Tras la condena, las otras causas que enfrenta Leonardo Cositorto: el próximo juicio en su contra ya tiene fecha

Aunque apelará la condena a 12 años de cárcel que recibió este lunes en los Tribunales de Goya, Corrientes, el CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, deberá concentrarse en el resto de las causas que hay en su contra. Ya tiene fecha el próximo juicio por estafas en Salta, y también está al caer la elevación del expediente que se tramita en Córdoba. En Rosario, Santa Fe, y en la Justicia Federal porteña, permanecen abiertas otras dos investigaciones desde 2022.

En diálogo con Infobae, a poco de ser sentenciado por primera vez, Cositorto consideró que la pena que recibió “no es sustentable” ni está “bien fundamentada” por los magistrados Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte. “Vamos a apelar y denunciar a los jueces por prevaricato”, adelantó el líder de la organización investigada como un esquema Ponzi.

Además de él, en Goya fueron condenados sus colaboradores Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino y Miguel Ángel Echegaray.

Todos fueron hallados culpables por los delitos de asociación ilícita y fraude -en calidad de coautores- contra 98 ahorristas correntinos. Recibieron penas de 8 años de prisión.

La causa salteña contra Generación Zoe es, en los hechos, casi idéntica a que se acaba de resolver en Corrientes. Lo que cambia son los acusados: Ricardo Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía Vilardel y Vilma Albornoz son los cuatro presuntos cómplices que tuvo Cositorto en esta provincia para desplegar, a nivel local, una estafa piramidal que habría afectado a 118 inversores.

La primera audiencia del debate oral y público está programada para el 29 de mayo, y el proceso se extenderá al menos durante todo junio. Quienes resolverán el caso serán los jueces de la sala I del Tribunal de Juicio, Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, llevó adelante la investigación y defenderá la acusación durante el juicio.

Según el Ministerio Público Fiscal, Generación Zoe tenía oficinas en la calle Pellegrini 782, donde los inversores adherían a una “membresía” -que variaba, según el plan, entre 500 y 1000 dólares- con la promesa de retornos de entre 7,5% y el 10% mensual.

Además, la empresa premiaba con comisiones a quienes atrajeran a nuevos ahorristas, “a modo de incentivo para que continuaran inyectando dólares al circuito”, según concluyó la fiscal Salinas Odorisio en su investigación. Y también ofrecían “robots”, que manejaban una lógica similar a las membresías, pero en períodos más cortos.

Para la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ricardo Vilardel era el director y representante de Generación Zoe en Salta. Atendía inversionistas, recibía personalmente dinero en efectivo y firmaba los recibos que les entregaban a los damnificados.

Sus hermanos, Jorge y Ana Lucía, completaban el círculo de confianza de Cositorto en la provincia. Ambos recibían a los ahorristas en la sede y habrían usado sus cuentas bancarias para acumular dinero de los demandantes. La última imputada, Griselda Albornoz, organizaba campañas, reuniones y conferencias para captar las inversiones, siempre según la acusación del MPF.

Los hermanos Vilardel y Albornoz llegarán al juicio señalados como coautores de los delitos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso real. El fraude superaría los 5.682.500 pesos (actualizados serían unos 57 millones) y los 574.120 dólares.

La investigación contra Cositorto y 25 presuntos cómplices en Córdoba se terminó hace varios meses, pero su elevación a juicio todavía no está firme por distintos vaivenes judiciales.

Fuentes con acceso a la causa consultadas por Infobae se mostraron confiadas con que el expediente se destrabará “cuanto antes” para sortear un tribunal. Calculan que el debate oral y público podría comenzar antes de terminar el semestre.

De hecho, el Superior Tribunal de Justicia cordobés pidió “celeridad y dedicación total” a los magistrados con competencia en la causa, que es considerada de máxima prioridad.

Para avanzar con la elevación que pidió la fiscal de Villa María, Juliana Companys, deberá resolverse antes el pedido de recusación que hizo la defensa del CEO de Generación Zoe. Buscan separarla del caso con el argumento de que no fue imparcial durante la investigación. Desde el 10 de febrero pasado, el asunto aguarda un veredicto de la Cámara de Apelaciones de Río Tercero.

En paralelo, hubo nuevas oposiciones a la elevación a juicio. Las defensas plantearon que no hay pruebas suficientes para formular la acusación de la fiscal. El juez de control Arturo Ferreyra es quien contrastará los argumentos de ambas partes para definir en los próximos días.

También hay planteos de nulidad y pedidos de declaración de incompetencia para que el caso pase a la Justicia Federal. Recién cuando se resuelva todo esto es que la causa podría llegar a juicio.

Se trata de un caso complejo, con una veintena de detenidos, entre los que están -además de Cositorto- “Max” Batista y Miguel Echegaray, dos hombres clave de la cúpula de Zoe. El primero, sindicado como la mano derecha del presunto líder de la asociación ilícita, y el segundo, acusado de manejarle las cuentas personales.

Para rematar el caso, todavía está prófugo el ex juez y fiscal federal Héctor Yrimia, implicado directa e indirectamente en varias partes de la trama. Estaría en Dubai. Su nombre no figura en la lista de los 26 imputados que pretende llevar a juicio el Ministerio Público.

La fiscal Company incluyó en su investigación 173 hechos de estafa -con 295 damnificados- que habría cometido Generación Zoe desde Villa María. El supuesto esquema Ponzi le habría sacado a los inversores más de 13.000.000 de pesos y 1.500.000 dólares.

La investigación sobre Generación Zoe en Rosario, Santa Fe, la condujo el fiscal Mariano Ríos Artacho, que estaba a cargo de la Unidad de Delitos Económicos. Renunció a su cargo en junio de 2024, por “motivos personales”, según esgrimió.

Lo cierto es que están revisando su desempeño en varias causas, y decidió abandonar el Ministerio de la Acusación luego de cumplir una sanción de dos meses que le impuso la Legislatura por darle un Mercedes Benz C250 Kompressor -que se había secuestrado en un allanamiento- a un comisario imputado por abuso sexual.

Así las cosas, tras la renuncia de Ríos Artacho asumió la investigación el fiscal Miguel Moreno. Además de Cositorto, están imputados otros 10 supuestos cómplices, con diferentes grados de jerarquía en la estructura. Las últimas detenciones ocurrieron durante las elecciones de octubre de 2023, y desde entonces “no hubo grandes avances”, según reconocieron fuentes judiciales.

Algo similar ocurre en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, cuyo titular es Ariel Lijo. El magistrado, que investigaba al gurú financiero por lavado de dinero, solicitó el miércoles una licencia sin goce de sueldo para asumir como juez de la Corte Suprema. El máximo tribunal resolvería ese pedido el próximo jueves.

En cuanto a la causa, en la que también interviene la PROCELAC, desde los allanamientos que hubo en 2022 no hubo avances relevantes ni nuevas imputaciones. Infobae se contactó con el Ministerio Público Fiscal para conocer los motivos del estancamiento de la investigación, pero no brindaron respuestas al respecto.

No se trata de un expediente menor: allí radican las sospechas sobre los multimillonarios movimientos de dinero que hicieron todas las empresas y actores vinculados a Generación Zoe. No solo por las presuntas estafas, que están registradas, sino también por el posible ingreso de dinero en negro, que podría tener origen en otras actividades ilícitas, como el narcotráfico.