Esta semana, una joven de 18 años de nacionalidad venezolana denunció que fue drogada y abusada sexualmente por Irineo Humberto Garzón Martínez, un comerciante de Balvanera, durante una entrevista laboral, que había sido concertada pocas horas antes por las redes sociales.
El hecho tuvo lugar el pasado sábado 23, cerca de las 14, cuando la joven fue citada en un local de la calle Paso al 600, en el barrio porteño de Balvanera, para una entrevista laboral que había coordinado momentos antes por la red social Facebook con un hombre de nombre “Santiago”. Más tarde se comprobó que no era su verdadero nombre.
Thais, la madre de la denunciante, dijo a Télam que el acusado le pidió a su hija cenar el viernes para así “poder hablar sobre el trabajo”, propuesta que fue rechazada por la joven, que finalmente acordó presentarse el sábado por la mañana. Curiosamente, según registros comerciales consultados, Garzón Martínez, registrado en el rubro de venta de artículos varios de la AFIP, no muestra pagos recientes de aportes a empleados.
Ante esa circunstancia, la madre le pidió que al llegar le enviara una foto del frente del comercio y los datos del dueño del lugar. Finalmente, la joven arribó al comercio ese sábado, dedicado a la venta de indumentaria del rubro de la medicina, realizó la entrevista y comenzó a trabajar normalmente.
Según el relato de la mujer, durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces “un vaso de gaseosa o de jugo” que finalmente aceptó cerca del mediodía. De acuerdo a su relato ante los investigadores, tras beber un vaso de agua comenzó a sentirse mareada, por lo que le envió un mensaje a su hermana explicándole la situación.
“Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, expresó la joven en el mensaje que le envió a través de WhatsApp y agregó la dirección en donde se encontraba.
La hermana de la joven avisó de manera urgente a su madre, quien se encontraba cerca del comercio. La mujer enseguida denunció el hecho al 911, por lo que personal policial arribó al lugar y encontraron el local con las puertas cerradas y la persiana baja.
Tras llamar varias veces, la Policía de la Ciudad ingresó, detuvo al hombre y hallaron a la joven tirada sobre una escalera en el fondo del comercio con el torso desnudo y supuestamente bajo el efecto de psicotrópicos, “con el pantalón desabrochado, descalza, inconsciente, llorando y balbuceando”. Al lado estaba el dueño del negocio, Garzón Martínez, quien fue detenido.
La víctima y su madre fueron asistidas por un gabinete psicológico. El acusado, de 35 años, insólitamente, quedó en libertad por orden de la jueza Karina Zucconi, titular del Juzgado N°15.
Infobae accedió en forma completa a la decisión tomada el último lunes 25, luego de una presentación de la defensa de Garzón Martínez para lograr su excarcelación.
La defensa aseguró que tenía arraigo en un domicilio fijo en la zona de Mataderos donde vive con su hermana “desde hace más de 14 años”, que no tiene antecedentes penales ni condenas anteriores, “trabaja en forma digna en su comercio”, que “ha dado trabajo siempre a mujeres y jamás tuvo problemas de este tipo en el que involuntariamente se encuentra involucrado desconociendo el porqué”. Pidió, así, una caución juratoria, “ello atento a que el imputado no posee bienes o fortuna”.
La fiscal del caso, Silvana Russi, se opuso a la excarcelación. Los motivos eran evidentes: la imputación de abuso por acceso carnal establece una dura pena, con un mínimo que excede una condena en suspenso, que el riesgo de fuga y de que el acusado entorpeciera la Justicia era claro. Garzón Martínez no vive en el domicilio aportado en Mataderos, según información de la causa.
La víctima misma se opuso también: “Yo no estoy de acuerdo, no me parece. Me violó y estoy sufriendo mucho”, afirmó. Su cuerpo fue analizado: se encontraron tres lesiones compatibles con una violación, en pleno sangrado.
Sin embargo, la jueza Zucconi consideró que la mera pena en expectativa no era un argumento suficiente para mantener preso al acusado.
“No hay elemento alguno de momento que lleve a presumir que el acusado intentará eludir el accionar de la Justicia”, afirmó. Consideró, por otra parte, que su arraigo era dudoso. Así, le concedió la caución juratoria, una fianza bajo palabra, le prohibió acercarse a la víctima o contactarla, así como salir del país y lo obligó a presentarse mensualmente en el juzgado.
Infobae intentó contactar a la defensa de Garzón Martínez. Tras repetidos llamados no hubo respuesta.
La decisión de Zucconi fue apelada por la fiscal Russi.
Si estuviera preso, Garzón Martínez no estaría solo. De acuerdo al Sistema Nacional de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación en su edición 2019, hay 667 procesados o condenados con una primera imputación por violación o abuso sexual en las cárceles federales del país.
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