Crimen de Lucas González: por qué los policías acusados de la muerte podrían ser condenados por “odio racial”

“Nos tiraron al piso, a mí me levantaron la remera, porque sabían que estábamos pasando frío. A lo que los policías me dicen de dónde éramos, con mi amigo Joaquín les dijimos que él era de Varela y que yo era de Quilmes, a lo que los policías nos dicen ‘a estos villeritos hay que darles un tiro en la cabeza a cada uno’. Después una policía mujer me dijo que dónde tengo la falopa y dónde tengo el arma con la que maté a mi amigo”. Así lo contó Julián Salas, uno de los amigos de Lucas González que sobrevivió a las balas de la brigada de la Policía de la Ciudad aquel 17 de noviembre de 2021.

Su amigo Joaquín Zuñiga, otro de los tres sobrevivientes, aportó su versión de lo que en la jerga se conoce como “verdugueo” ante el fiscal que investigó el caso, Leonel Gómez Barbella. Idéntica a la de Julián: “Me habían dicho que era un hijo de puta, que me tenían que pegar un tiro en la cabeza a mí también y me empezaron a tomar los datos y me preguntan: ‘¿de dónde sos?’. Le digo: ‘soy de Florencio Varela’. Y me dice: ‘ah, sos un villero también, a vos hay que pegarte un tiro de verdad’”.

El juicio contra 14 policías de la fuerza de seguridad porteña por el asesinato de Lucas y el posterior encubrimiento entrará esta semana, y hasta finales de julio, en su etapa final. Después de la sorpresiva declaración del policía Héctor Cuevas (uno de los imputados por encubrimiento y falso testimonio), que aseguró haber visto quién plantó un arma falsa en el auto de los chicos aquella mañana en el barrio de Barracas, vendrán los alegatos y luego el veredicto.

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Para Gregorio Dalbón, abogado de la familia González, podría tratarse de una sentencia histórica ya que existe la chance -hasta ahora inédita- de que el Tribunal Oral Criminal 25 porteño condene a los tres presuntos autores del asesinato, Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Issasi (este último apuntado por su colega Cuevas como quien plantó la pistola de juguete) con el agravante del “odio racial”.

Para el fiscal de instrucción estos tres agentes, que esa mañana persiguieron en un auto “civil”, sin balizas ni identificación policial, al Volkswagen Suran azul oscuro donde viajaba Lucas, son autores de los delitos de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”. De ser hallados culpables serán condenados a prisión perpetua.

Dalbón cree que los tres acusados, que integraban la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, actuaron tal como lo planteó el fiscal. Pero entender que efectivamente operó un odio de raza de parte de los agentes contra los cuatro chicos que venían de entrenar en el club Barracas Central no fue sencillo para el abogado.

“Cuando empiezo a leer la causa me doy cuenta que a Lucas lo mataron por negro. Se lo cuento a mi mujer y ella me revela que hay un colectivo que se llama ‘Identidad marrón’. Y me empezó a explicar qué son los marrones: me doy cuenta que hay un mundo que no conocemos, el mundo de los marrones, que no conducen programas de TV, no son panelistas, no los vas a ver en el teatro, a lo sumo les dan algún papel de sirvienta, quizás en El Marginal puede haber algún actor. Es un mundo totalmente fuera de contexto. Empecé a ver muchos documentales sobre marrones y en uno de YouTube lo ponen a Lucas”, cuenta Dalbón.

El abogado acusador empezó a estudiar distintos tipos de hechos de violencia institucional. “Lo primero que te llama la atención es que los policías también son en su mayoría marrones, pero al marrón es al que en el supermercado le abren el bolso, al que el seguridad sigue en las farmacias, es al marrón al que le están dando”, explica, como una interpretación de que el odio de clase está instalado en la cotidianidad social.

En el caso puntual del asesinato, Dalbón se pregunta: “Si no era la droga, si no era el auto, porque los policías los vieron cuando bajaron a comprar un jugo, si se veía que venían de jugar al fútbol, entonces estoy convencido de que por qué lo mataron”, se pregunta y responde. Luego amplía: “Por qué lo mataron es una pregunta muy difícil para que los jueces me hagan lugar, pero para mí lo mataron por odio estructural, racismo y por placer, porque no tenían motivo alguno. Porque se les cantó el orto. No es porque me excito, no es ese tipo de placer, sino porque pueden”.

El odio racial fue incorporado por primera vez como un agravante en el proyecto de Código Penal en 1960, derivado de una figura originalmente llamada “impulso de perversidad brutal”. Fue derogado e incluido varias veces a lo largo de los años y los gobiernos democráticos y de facto. Y tiene como origen la Convención sobre Genocidio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1948.

Lucas González y sus tres amigos -Julián Alejandro Salas, que manejaba, Joaquín Zuñiga Gómez y Niven Huanca Garnica- salieron de entrenar en un predio que alquila Barracas Central en la villa 21.24 cerca de las 9.30. Salieron a bordo del Suran y a los pocos metros fueron identificados por los policías, que se movían de civil, sin identificaciones, a bordo de un Nissan Tiida. Isassi, por caso, tenía franco ese día. Sin embargo, allí estaba esa mañana, misteriosamente “en funciones”.

