Tras un habeas corpus presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Justicia ordenó que los presos condenados que se encuentren alojados en comisarías y alcaidías porteñas sean trasladados a cárceles federales.
El fallo fue emitido por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 23, a cargo del juez Norberto Circo, el cual resolvió este viernes el cambio de alojamiento para aquellos detenidos que se estén en dependencias policiales de CABA y que cumplan con los requisitos de ingreso al servicio penitenciario federal.
Se trata de 411 presos, según se especificó en la resolución a la que accedió Infobae, de los cuales 347 están a disposición de la justicia nacional, mientras que el resto se dividen entre la justicia porteña (57), federal (5) y bonaerense (2). De este total, 181 tienen sentencia firme. Los demás, en primera instancia.
En el documento, las autoridades judiciales argumentan que la decisión fue tomada ante la problemática de la sobrepoblación que existe en las comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente hay 2.455 personas detenidas. Un escenario que, según alegaron, vulnera su dignidad.
“Si bien toda persona que ingresa como detenido en el ámbito penitenciario/carcelario encuentra restringidos sus derechos en relación a aquellas que se hallan gozando de su libertad, ello no puede significar en ningún caso, la situación descrita en las presentes, bajo ningún propósito, la implementación de tratos o medidas que vulneren su dignidad, o importen tratos inhumanos o degradantes”, se lee en el fallo.
Además, se hace énfasis en que el exceso de detenidos condenados alojados “lo único que hace es deteriorar el sistema de detención” y que “rompe con el régimen progresivo y la finalidad resocializadora de la pena”, previsto por la Ley de ejecución penal 24.660.
“La finalidad de la ley, es el tránsito de la privación total a la restricción de la libertad, que comprende cuatro etapas sucesivas: observación, tratamiento, prueba y libertad condicional -art. 12 Ley 24.660-”, señala el texto.
Y agrega: “Esa debe ser la razón para imprimir a las disposiciones de la Ley 24.660, en orden a respetar la característica inherente de progresividad del régimen penitenciario, lo que no se cumple respecto de las personas condenadas por la justicia nacional, pues como ha quedado demostrado, 411 personas, se encuentran actualmente detenidas en el ámbito equivocado”.
Asimismo, el fallo argumenta que la acción de hábeas corpus puede ser interpuesta cuando se vulnera, restringe, altera o amenaza la libertad física.
“En virtud de lo expuesto, considero que existen fundamentos sólidos para abordar el presente caso como una acción colectiva, más allá de que cada detenido se encuentre bajo la jurisdicción de distintos magistrados. Asimismo, esta perspectiva permite garantizar una respuesta integral a la problemática planteada, asegurando la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad en la Ciudad de Buenos Aires", remarca el fallo.
A fines de enero, la Ciudad de Buenos Aires difundió estadísticas sobre el estado de los presos en las comisarías, alcaidías y celdas modulares porteñas. Los datos marcan aún más en claro la problemática de la superpoblación que se arrastra desde 2020, cuando el gobierno nacional de turno cerró el grifo de traslados a penales federales de los detenidos, incluso con condena firme, y pasaron de 60 apresados a más de 2.200 que hay en la actualidad.
Aunque el Servicio Penitenciario Federal se lleva unos 90 reos por semana, la situación continúa siendo alarmante, según las fuentes consultadas por este medio.
De los detenidos en la Ciudad, “más de un 90% deberían estar ya en los diversos penales federales”, consideraron las fuentes. Y agregaron: “Las 41 alcaidías y 37 comisarías están abarrotadas. Los pequeños lugares que hay para alojamientos transitorios están detonados y por eso se crearon las medidas provisorias de armar las cuatro alcaidías modulares”.
Están ubicadas en los barrios porteños de Villa Soldati, Chacarita, Barracas y Saavedra y tienen capacidad para 80 detenidos cada una.
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