La dura respuesta de Patricia Bullrich a Jorge Macri por los presos en la Ciudad: lo acusa de mala fe y coerción

El fallo de la Justicia porteña que ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) recibir a más de 400 presos condenados alojados en comisarías y alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires tensionó aún más la relación entre el alcalde porteño Jorge Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medio de la negociación por la transferencia del servicio penitenciario que busca descomprimir los abarrotados calabozos de CABA.

En pocas palabras, la administración de Macri reclama medidas urgentes para desagotar las comisarías y, de esa manera, frenar las fugas. Alegan que Nación no se lleva la cantidad suficiente de detenidos para poder lograrlo.

La resolución del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N°23 de la Ciudad, a cargo del juez Norberto Circo, ante un habeas corpus colectivo presentado por la Defensoría de la Ciudad, provocó una dura respuesta de Bullrich al alcalde porteño.

“En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas se les escapan presos todas las semanas”, escribió la ministra de Seguridad Nacional en una carta dirigida al Jefe de Gobierno porteño a la que accedió Infobae.

“Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”, avisó en relación al fallo del juez Circo que no citó al SPF antes de tomar la determinación, que ya fue apelada y que Bullrich llamó “una aberración jurídica”.

En ese sentido, adelantó que el Ministerio de Seguridad Nacional considera que la Justicia de la Ciudad “se está excediendo en el dictado de Habeas Corpus sobre espacios federales”.

A la vez, en la misiva, la funcionaria hizo referencia a la versión brindada por la gestión de Macri sobre la cantidad de ingresos semanales a penales federales.

En ese sentido, afirmó que “en los últimos días se ha filtrado maliciosamente información falsa a la prensa y personeros ligados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de Habeas Corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal".

Luego, argumentó: “Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este Gobierno pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más; ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales, la Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales”.

Al mismo tiempo, reveló las medidas propuestas por Nación mientras se termina de completar la obra de la prisión de Marcos Paz para los presos de la Ciudad.

“El 10 de abril de 2024, ofrecimos formalmente al Gobierno de la Ciudad que realizara construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 más. Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la Ciudad”, afirmó.

Y siguió: “En conversaciones informales posteriores se ofreció al Ministro de Seguridad porteño extender esas plazas a 1000, haciéndose cargo la Ciudad del 50% del costo de mantenimiento de cada interno. Esta propuesta ni siquiera fue contestada”.

Añadió que se trataban de “paliativos”. “La solución era que la Ciudad termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en el año 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en el año 2020″, aseveró.

Por su lado, desde la gestión porteña habían señalado a este medio que ya se retomaron las obras en esa penitenciaria y que estiman que estará terminada para diciembre de este año.

Para Bullrich, la actual crisis de detenidos en el territorio porteño es producto de “malas decisiones políticas que hoy pagan los porteños con su seguridad y los argentinos con su bolsillo”.

En ese sentido, dio a conocer los costos para el sistema carcelario federal. “Desde que iniciamos nuestra gestión, hemos recibido más de 5000 internos que cometieron delitos comunes en la Ciudad. Hoy el sistema federal penitenciario aloja 11.500 internos y 6.000 son presos de la CABA que están siendo juzgados por delitos comunes, con un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de $156.639.750.000″.

Esta es una respuesta directa al Gobierno porteño que había dado a conocer esta semana que cada detenido en sus alcaldías y comisarías cuesta a los vecinos $83.576 diarios.

“Hace 9 años podría haber creado su Servicio Penitenciario. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera”, se quejó la titular de la cartera de Seguridad nacional.

La Ministra cree que las actitudes que le adjudica al gobierno porteño ponen en riesgo la transferencia. “Dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar”, sentenció. Y agregó: “Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta”.

JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

SEÑOR JORGE MACRI

El Ministerio de Seguridad Nacional está comprometido en el resguardo de la seguridad pública nacional.

Con ese objetivo, se hizo cargo del Servicio Penitenciario Federal: para dar coherencia y firmeza a las políticas llevadas adelante.

Desde el inicio de la gestión entendimos que había que resolver la problemática de los presos en las comisarías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por esa razón llevamos adelante una serie de medidas tendientes a mitigar esa situación:

- Teníamos la obligación legal de recibir 60/70 presos semanales y voluntariamente, desde el inicio de este gobierno, pasamos a recibir 90 internos semanalmente, es decir, un 50% más;

- Ofrecimos 100 plazas en el interior del país y un cupo especial de 50 plazas para ofensores sexuales,

- La Ciudad, sin embargo, solamente utilizó el cupo de 90 plazas semanales.

Además de eso y luego de ampliar significativamente el cupo de ingresos, en el marco de un proceso judicial, el 10 de abril de 2024, ofrecimos formalmente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que realizara construcciones modulares en predios del Servicio Penitenciario Federal para poder alojar allí a 400 de sus presos, con la posibilidad de alojar a 600 más. Esta propuesta fue absolutamente rechazada por las autoridades de la Ciudad.

