Los agentes de la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización criminal que operaba en Lanús, que fue acusada de distribuir Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) a través de plataformas digitales y redes sociales. Tras un proceso de rastreo e identificación, las autoridades detuvieron a tres hombres y una mujer de nacionalidad argentina.
La investigación comenzó a raíz de una alerta emitida por el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados Sexualmente de los Estados Unidos (NCMEC), después de que detectaran varios usuarios que se encargaban de distribuir material audiovisual con menores en situaciones de explotación sexual. Asimismo, habían constatado que los acusados estaban localizados en la Argentina.
Después de que las autoridades nacionales fueran notificadas del delito, el caso recayó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 8 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien ordenó identificar y detener a los responsables.
Una vez que se abrió una causa por “publicación y comercialización de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”, se inició un análisis conjunto con el personal de la División Delitos Tecnológicos, la División Ciberpatrullaje y el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal, según la información publicada por Diario Conurbano.
A raíz de esta colaboración entre los especialistas, se pudo identificar a los usuarios involucrados, rastrear sus direcciones IP (NdR: un número único que permite identificar a cada dispositivo que se conecta a la red) y obtener información sobre los domicilios y abonados telefónicos utilizados para cometer el delito.
Con los datos recolectados, el Juzgado de Garantías N° 4 de Avellaneda-Lanús, a cargo del juez José Luis Arabito, autorizó la realización de cuatro allanamientos simultáneos en las calles Oncativo, Donovan, Bolivia y Tte. Cnel. Jorge Obón situados en Lanús. Como resultado de las requisas, fueron detenidos tres hombres y una mujer, todos mayores de edad y argentinos, presuntos responsables de la distribución del material de abuso sexual infantil.
En los allanamientos, las autoridades también secuestraron 9 teléfonos celulares, 4 notebooks, 2 computadoras tipo CPU y documentación relevante para la causa. De esta forma, los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición del Juzgado de Garantías.
Hace un mes, un padre y sus dos hijos fueron detenidos en Pilar por presuntamente haber producido y comercializado material de abuso sexual infantil. Según reconstruyeron los investigadores, los tres hombres compartían archivos digitales en los que se veía a niños en situación de explotación sexual vía Telegram.
La investigación comenzó luego de que la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Conexos a la Trata de Personas y Pornografía Infantil de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, recibiera un alerta sobre dicha cuenta. La Fiscalía encomendó a la División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la PFA realizar las averiguaciones necesarias para identificar el origen de los archivos compartidos.
Tras un exhaustivo análisis, los investigadores confirmaron la existencia de los elementos distribuidos a través de la red de mensajería y localizaron el domicilio desde donde se realizaban las conexiones para la transferencia del material. La vivienda, que fue identificada como el centro de operaciones de los acusados, fue ubicada en la calle Neuquén al 300 de Pilar.
Luego de que se reunieran las pruebas necesarias en su contra, el juez Walter Federico Saettone, del Juzgado de Garantías N°7 de San Isidro, ordenó un allanamiento en la propiedad señalada y se logró la detención de los tres hombres. Todos ellos mayores de edad y de nacionalidad argentina.
Además de secuestrarse tres teléfonos celulares, una CPU y un pendrive, los cuales serán analizados por peritos informáticos. Por su parte, los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor, quien los imputó por el delito de “producción y comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”.
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