Agentes del Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en los últimos días a un comisario de la Policía de Tucumán, acusado de haber participado en un secuestro extorsivo en la capital de esa provincia en complicidad con otros dos efectivos que ya habían sido arrestados previamente.
El comisario sospechado fue identificado como G.E.M., de 49 años, según pudo saber Infobae. El hecho por el que se lo investiga sucedió la medianoche del 23 de febrero pasado, cuando la víctima, identificada como L.G., fue secuestrada en su domicilio en el barrio “El Portal del Parque”, de San Miguel de Tucumán.
Según las denuncias y declaraciones recabadas por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal José Agustín Chit, todo comenzó cuando un hombre que se hacía llamar “Rafael” se contactó a través de WhatsApp con L.G. con el pretexto de comprarle 20 gramos de flores de cannabis por $30.000 pesos. Ambos acordaron reunirse en la vivienda de la víctima, adonde los secuestradores llegaron en un automóvil Renault Megane gris.
De acuerdo a las fuentes, al verse las caras, “Rafael” entregó $20.000 a L.G. y lo convenció de que el resto del dinero estaba en el vehículo estacionado en la calle. Sin sospechar el engaño, la víctima salió de su casa para tomar el supuesto saldo, momento en el cual fue reducido por varios hombres armados que lo forzaron a ingresar al coche, privándolo de su libertad.
Durante el secuestro, los delincuentes se comunicaron con el hermano de L.G. para indicarle que su familiar sería llevado a la Sede de la Jefatura de Zona III de la Policía de Tucumán y para proporcionarle un número telefónico con el fin de negociar el rescate. Poco después, fue la madre de la víctima quien se contactó con los secuestradores y logró la liberación de su hijo luego de pagar $250.000.
Posteriormente, la Fiscalía Federal ordenó una serie de allanamientos que resultaron en la detención de dos policías de la provincia. Sin embargo, aún quedaba por identificar a uno de los involucrados clave.
La PFA intervino en la investigación y llegó a un sospechoso: G.E.M., conocido en su entorno como “Guillermina”. Según la acusación, era el encargado de las negociaciones para la liberación de la víctima. A partir de las pruebas recabadas, el juez José Manuel Díaz Vélez, del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ordenó un allanamiento en el domicilio del comisario, que había sido vigilado por los investigadores en el Barrio Policial IV de San Miguel de Tucumán. Así, G.E.M. quedó detenido.
En el procedimiento, además, los agentes federales incautaron varios elementos de interés para la causa, como teléfonos celulares, chips, agendas, cámaras, dispositivos de almacenamiento digital, armas y municiones de diversos calibres.
El caso se suma a otro reciente en fuerza policial tucumana. En otro expediente judicial, la misma Fiscalía Federal N°2 de Tucumán encabezada por Chit solicitó la elevación a juicio de cinco ex policías provinciales acusados de haber secuestrado a un hombre en febrero de 2022 y exigir un rescate de 200 mil pesos y un vehículo.
En ese hecho, la víctima fue mantenida en cautiverio durante cinco horas, mientras los secuestradores, vestidos con uniformes policiales, simulaban realizar un allanamiento en su domicilio, ubicado en la localidad de Arroyo Mixta. El Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que los delincuentes, tras obtener el rescate, pasearon a la víctima por distintos puntos de la ciudad antes de liberarla. Además del dinero y el auto, los imputados se apropiaron de otras pertenencias como armas y una motocicleta.
Por lo ocurrido fueron acusados el ex cabo Ricardo Julio Rodríguez -quien al momento del secuestro, ocurrido el 18 de febrero de 2022, prestaba servicios en la Comisaría de Tafí Viejo-, el ex cabo primero Martín Darío Romano -asignado a la Comisaría Seccional Trece de la Unidad Regional Norte (URN)-, el ex sargento ayudante José Antonio Gallo, el ex agente Eduardo Germán Agüero -quien ya había sido exonerado de la fuerza- y José Benito Villa, quien trabajaba en la Jefatura Zona II de la URN.
Enfrentan cargos por los delitos de secuestro extorsivo consumado, agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por la participación de tres o más personas y por ser tres de los intervinientes funcionarios policiales; y robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por haber sido cometido en despoblado y en banda, en concurso real con el delito de asociación ilícita.
Además, la fiscalía informó sobre la búsqueda de un sexto involucrado, quien permanece prófugo.
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