La justicia porteña donó casi un millón y medio de pesos a hospitales, comedores y otras entidades públicas con fines sociales. El dinero fue recaudado en el último semestre de 2020 y corresponde a causas por infracciones durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, que se resolvieron en todos los casos con una probation.
Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires, “esto fue posible gracias a la creación del Área de Investigación de Casos que funciona desde el 1 de Agosto del 2020 y tiene a su cargo toda la tramitación de los casos en materia penal tributaria de la Ciudad”.
A raíz de la puesta en funcionamiento de dicha área, la justicia activó e impulsó la resolución de todos los casos penales que ya estaban tramitando ante el MPF. “Se ofreció a los contribuyentes un plan de facilidades de pago previsto legalmente, o en su defecto se aceptó un pago total de capital más intereses, en una única cuota en concepto de reparación a la hacienda pública”, sostuvo el fiscal general Juan Bautista Mahiques.
De esta forma, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre último, se recaudó un total de $66.674.227 tras la resolución de 11 causas penales, de los cuales $19.583.412 ya ingresaron al gobierno porteño por cancelación total de deuda en pago único, y los restantes $47.090.815 están en proceso de pago.
Por otro lado, se recolectaron $1.498.836 en causas por violación de clausura ($1.241.000 del total) y contravenciones de tránsito (los restantes $257.836) tramitadas desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta la finalización del 2020. En estos casos, los fiscales acordaron con las defensas de los acusados una probation (suspensión del juicio a prueba a cambio de un trabajo social), donación y multa.
Desde el MPF porteño destacaron que “tanto la Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas, a cargo del fiscal Jorge Ponce, como el resto de las fiscalías de la Ciudad, han podido acelerar los tiempos de los procesos judiciales y sortear, mediante el uso de la tecnología, los obstáculos que la emergencia sanitaria ha impuesto”.
La Fiscalía General de la Ciudad trazó como objetivo primordial que todas las donaciones, trabajos de utilidad pública y demás tareas que le fueron impuestas a los distintos contraventores e imputados, sean exclusivamente a favor de hospitales públicos o en su defecto de entidades con similares fines, dado que “el Ministerio Público Fiscal no puede ni debe ser ajeno a la realidad y a las necesidades que han tenido todas ellas desde que comenzó la pandemia”, sostuvo Mahiques.
Así, entre las instituciones que recibieron donaciones figuran los hospitales Gutiérrez, Garrahan, Rivadavia, Santojanni y Vélez Sarsfield. También el Hospital General de Niños (ex Casa Cuna) y el Hospital de Oncología Marie Curie, al igual que las fundaciones Favaloro y Oncológica Angel Raffo. Lo mismo para el comedor comunitario Barrancas de Belgrano, la guardería municipal de Niños de La Boca y los Bomberos Voluntarios de La Boca.
En el ámbito de la justicia federal, recientemente se resolvieron tres causas por infracción al ASPO de manera similar, es decir mediante la suspensión del juicio e incluyendo el aporte de dinero a hospitales y entidades sociales abocadas a hacer frente a la pandemia.
En estos casos puntuales se trató de personas que salieron de sus casas sin un permiso para circular o una justificación que lo haya ameritado. En dos de los procesos tuvo intervención la fiscal federal Josefina Minatta, en Concepción del Uruguay, que, al entender que no hubo ningún perjuicio y no trasmitieron la enfermedad, determinó que los imputados donen 100 mil y 30 mil pesos, según cada caso, al Hospital Urquiza de esa ciudad.
En tanto, el caso restante fue en Neuquén, donde tres personas fueron acusadas por violar el artículo 205 del Código Penal al circular en un auto (una fue descubierta escondida en el baúl) sin el permiso correspondiente.
El fiscal Miguel Palazzani aceptó la propuesta de parte de la defensa de los imputados, que ofreció una probation. A cambio, se acordó la entrega de 15 mil pesos cada uno: la mitad destinada al Hospital Castro Rendón, y la otra a una pastoral social que trabaja con gente en situación de calle. Además, el vehículo utilizado en el hecho quedó secuestrado.
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