Un operativo policial en Martínez, partido de San Isidro, culminó con la detención de cinco personas, entre ellas Morena Rial, hija del conductor Jorge Rial. Según informaron las autoridades, el grupo fue interceptado en un vehículo que contenía herramientas supuestamente destinadas a cometer un robo. El hecho ocurrió en la tarde del miércoles, alrededor de las 19:00 horas, cuando un vecino alertó a la policía tras observar movimientos sospechosos en una vivienda de alto poder adquisitivo.
Fuentes policiales informaron a Infobae que un vecino de la zona notó que dos hombres estaban manipulando la térmica de una casa, una práctica que suele utilizarse para verificar si hay personas en el interior de la vivienda. Tras presenciar la escena y anotar la patente del vehículo en el que los sospechosos se trasladaban, un Fiat Crono gris, el testigo se comunicó con la policía para denunciar el hecho.
A partir del alerta emitido, efectivos policiales lograron localizar el automóvil en las inmediaciones del barrio. Cuando el vehículo fue interceptado, las autoridades encontraron a Morena Rial al volante, acompañada por una mujer en el asiento del copiloto, tres hombres en la parte trasera y el bebé de Morena, quien tiene tres meses de vida.
Según detallaron las fuerzas de seguridad, dentro del automóvil se hallaron guantes, un crique y otras herramientas que, presuntamente, serían utilizadas para cometer un robo. Aunque no se llegó a concretar ningún delito, los cinco ocupantes del vehículo fueron trasladados a la comisaría para ser imputados por “averiguación de ilícito”.
El caso quedó a cargo del fiscal adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien, según las primeras investigaciones, no tiene dudas de que el grupo planeaba ingresar a la vivienda. Sin embargo, al no haberse consumado el delito, los detenidos podrían ser liberados en las próximas horas, una vez que se completen las diligencias correspondientes.
El hallazgo de herramientas en el interior del vehículo ha sido un elemento clave en la investigación. Según las autoridades, este tipo de objetos suele ser utilizado para forzar accesos a propiedades privadas. Además, el hecho de que los sospechosos manipularan la térmica de la vivienda refuerza la hipótesis de que el grupo estaba realizando tareas de reconocimiento previo al robo. Y es que el modus operandi descrito por los investigadores incluye bajar la térmica de una casa para observar si alguien la vuelve a activar, lo que indicaría que hay personas en el interior.
De hecho, con el paso de las horas el abogado de Rial, Alejandro Cipolla, comunicó por medio de una historia en su perfil personal de Instagram que la famosa había quedado en libertad. “Por suerte pude explicar toda la situación y @moorerial consiguió su libertad!”, anunció al señalar que “fue todo una confusión, por suerte la verdad salió a la luz!”.
En el último tiempo, la influencer había sido imputada por el delito de promoción de apuestas ilegales, una causa en la que fueron involucrados otros 16 famosos, entre ellos L-Gante, Flor Vigna y Florencia Peña, por haber promocionado en sus redes sociales sitios ilegales de apuestas.
De acuerdo a la información publicada por Diario Show, la Justicia acusó a la mediática de haber compartido en sus historias de Instagram un enlace que habría redirigido a los usuarios a un supuesto casino online que no estaba autorizado a funcionar. Asimismo, indicaron que el link enviaba a los usuarios a un chat de WhatsApp, por donde podían realizarse las apuestas según deporte, categoría o evento.
La investigación, que estuvo a cargo del fiscal Juan Rozas, titular de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar de la Ciudad de Buenos Aires, fue iniciada en julio del año pasado, luego de que el Gobierno porteño pusiera en marcha un paquete de medidas destinadas a combatir la ludopatía infantil.
En esa oportunidad, las autoridades enviaron cartas de documento a los influencers acusados de promover las apuestas ilegales, para intimarlo a que cesen de realizar estas publicidades. En caso de no desistir de la infracción, les advirtieron que iniciarían acciones legales por considerarlos partícipes de la presunta comisión del delito establecido en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación.
En la normativa citada por el Gobierno porteño, se estableció que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”. No obstante, la elevación a juicio de la causa aún no habría sido confirmada.