El juez federal Ariel Lijo pidió a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABA) que remita el expediente y toda documentación vinculada a la entrega del campo de 140 hectáreas ubicado en el kilómetro 553 de la ruta 11, en Chapadmalal, a militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois.
De esta manera, Lijo, subrogante en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 , aceptó la denuncia del intendente Guillermo Montenegro que impulsó la acción penal por “usurpación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.
A fines de marzo, Montenegro formalizó una denuncia contra el presidente de la AABE, Eduardo Alfonso Albanes, y dos integrantes de la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, que forma parte del MTE, por la cesión de un inmueble de 140 hectáreas en la ciudad balnearia con “argumentos falaces y arbitrarios”.
El escrito presentado ante la justicia federal denunció a Albanese por ceder “en custodia” el predio a los dirigentes del MTE Marcos Santucho, Eliseo Núñez y también apunta contra la abogada Gabriela Carpineti, funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación, bajo un argumento que calificó como falaz: el supuesto peligro de que las tierras sean intrusadas.
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En la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, Lijo pidió -a la vez- “elaborar un amplio informe en donde se pueda establecer el estado actual del predio”. También solicitó “conocer la cantidad de ocupantes que allí se radican, las condiciones en las que se encuentran viviendo, como así también los motivos principales que hicieran a su traslado al lugar”.
“Se pretende que una asociación civil de objeto humanitario y recreativo, lleve adelante una supuesta “custodia” de un inmueble que nunca corrió peligro de ser intrusada, todo ello, lisa y llanamente para simular la entrega de tierras a título gratuito y sin otro objeto que su ocupación ilegal”, apuntó Montenegro en la denuncia presentada por los abogados Mauro Asdrubal Martinelli y Juan Sebastián Potenza Dal Massetto.
El hecho cobró notoriedad cuando vecinos del barrio El Marquesado se manifestaron con preocupación al observar que unas 40 personas ingresaban al campo ubicado en el sur de Mar del Plata. El notar el movimiento advirtieron a la intendencia, que llegó hasta el lugar y cuestionó la cesión.
Se trata de un inmueble que pertenece al Estado, y como tal se encuentran bajo la tutela de la AABE. Está ubicado en el sitio conocido como Playa Escondida, entre Chapadmalal y Miramar. En la denuncia Montenegro destaca que se trata de tierras particularmente valiosas por su ubicación y el potencial turístico en la zona.
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“El aquí denunciado dispuso de 140 hectáreas en la primera línea del mar en la ciudad balnearia más grande y elegida por los argentinos, a una organización de carácter privado y cuyo objeto no contempla la custodia de bienes inmuebles”, insistió el jefe comunal en la presentación.
La organización y el propio Grabois habían esgrimido que la ocupación de los terrenos ocurrió luego de un trámite legal, gestionado ante el AABE, para utilizar los campos con el objetivo de desarrollar una huerta agroecológica. Montenegro, sin embargo, consideró ese trámite nulo.
“Es falso que el inmueble esté en peligro de ser intrusado, sólo se pretende justificar la ilegal entrega”, se queja el intendente en la denuncia, e insiste: “es falaz la alusión a un riesgo de intrusión que no se verifica ni se verificó”.
Luego de que el hecho tomara estado público, Grabois eligió sus redes sociales para responder a las denuncias de los vecinos. Además, justificó el trámite iniciado por los dirigentes de la organización y los apoyó. “El objetivo es producir sin agroquímicos para que toda la zona de General Pueyrredón tenga alimentos sanos y baratos”, sostuvo.
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