Como si se tratara de una temporada de la serie Juego de Tronos, el protagonismo de los personajes en torno al negocio del narcotráfico en Salta crece o se apaga de acuerdo a la suerte que corren las organizaciones por luchas de poder o la incidencia de las investigaciones.
Ese sería el caso del comandante mayor retirado de Gendarmería Miguel Ángel Torres, de 52 años, y su hijo de 26, Miguel Emanuel Torres Ibba, quienes fueron arrestados días atrás junto a otras personas acusadas de integrar una banda que explotaba una ruta de tráfico de droga desde Orán a Mendoza. No se descarta que los cargamentos llegaran a Chile.
Como otros en la región, el apellido Torres es vinculado hace algunos años a las estructuras narco más pesadas que operan en la zona fronteriza del norte argentino. Incluso, ya estaban en la mira de la Justicia.
El más joven de ellos fue relacionado, en una investigación de 2018, a Diego “Carioca” Aquino, un ex boxeador que fue detenido en varias oportunidades y que aparecía como nexo, a su vez, del ex juez federal Raúl Reynoso, condenado por narcotráfico junto a Delfín Castedo, uno de los mayores proveedores de cocaína de la región.
Hace unos meses, “Carioca” declaró como testigo en el juicio por el homicidio del asesor político Darío Monges, un caso que salpicó al ex secretario de seguridad de Salta, Benjamín Cruz.
De acuerdo a una fuente del caso, el hijo del comandante mayor “hacía las cobranzas” de la facción de la estructura liderada por Raúl ”Coya” Rojas, detenido en 2017. La banda pasó a ser dirigida por Cristian “Gringo” Palavecino, detenido en 2023 luego de permanecer 5 años prófugo.
Al parecer, en el último tiempo Torres Ibba logró escalar y “comenzó a mover la droga con la ayuda de su padre”, remarcó el informante, quien aseguró que el joven fue víctima, seis años atrás, de un ajuste de cuentas por la pérdida de un cargamento. “Perdió varios dientes por los golpes”, precisó.
Sin embargo, su nombre resonó cuando, durante el 2024, se conoció un video en el que “El Gringo” lo interrogaba con violencia, mientras lo amenazaba con un arma. Esa secuencia, de acuerdo a la investigación, desencadenó la venta de un inmueble para saldar la deuda con el capo.
A raíz de ese episodio, las miradas se posaron sobre el comandante mayor retirado. ¿Cómo había llegado su hijo a esa situación? Fuentes del caso indicaron que descubrieron que Torres se había camuflado en la fuerza de seguridad, como un camaleón, con la finalidad de aportar datos de controles e, incluso, facilitar el paso de la droga.
“Era considerado uno más del montón. No sobresalía porque era medio dormido. Incluso, había perdido su pistola hace 9 años, ahora sospechamos que la entregó a su hijo”, detallaron.
Torres, oriundo de Orán, pidió el retiro en la fuerza hace un año, luego de pasar por destacamentos en Zapala (Neuquén), Jáchal (San Juan) y Buenos Aires. Fue detenido a raíz de una investigación de tres meses en la que se recolectó evidencia para detenerlo.
Los investigadores lo ubican en el eslabón superior de la cadena: “Por su amplia experiencia, Torres tenía una función de liderazgo, pues era el que coordinaba las operaciones del tráfico, y siempre viajaba solo, en este caso, en un automóvil Fiat Argo, mientras que el resto de los integrantes de la organización, incluido su hijo (Torres Ibba), lo hacían de a dos o tres”.
La causa
Este martes el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación penal seguida contra Miguel y Emanuel Torres, Sandra Mariela Areco Florentín, Daniel Antonio Olivera Serrano, Antonio Agustín Gutiérrez, Francisco Salinas Campos, Paul César Heredia Comandiri y Diego Andrés Bahamonde por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
Con excepción de Areco Florentín, a quien se la adjudicó la condición de partícipe secundaria, el resto quedó imputado como coautores. A Comandiri y Salinas Campo, en tanto, también se les imputaron los delitos de almacenamiento y tenencia de armas de uso civil, en concurso ideal y real, respectivamente.
Por el Ministerio Público Fiscal, en el expediente intervienen los fiscales generales, Eduardo Villalba y Carlos Martín Amad, por la Fiscalía de Distrito y Diego Iglesias y el auxiliar Jorge Viltes Monier, por la PROCUNAR NOA.
La investigación contó con aportes que fueron provistos por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad (UFINAR) de Salta.
Al presentar el caso, el auxiliar fiscal explicó que la detención de los acusados se produjo el lunes en la localidad mendocina de Guaymallén, en el marco de un operativo que incluso tareas de seguimiento, diversos allanamientos en Salta, Orán y Mendoza.
Los procedimientos, a cargo de personal de las policías provinciales de Salta y Mendoza y de Gendarmería Nacional, fueron solicitados desde la Fiscalía de Distrito a partir de una investigación previa que se desprende de un caso registrado el 7 de mayo de 2024, cuando se logró el secuestro de 99 kilos de marihuana en un control de ruta, en el puesto El Naranjo, en el sur de la provincia, donde se detuvo a tres personas.
La modalidad de tráfico se llevaba adelante mediante convoy de dos o tres vehículos, uno en el que iba la droga y el resto hacían de “coche puntero”, cuya función era la de ir por delante a fin de advertir al rodado cargado sobre los controles que las distintas fuerzas de seguridad apostaban en las rutas.
En el marco de esta logística, el auxiliar fiscal resaltó la labor de Torres, quien se retiró de Gendarmería Nacional con el grado de comandante mayor, además de llegar a ocupar cargos importantes en distintas unidades de esa fuerza, con lo cual tenía un gran conocimiento en la materia.
No menor fue la alusión respecto a otros dos de los acusados. Se trata de Areco Florentín y su pareja, Olivera Serrano. La primera se desempeña como agente en el área administrativa del Servicio Penitenciario de la Provincia, mientras que su marido, hasta hace poco, también cumplía tareas en esa fuerza, pero fue dado de baja.