, los talleres que hacían, disfrutaba de jugar al básquet, le gustaba la música de terapia ocupacional”, aseguró.
La vicedirectora coincidió con su colega. “Quería venir a la escuela, venía contento”, declaró a su turno en el proceso judicial. Una mañana, a solas, el chico comenzó a hablar.
En su testimonio, la mujer aseguró que la víctima llegó a su oficina, más angustiado que de costumbre. Esa vez, pidió que “por favor no lo dejemos volver al hospital porque había un enfermero los fines de semana que le pegaba en las costillas”. Allí, identificó al enfermero.
Finalmente, los jueces le creyeron al menor. “No surgen evidencias de que el niño tuviera motivos racionales para mentir o manipular... o que su relato hubiera sido implantado”, afirmaron en el fallo.
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