El Centro Penitenciario Benjamín Paz abrió una nueva etapa en el sistema carcelario de Tucumán. La inauguración de este martes, encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo, marcó la habilitación del segundo tramo de obras en este complejo ubicado a 54 kilómetros de San Miguel de Tucumán, dentro del municipio de Trancas.

Con una inversión oficial de $27.186.950.936, la ampliación eleva la capacidad del penal a 1.600 internos, lo que refuerza la infraestructura de alojamiento penitenciario en la provincia del norte argentino.

Durante el acto, Jaldo expuso que la obra modifica la dinámica del sistema penal de Tucumán y posibilita que “cientos de policías que estaban cuidando detenidos en comisarías puedan regresar a la calle a proteger a la ciudadanía”.

Con este tipo de inversiones, junto a la reciente inauguración de la cárcel de la localidad de Delfín Gallo, el número de plazas penitenciarias experimenta una expansión. En algo menos de dos años de administración, la provincia pasó de operar con 1.200 lugares de reclusión a disponer de casi 2.000.

La construcción del complejo movilizó a empresas, materiales y mano de obra tucumanas. El impacto económico local se manifestó tanto en la generación de empleo como en el movimiento de insumos y servicios derivados de una infraestructura de gran escala. La articulación con los tres poderes del Estado, sumada a la colaboración de fuerzas federales de seguridad en el combate al narcotráfico en la región norte, recibió un reconocimiento especial por parte del Ejecutivo provincial.

El gobernador afirmó que estas acciones ofrecen “resultados concretos” frente a uno de los principales reclamos sociales de la provincia: la mejora de la seguridad. “Esta cárcel es un hecho, una respuesta real a una demanda histórica, profundizando la seguridad”, sentenció.

La distribución de los internos se organiza en módulos diferenciados según el tipo de delito, la conducta penitenciaria y la situación de condena, en consonancia con las normativas nacionales vigentes y los tratados de Derechos Humanos.

El diseño del establecimiento responde a los requerimientos de la Ley 24.660, marco legal que regula la ejecución de las penas privativas de libertad en la Argentina. La disposición de los espacios internos permite optimizar la vigilancia y bajas tasas de conflicto, mientras procura una convivencia segura para los 1.372 agentes penitenciarios que integran la dotación.

La infraestructura del Complejo Penitenciario Benjamín Paz remite a los principios del modelo “campus abierto”. En la superficie de 130 hectáreas, el proyecto se despliega sobre 18.000 metros cuadrados cubiertos. El perímetro cuenta con triple alambrado y torres de control distribuidas estratégicamente, mientras que la calle central conecta las unidades funcionales. Todas ellas incluyen áreas específicas para trabajo, recreación, expresión religiosa, deportes, educación y actividades culturales, a través de una escuela y una biblioteca disponibles para los internos.

En términos de impacto institucional, la inauguración de Benjamín Paz consolidó además el crecimiento del Servicio Penitenciario de Tucumán. En palabras de Jaldo, la planta de agentes se incrementó de 1.300 a más de 3.000 efectivos.

“Benjamín Paz es una necesidad hecha realidad y Tucumán es la segunda provincia que inaugura una cárcel de estas características a nivel nacional”, sentenció el gobernador.

La agenda de infraestructura carcelaria en Tucumán no concluye con este complejo. Jaldo anticipó la finalización del complejo penitenciario de Las Talitas para el año próximo.

“El año que viene vamos a terminar el complejo de Las Talitas, cuyo proyecto se remodeló porque iba a ser una alcaldía para 250 plazas y se modificó para que sea un complejo penitenciario para albergar a 600 personas”, aseveró.

Al término del encuentro, Jaldo remarcó que los traslados de detenidos desde las comisarías al nuevo penal comenzarán el martes mismo, descomprimiendo así una de las problemáticas operativas más complejas del sistema judicial y policial de la provincia. Remarcó: “Esta cárcel tiene un doble propósito: tener más plazas para traer a más gente que determine la justicia y sacar policías a calle, que ya no tendrán que cuidar detenidos”.