Esta semana, la división Investigación de Delitos Tecnológicos de la Dirección de Lucha Contra El Cibercrimen de la PFA comenzó a cerrar el círculo en lo que podría ser una de las tramas criminales más tenebrosas de la historia policial reciente. 15 personas fueron detenidas -en su mayoría de nacionalidad argentina, colombiana y venezonala- y 23 domicilios fueron allanados por orden del juez Manuel de Campos, en un expediente que investiga una red global de estafas centrada en la Argentina, dedicada a captar a víctimas con engaños sofisticados para hacerlas depositar dinero en diversas cuentas y luego recircularlo.
La investigación comenzó en 2019, gracias a una pericia al teléfono de un estafador colombiano detenido en Montserrat. La ruta de dinero, según investigadores, comenzaba en aplicaciones de transferencia en Argentina y seguía al resto del mundo por Western Union. Llegaba hasta Perú, Colombia, luego Nigeria y Sudáfrica. Se allanó, por ejemplo, un restaurant que funcionaba como una cueva de dinero, luego una financiera ubicada sobre la avenida Santa Fe. Hasta ahora, según confirman fuentes de la investigación a Infobae, los peritos de lavado de activos que intervienen en el expediente contaron un daño de al menos $200 millones de pesos.
Hay sospechas más terribles: el cabecilla local es un hombre de nacionalidad nigeriana apodado “Bobby”, que se encuentra prófugo. Su teléfono fue intervenido, los policías de la Federal lo oyeron hablar en el dialecto de la etnia igbo de su país. En el medio, hay una sospecha sumamente inquietante: que ese dinero, tal vez, haya sido usado para financiar a grupos terroristas africanos, una sospecha que comenzó con el juez del caso dada la tipología de la banda, las transferencias detectadas, los montos. Luego, esa sospecha fue ratificada a los investigadores por la Embajada nigeriana local y por Interpol
Luego de que Infobae revelara el caso, dos personas llegaron en la mañana del miércoles a la sede de la calle Cavia de la Policía Federal para entregarse. Fueron detenidos en el acto. Son, según fuentes del caso, los lugartenientes de “Bobby” mismo.
Nicol O., colombiana, de 25 años, es curiosamente quien le da nombre al expediente investigado por el juez De Campos. Con domicilio en San Telmo, había trabajado en 2019 para una empresa de comidas rápidas. Luis Fernando C., colombiano, misma edad, había registrado un domicilio en Belgrano. Su último empleo fue en una muy reconocida firma de venta de habanos y tabaco de lujo.
“Forman parte como organizadores, recibiendo información que aportaba ‘Bobby’. Actuaban además como estafadores directos y luego utilizaban cuentas de mulas para los depósitos y entregaban el efectivo”, asegura una alta fuente del caso.
A través de redes sociales, supuestamente generaban identidades falsas para atacar a adultos mayores, su principal blanco. Con un simple rastreo de fuentes abiertas, los delincuentes se hacían de información personal y privada de distintas personas. Así, los contactaban con diferentes excusas para lograr que les realicen transferencias bancarias en cuentas reales.
También aplicaban un poco de teatro: empleaban la histórica estafa “del soldado americano” o “estafa diplomática”, que consiste en entablar una relación amorosa a la distancia durante un tiempo, haciéndose pasar por un soldado estadounidense que está en el extranjero, y que tiene un muy buen pasar económico, pero promete que vendrá a terminar su vida al país de su pareja. Luego, comienza la exigencia de dinero, ante la llegada de diversos problemas.
Esta semana comenzaron las indagatorias del caso. Se secuestraron más de 40 computadoras y teléfonos. Lo que revelen sus teléfonos podrá ser crucial.
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