Condenaron a 4 años de prisión a un subcomisario de la Policía Federal por abuso sexual y de autoridad contra dos subalternas

Un subcomisario de la Policía Federal Argentina fue condenado en las últimas horas a 4 años de prisión y fue inhabilitado de por vida para trabajar en fuerzas de seguridad luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº1 de Mendoza por el abuso sexual agravado a una agente de la misma fuerza y el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público contra una segunda subalterna.

Los jueces Alberto Daniel Carelli y Alejandro Waldo Piña, y la jueza María Paula Marisi, fijaron una indemnización de ocho millones de pesos (tres millones para una de las víctimas y cinco millones para la otra) en concepto de daño moral y conforme a las disposiciones del artículo 29 del Código Penal (CP), y dispusieron el apoyo terapéutico de ambas mujeres, así como de cualquier otra necesidad relacionada con su salud psicofísica.

Según informó el sitio web fiscales.gob.ar, “el TOF consideró al subcomisario Eduardo Javier Casas Rusch autor de los delitos de abuso sexual, abusando de la relación de dependencia, de autoridad o de poder agravado por haber sido cometido por un funcionario de una fuerza policial en ocasión de su función, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La condena fue en línea con el pedido que había formulado el Ministerio Público Fiscal, representado por el titular del área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, el fiscal federal Fernando Gabriel Alcaraz; el fiscal federal subrogante Federico Baquioni; y las auxiliares fiscales Melina Juan y María Marta Poggio, quienes actuaron en el debate.

A pedido del MPF, además, el tribunal declaró a las dos damnificadas como víctimas de violencia de género por los hechos acreditados en la causa.

Se logró determinar que Casas Rusch, siendo subcomisario de la fuerza federal, abusó sexualmente, acosó y hostigó a una mujer agente de la fuerza, todo ello en contexto de violencia de género, desde finales de 2019 hasta octubre de 2021. Todo eso ocurrió en horario laboral, en una sede de la División Unidad Operativa Federal Mendoza y en la Secretaría Previsional, ubicada en calle San Juan al 200 de la ciudad de Mendoza.

En cuanto a la otra víctima, otra agente de guardia interna de la misma división, el ahora condenado la maltrató, hostigó y discriminó por motivos de género, “conductas violentas que escalaron desde que empezó a cumplir funciones como jefa de servicio en la guardia en el año 2020″.

“Estos abusos basados en la relación desigual de poder, afectaron la vida, dignidad, integridad física, psicológica, sexual y la seguridad personal de las mujeres victimizadas”, postuló la fiscalía, que antes de la condena había solicitado que se le hiciera cumplir a Rusch una pena de 4 años y seis meses. También se había pedido “que el condenado realice cursos sobre la eliminación y prevención de la violencia contra la mujer impartido por especialistas en la temática y que sea debidamente examinado, fijando un límite temporal para su culminación”.

También “la formación permanente y obligatoria dirigida a todos los niveles jerárquicos de la Policía Federal Argentina que, en esencia, aborde cuestiones ligadas a los derechos humanos y género; violencia laboral y sexual, y la superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres”.

En el marco de una operación internacional contra la explotación sexual infantil, la Justicia allanó el pasado 26 de noviembre una vivienda en Morón en la que reside un agente de la Policía Federal. Las investigaciones señalaron que desde ese domicilio se había compartido material de abuso en redes sociales, aunque aún no se ha determinado quién fue el responsable.

Según pudo saber Infobae, al momento del procedimiento se encontraban en el lugar el oficial, su hermano y la madre de ambos. Ninguno fue detenido. No obstante, el efectivo policial fue notificado sobre su posible vinculación con el caso, dado que es el titular de la conexión a internet.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las imágenes compartidas no habrían sido producidas en esa vivienda. Durante la inspección, las autoridades secuestraron dos notebooks, que serán sometidas a peritajes. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Morón, a cargo de los fiscales Claudio Oviedo y Marisa Monti, quienes aguardan los resultados de las pericias.