El viernes por la noche, Marcela Sorkin, alias “La Leona” y Federico Sisrro, acusados de ser los principales operadores de la secta Escuela de Yoga Buenos Aires, fueron detenidos por la división Trata de Personas de la Policía Federal en el aeropuerto de Ezeiza. Intentaban viajar a Estados Unidos, donde Sorkin tiene un hermano también vinculado a la organización. Cargaban computadoras portátiles, documentos, más de 300 blisters con pastillas y un bollo de 6700 dólares en el bolsillo.
La secta fue acusada por el juez Ariel Lijo con el secretario Martín Canero, el fiscal Carlos Stornelli y la fiscal Alejandra Mangano de la PROTEX, de diversos delitos como trata de personas, prostituir a sus víctimas con empresarios y hombres ricos, en un desvalijamiento de todos sus bienes. Podían exigir un “sobre” de hasta 10 mil dólares por mes a sus víctimas más acaudaladas, dinero que luego era supuestamente entregado al “maestro”, su líder, Juan Percowicz, arrestado horas antes de que Sorkin y Sisrro cayeran.
El tormento podía ser en vida, pero el control que la secta ejercía iba más allá de la tumba. Un audio revelado hoy por Infobae contiene una charla entre Sorkin y Sisrro donde hablan del certificado de defunción de una seguidora del grupo, llamada Liliana. Lo que se escucha es considerado por investigadores del caso como un grosero intento de manipulación para presuntamente quedarse con sus bienes. Liliana había obtenido el nivel 6 en el grupo, el grado de apóstol, solo superada por el líder mismo, al que se llegaba pagando. “De los autos no se habla”, le ordena Sorkin a Sisrro.
También, “La Leona” y el hombre que intentó huir a Estados Unidos junto a ella se dedicaban a otra cosa. Ambos están registrados en los rubros de enseñanza de la AFIP. Eran los figuras visibles de una de las principales operaciones del grupo, una escuela llamada BA Group, ubicada en la calle Bulnes al 1400, zona de Villa Crespo. En una sala con computadoras y equipos de música, la PFA descubrió una curiosa caja. Tenía más de 20 videocasetes, cine porno en su amplia mayoría, viejas películas sadomasoquistas de comienzos de los años 90, con mujeres torturadas en sus portadas. Algunos títulos en los lomos de las cajas eran casi caricaturescos, como “Su Ultima Vuelta en Pony”
Sorkin y Sisrro se mostraban en su sitio web, al frente de cursos o entregando diplomas. Dedicada en teoría al coaching ontológico y a la gestión de recursos humanos, BA Group ofrecía cursos de “desarrollo de felicidad personal”, “liderazgo en tiempo de pandemia”, “gestión del cambio”, con discursos similares a los de Leonardo Cositorto y Generación Zoe. Los cursos eran “facilitados” por sus “consultores filosóficos senior”. De todo el menú, la serie de clases de “turismo filosófico” parece la más curiosa. “Por experiencia sabemos que nuestra vida cotidiana está llena de maravillas que, como son cotidianas, por lo general no nos detenemos a observar y a admirar. Tales maravillas que todos llevamos dentro las denominamos Las 7 Maravillas Filosóficas”, dice su instructivo.
Para la Justicia, de acuerdo a documentos del expediente, BA Group no era otra cosa que una trampa de moscas para captar nuevos miembros. Según investigaciones de la división Trata de Personas -que depende de la Superintendencia de Delitos Federales-, cerca de 1700 personas pasaron por sus cursos.
La PFA colaboró con el Bureau of Diplomatic Security del State Departmente de Estados Unidos, en un nuevo paradigma investigativo para las fuerzas de seguridad. La pista estadounidense no es un detalle menor, con ramificaciones de la secta investigadas en Chicago, Las Vegas y New York. Con cuatro personas acusadas, entre ellas el hermano de “La Leona” Sorkin, “Juan Percowicz decide directamente la compra de departamentos o incluso edificios enteros en Las Vegas para el alquiler de oficinas”, asegura un documento del expediente. La secta podía recaudar hasta 500 mil dólares mensuales. La investigación en Estados Unidos podría extenderse a otros delitos, algo que podría definirse en las próximas horas.
Al cierre de esta nota, el juez Lijo definía los pedidos de excarcelación de la defensa de los acusados: los 19 detenidos se negaron a declarar. Por lo pronto, el magistrado decidió embargos preventivos de propiedades, inhibiciones de bienes e inmovilización de cuentas.
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