Es más, en conversaciones informales posteriores se ofreció al Ministro de Seguridad porteño extender esas plazas a 1000, haciéndose cargo la Ciudad del 50% del costo de mantenimiento de cada interno. Esta propuesta ni siquiera fue contestada.

Todas las propuestas fueron paliativos porque la solución era que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires termine y entregue el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz que se comprometió a realizar en el año 2018 y que podría haber alojado a 2240 presos, pero que, por decisión política de esta gestión de la Ciudad y de la anterior, sigue sin cumplirse. La cárcel tendría que haber sido entregada en el año 2020.

FUERON MALAS DECISIONES POLÍTICAS QUE HOY PAGAN LOS PORTEÑOS CON SU SEGURIDAD Y LOS ARGENTINOS CON SU BOLSILLO. Esto es así porque desde que iniciamos nuestra gestión, hace poco más de un año, hemos recibido más de 5000 internos que cometieron delitos comunes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy el sistema federal penitenciario que sostienen económicamente todos los argentinos aloja 11.500 internos y 6.000 son presos de la CABA que están siendo juzgados por delitos comunes, con un costo anual para el resto de los ciudadanos del país de $ 156.639.750.000.

Es decir, por ejemplo, un ciudadano de la provincia de Santa Fe, paga por el Servicio Penitenciario Federal, paga por el Servicio Penitenciario Provincial y, por la decisión política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de no hacerse cargo de sus presos, también paga por el costo de mantenimiento de los detenidos de la CABA.

En la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales hay exceso de presos alojados en comisarías, pero no a todas ellas se les escapan presos todas las semanas.

Es en este contexto que desde el año 2016, con la sanción de la Ley 5688, la Ciudad está en condiciones de crear su propio servicio penitenciario sin necesidad alguna de apoyo federal, así como creó la Policía Metropolitana antes de la transferencia de la Policía Federal. Hace 9 años podría haber creado su Servicio Penitenciario. La mora es propia de una administración que no se hace cargo de los presos que su política de seguridad genera.

En este marco y visto que este gobierno nacional tiene la fuerte convicción de fortalecer el federalismo y la autonomía porteña es que le propuso a Usted, en su carácter de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transferir las competencias de guarda y custodia de detenidos que, después de 30 años de autonomía porteña, al día de la fecha, permanecían en manos del Servicio Penitenciario Federal. Es así que desde hace unas semanas se están llevando adelante las negociaciones con la Ciudad para concretar la transferencia de las competencias.

Lamentablemente, en los últimos días se ha filtrado maliciosamente información falsa a la prensa y personeros ligados al Gobierno de la Ciudad han iniciado una serie de acciones de Habeas Corpus para forzar el ingreso masivo de presos al Servicio Penitenciario Federal, hecho que es materialmente imposible por la falta de las plazas necesarias precisamente por el incumplimiento de la Ciudad en la entrega del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz.

Hace una semana un Juzgado Nacional rechazó una primera acción y, de manera razonable, reconoció la complejidad del asunto, concluyó que disponer lo solicitado no solamente llevaría a desnaturalizar la función del Habeas Corpus sino también a la judicialización de una cuestión de política pública, mencionando que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene la División Alcaidías de forma tal que es incoherente que alegue que la institución no está preparada para la guarda de detenidos.

Frente al rechazo de esta primera acción, de forma inmediata y maliciosa se interpuso otra con el mismo objetivo pero, ahora, se eligió a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. Este nuevo planteo fue resuelto de un modo vergonzoso sin siquiera citar al Servicio Penitenciario Federal para que exprese las razones de la imposibilidad de recibir más presos de los que a diario recibe. Esta aberración jurídica, por haberse violado las más elementales reglas del debido proceso, fue inmediatamente apelada por el Servicio Penitenciario Federal y no está firme.

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se está excediendo en el dictado de Habeas Corpus sobre espacios federales. Si verifica la violación de derechos en dependencias de la Policía de la Ciudad, debería obligar al Gobierno de la Ciudad a ingresar a los presos en su propio sistema de Alcaidías. En las condiciones irracionales en las que se dictan estas sentencias, el Estado Nacional no está alcanzado por dichos efectos.

En el medio de una negociación política para la transferencia de las competencias que le corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades de su Gobierno, mediante distintos mecanismos, dañan la imprescindible buena fe que en toda negociación seria debe primar.

Esta administración no va a aceptar ningún tipo de coerción directa ni indirecta.

Nuestra competencia primaria es combatir los delitos federales.

Esperamos que en su carácter de Jefe de Gobierno y las demás autoridades políticas de la Ciudad se hagan cargo de las responsabilidades que les corresponden para asegurar la seguridad pública de los porteños, que cumplan con el mandato que les otorga su propia Constitución, que retomen la buena fe en las negociaciones y que alivien la situación económica del resto de los argentinos que con sus impuestos mantiene a los internos que cometen delitos en la ciudad.