El artículo 41-Bis de la ley italiana, también conocido como “cárcel dura”, impone un severo régimen de aislamiento sobre aquellos presos que tienen probados vínculos con organizaciones criminales. Es destinado, sobre todo, a los capos de la mafia, con la finalidad de poner un stop a las actividades ilícitas que puedan desplegar desde la cárcel.
Ahora, en Argentina, un juez se inspiró en ese sistema antimafia para evitar que un reo encerrado en una prisión de Mendoza continúe traficando cocaína desde su celda, según pudo saber Infobae. Claro que las condiciones que deberá cumplir, monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal, son mucho menos rígidas que las impuestas por el sistema italiano, que fue cuestionado por organismos de Derechos Humanos.
Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, fue quien procesó a Luis Wilder “Gavilán” Zalazar, oriundo de Salta, por el envío de una encomienda de más de seis kilos de cocaína desde Orán. La resolución, con prisión preventiva y un embargo de 60 millones de pesos, incluyó las nuevas medidas de encierro que debe cumplir.
La celda de “Gavilán”, que ya cumple varias condenas por narcotráfico en la Unidad Penitenciaria VI de Cuyo, debe ser requisada cada 15 días para constatar que no posea ningún dispositivo de comunicación móvil que le permita su comunicación con el exterior.
La nueva regla no es caprichosa. Los investigadores encontraron conversaciones del 23 de enero, en un celular incautado en un allanamiento, en la que el narco recluido en el penal le dio indicaciones por WhatsApp a sus cómplices en el exterior.
Al mismo tiempo, secuestraron un aparato en el procedimiento realizado en su celda durante la investigación. “Le dije a Gendarmería que no es mío, me preguntaron si tiene patrón, les dije ´no sé, no es mío”, aseguró el narco en su descargo. González Charvay no le creyó.
El juez, además, pidió al SPF restringir sus visitas para que solo pueda reunirse con personas de su familia o su defensa. No es la primera vez que el jefe de una estructura criminal comunica las órdenes al resto de la banda a través de un emisario durante el horario de visitas.
Además, Charvay pidió -en caso de ser necesario- reubicarlo en un establecimiento penitenciario de máxima seguridad para que no tenga contacto con otros internos que se encuentren detenidos por delitos relacionados al narcotráfico.
Por último, contemplar la posibilidad de reasignarlo a un establecimiento carcelario fuera de la provincia de Mendoza con la finalidad de que “no continúe con su quehacer delictivo en las zonas aledañas a su lugar actual de alojamiento”.
El caso que desembocó en el nuevo procesamiento de “Gavilán”, quien tomó el apodo de “Potro” o “Facha” tras las rejas, tuvo ciertas particularidades, entre ellas, la acción de un agente revelador y la intervención de inteligencia penitenciaria del SPF, un área que había sido desmantelada por la gestión anterior, que prestó colaboración a la investigación de Gendarmería.
En octubre de 2021, la PROCUNAR, a cargo de Diego Iglesias, elaboró un informe que dio cuenta de 19 casos de jefes narcos que desde las cárceles continuaban manejando el negocio de la droga y cometían otros delitos. La advertencia estuvo acompañada por una serie de propuestas para evitar que esa actividad continuara, como la instalación de inhibidores de celulares, más requisas en los pabellones y menos beneficios para los capos.
En marzo del año pasado, la procuraduría especializada en narcotráfico reiteró el pedido y pidió que sean implementadas las medidas de manera urgente.
Con el nuevo gobierno de Javier Milei, el SPF pasó de la órbita del Ministerio de Justicia al de Seguridad de la Nación. En ese nuevo contexto, Patricia Bullrich presentó un protocolo que busca aislar e incomunicar a los presos de alto perfil. Tal fue el caso de Francisco “Fran” Riquelme, señalado como el autor de las amenazas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
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