Crece la tensión entre Ciudad y Nación por los presos en comisarías porteñas: los puntos en discordia

Las comisarías y las alcaldías porteñas son un hervidero con unos 2240 detenidos dentro de sus calabozos, que tienen una capacidad máxima de 1270 presos. Con este panorama, lejos de que la crisis marcada por el hacinamiento aminore, en el gobierno de la Ciudad estiman que las fugas continuarán siendo un problema. Por esa razón, requieren medidas urgentes a Nación, en tanto cierran los detalles del plan de transferencia del Servicio Penitenciario, que evalúan como la solución definitiva a la problemática.

“Lo macro está”, aseguran desde el Ejecutivo porteño, al mismo tiempo que ven subir la cantidad de personas que son arrestadas dentro de los límites de CABA.

Y la tensión con Nación aumenta por los cupos en las prisiones del Servicio Penitenciario Federal. Por su parte, Ciudad presiona con números que fueron difundidos esta semana y la resolución de dos habeas corpus. A raíz de esas presentaciones, la Justicia ordenó, primero, que el SPF se lleve a 140 detenidos por semana; luego, que se traslade a los condenados. Ese último fallo no está firme: fue apelado porque el supuesto causante -el SPF- no estuvo presente en el proceso.

Según los números que presenta la administración de Jorge Macri, hasta el 20 de febrero había, dentro del universo de detenidos, 544 imputados, 1509 procesados y 387 condenados. Alegan que hay 139 internos con entre 1 y 2 años de permanencia en comisarías, y 23 que llevan más de 2 años. Cada preso le cuesta a los vecinos de la Ciudad $83.576 diarios. En 2024, destinaron $70.161.000.000 a la gestión de detenidos.

Remarcan, a la vez, que la población en comisarías y alcaidías pasó de 60 a 2008 a 1160 en diciembre de 2023 y que, en el último año, se crearon 700 plazas.

En el gobierno porteño dicen que, de un día para el otro, el SPF dejó de llevarse los 90 detenidos que habían acordado el año pasado y comenzó a llevarse 60, lo que acrecentó el problema. “Queremos que se los lleven. No pueden estar más de 72 horas en comisarías”, reclaman.

Desde la cartera que dirige Patricia Bullrich, sin embargo, son determinantes: “No se quieren hacer cargo”. Y explicaron: “De las 140 plazas que tiene el SPF, 90 son de la Ciudad y el resto -30- queda para el resto del país”.

Y van más lejos: “El año pasado les recibimos 5.500 presos, cuando la población completa del SPF es de unos 11 mil, por lo que la mitad son de la Ciudad”.

Además, afirman que ofrecieron, por vía judicial, construir 400 plazas -que se podían convertir en 600- dentro de una penitenciaria federal. “No lo aceptaron, prefirieron instalar los contenedores cerca de las casas de los vecinos”, replican.

De acuerdo a las fuentes, Nación también ofreció a Ciudad llevarse a 50 agresores sexuales a la cárcel de Senillosa, en Neuquén. “Nos derivaron solo 3″, aseveran.

“Tienen un problema de inacción. Les dimos un montón de opciones que no toman. No entendemos por qué esta actitud, encarando un proceso de transferencia que está avanzado”, destaca un alto funcionario consultado por este medio que aseguró que las conversaciones continuarán pese a los cuestionamientos.

“Estamos en permanente contacto para llegar a buen puerto”, afirmó en ese sentido.

“Queremos seguir trabajando para que se haga la transferencia y que la Ciudad se haga cargo y, de esta manera, que los ciudadanos de todo el país no sigan pagando los presos de la Ciudad, a causa de una política criminal de ellos”, ampliaron.

En ese sentido, remarcaron que “casi el 50 por ciento de los ingresos son rateros que compiten por un cupo con miembros de la banda de (Esteban) Alvarado (NdR: el capo narco rosarino)”.

Sobre la merma en la cantidad de traslados, las fuentes argumentaron que si bien hay 90 cupos, tal vez no hay lugar en los establecimientos para las características de los detenidos: “Tal vez tenemos 10 cupos en jóvenes adultos, cinco en mujeres y dos para población común. Nosotros queremos ayudar, pero hay un desconocimiento del funcionamiento penitenciario”, advirtieron.

En cuanto a los condenados, detallaron que han realizado ingresos de procesados “con causas más pesadas”.

“No tienen una clasificación interna. Saben que una persona permaneció en comisaría un año con condena, pero no saben qué delito cometió ni si la sentencia está firme”, argumentaron.

En el medio de la discusión, hay un acuerdo sobre un punto: ambas partes creen que la finalización de la obra de la cárcel de Marcos Paz descomprimirá las abarrotadas comisarías porteñas. Pero la demora en la construcción, que se inició durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, provoca resquemor.

“Toda la Argentina ya puso 60 millones de dólares en esa cárcel, mientras que la Ciudad no adelantó ningún pago”, indicaron. El gobierno porteño debía aportar 70 millones más, que serían financiados, en gran parte, mediante la venta del terreno del penal de Devoto, que Macri prometió desocupar.

En tanto, desde el entorno del alcalde aseguran que la construcción se retomó y que queda poco para finalizarla. “En diciembre de este año tiene que estar habilitada”, calculan.

Al mismo tiempo, esta semana se creó la Subsecretaría de Asuntos de Política Criminal y Penitenciarios, que estará bajo la órbita del ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, al menos, en un primer momento.

En tanto, fuentes cercanas a Bullrich aseguraron que la ministra “no dará ni un paso hasta tanto no se firme la transferencia”.

Esa postura parece ser inamovible, aunque los funcionarios porteños pusieron sobre la mesa de negociaciones una salida momentánea que reparta las cargas políticas: que guardias del Servicio Penitencia Federal custodien los presos en la Ciudad. Una propuesta que será difícil que prospere.