Se presume que marcaron y siguieron al auto de los chicos y cuando ellos frenaron en una esquina para comprar un jugo, el Tiida estacionó delante. Tuvieron tiempo de observar actitudes sospechosas o incluso revisarlos ahí mismo. Sin embargo decidieron esperar a que el Volkswagen arranque y seguirlos.

Sobre la avenida Iriarte se interpusieron en el camino de los jóvenes, cruzaron el auto y bajaron a punta de pistola. Salas, asustado, al creer que los querían robar, esquivó el Nissan y aceleró. Pero los policías dispararon inmediatamente y a matar. Se comprobó que se disparó desde adelante, del costado y de atrás al auto de los futbolistas. Una bala entró en la cabeza de Lucas, que murió horas más tarde en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.

Para Héctor “Peca” González, papá de Lucas, no hay dudas: “Lo condenaron a muerte por ser negro, o ser morocho”. Relata para Infobae: “Todo lo que está mal lo hicieron ellos. Además del simple hecho de que los chicos hayan salido de entrenar de una villa, los miraron dos veces, vieron cuatro pibitos morochitos con visera en un vehículo y deben haber pensado que tenían falopa, plata, armas o algo. Si no, lo identificaban en un operativo normal, como debe ser”.

“Peca” no tiene dudas que a los asesinos de su hijo los motivó el prejuicio racial. “Si eran blanquitos no los paraban o quizás hacían como tenían que hacer. Los vieron salir del predio, los siguieron y luego los esperaron en la otra cuadra y se les colaron atrás. Hicieron lo que hicieron”, dice el hombre, en licencia laboral desde que mataron a su hijo, abocado 100% al juicio.

La cuestión racial con las policías no es nueva ni empezó con el caso de Lucas, aunque hasta ahora, según asegura Dalbón, no existen condenas a agentes de fuerzas de seguridad con este agravante. En abril pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió ante la Naciones Unidas preocupación respecto de “la persistencia de la práctica del uso de perfiles raciales por parte de las fuerzas policiales y otros agentes del orden, que afecta en particular a las personas pertenecientes a pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, resultando en muchos casos en violencia policial y, en algunos casos en la muerte de las víctimas”.

La investigación del fiscal Gómez Barbella y lo que se ha ido demostrando durante el juicio, especialmente con la revelación de Cuevas del jueves pasado, marca un andamiaje de encubrimiento que incluye a las máximas autoridades de la comisaría de la comuna 4 y una red de 11 agentes más los tres imputados por el asesinato. Esto no sólo incluyó plantar un arma en el auto de los chicos, sino hacer pasar el crimen como un “enfrentamiento” con un “delincuente abatido”, que incluso se difundió en partes oficiales de prensa.

Al respecto, en un informe sobre violencia institucional hecho por la organización Aministía Argentina y publicado por este medio días atrás, se remarca que “en muchos casos las autoridades a cargo de las fuerzas de seguridad desmienten los hechos, y aún en los supuestos en los que éstas asumen la responsabilidad existen numerosos desafíos en las investigaciones judiciales para dar cuenta no solo de las responsabilidades de los autores del hecho sino de todos los posibles delitos involucrados”.

En ese sentido, Aministía Argentina destacó que “las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad que utilizan de manera sistemática la violencia y la capacidad de producir padecimiento con frecuencia se dirigen principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza reproduciendo y legitimando la discriminación y desigualdad existente en los territorios”.

Existen algunos antecedentes de condenas por odio racial. En 2003 Facundo Mazzini Uriburu, de 33 años y bisnieto del dictador José Félix Uriburu, fue condenado a diez meses de prisión en suspenso y dos años de trabajos comunitarios por amenazar a una mujer en la fila de un supermercado y decirle que “a los negros hay que matarlos de chiquitos”.

En el caso del asesinato del joven Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el INADI llegó a pedir que a los asesinos se los imputara por odio racial aunque luego el Tribunal los condenó pero no incluyó ese agravante.

Para María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), “es más bien un odio de clase” que racial. “El policía que le dice ‘negro de mierda’ a un pibe de la villa expresa odio de clase. Aunque él también viva en un barrio popular. El criminólogo Elías Neuman lo llamaba ‘proceso de policización’, la forma en que durante la formación y servicio se impregnan de un punto de vista de clase aún contra su propia pertenencia de origen”. No obstante, Verdú cree “posible” que los asesinos de Lucas sean condenados por el odio racial como agravante.

Gómez Barbella aseguró en su requerimiento de elevación a juicio de la causa que Lucas y sus amigos sufrieron “tratos denigrantes e inhumanos, denotando un significativo odio racial hacia los mismos”.

Dalbón sabe que se juega una patriada difícil. Pero quiere ir “por todo” contra los policías acusados. “No hay fallos de homicidios por racismo. Es muy difícil que un juez te lo diga. Lo más fácil es que el juez diga que es agravado porque son policías, o porque son más de dos, pero ¿cómo te explica que fue por el color de piel?”, se pregunta.

Sin embargo, tiene fe de que este caso sea paradigmático en la cuestión racial. “Yo quiero que este fallo recorra el mundo. Creo que a Lucas lo mataron por marrón. La familia se siente marrón. Fueron racistas y los maltrataron por negros”, asegura.

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