En una nueva jornada de juicio por el crimen de Santiago Aguilera Allende —ocurrido en el 2022 en Córdoba— tuvo lugar la declaración de uno de los dos acusados. Se trata de Walter Ezequiel Gil, de 24 años, quien reconoció haber participado en el secuestro extorsivo, seguido de muerte.
Frente al Tribunal Oral Federal N° 3, Gil rompió el silencio y declaró que actuó bajo las amenazas de otras personas, las cuales describió como “fortachas” y con “tonada porteña”. Sostuvo que no sabía quiénes eran ni pudo identificarlos, pero brindó detalles del plan para engañar a la víctima. Según su relato, estos individuos desconocidos le entregaron un handy por el cual recibía órdenes, una de las cuales consistía en depositar el aparato en la plaza del barrio San Martín, en Traslasierra.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder El Doce TV, mediante esas instrucciones, fue que contactó a Santiago por teléfono para que saliera de su casa la noche del 16 de agosto de 2022. El joven accedió a encontrarse con él, pero no le contó a su familia los verdaderos motivos, presuntamente porque Gil le había pedido que no revelara los mensajes, bajo la excusa de que le traería problemas con su novia.
A pesar de que Aguilera en un principio se había negado a salir porque al día siguiente debía asistir a la escuela, finalmente accedió. Según la acusación, el joven de 24 años lo hizo subir a un automóvil Peugeot 405, en compañía de otras personas, y desde allí lo trasladaron al lugar donde habría permanecido cautivo.
En ese momento, el acusado trabajaba en el corralón de materiales de la familia, lo que le permitió acercarse a la víctima. Ese vínculo se volvió clave para la investigación, ya que las autoridades consideran que fue él quien facilitó el acceso al joven.
El padre de Santiago había señalado en declaraciones previas que Gil comenzó a trabajar con ellos apenas dos meses antes del crimen. “El 16 de agosto es el día que salió Santiago”, indicó.
El cuerpo fue hallado sin vida cinco días después en un embalse de la zona de Boca del Río, por un baqueano que recorría el campo con sus animales. El cadáver vestía la misma ropa que tenía puesta la última vez que lo vieron sus padres.
En paralelo a la búsqueda, la madre del joven recibió dos mensajes extorsivos el 17 de agosto, cerca de las siete de la mañana. En ellos, los secuestradores exigían siete millones de pesos para mantener con vida al adolescente.
Las pruebas que comprometen a Gil son consideradas más contundentes por los investigadores, en parte por los testimonios de sus excompañeros de trabajo. Algunos de ellos relataron que el imputado mostraba un interés desmedido en los bienes y en los ingresos de los dueños del corralón, algo que luego fue vinculado con el contenido de los mensajes extorsivos. A su vez, Julio César Ramírez, de 33 años, también enfrenta cargos por su presunta participación en el secuestro extorsivo seguido de muerte.
Durante la audiencia de este lunes también declararon policías que participaron en la primera etapa de la investigación, apenas se formalizó la denuncia por secuestro.
Los peritos forenses confirmaron ante el Tribunal que el chico de 18 años fue víctima de torturas antes de su muerte. Durante la audiencia de la semana pasada, el médico Moisés David Dib presentó el informe de la autopsia realizada sobre el cuerpo, detallando la existencia de múltiples heridas compatibles con un contexto de violencia sostenida. Según explicó, las lesiones tenían diferente grado de evolución, lo que indica que fueron provocadas en distintos momentos, entre 48 y 72 horas antes del fallecimiento.
El informe reveló la presencia de varias perforaciones en la mano, realizadas con un objeto punzante, y describió un golpe contundente en la frente que causó un hematoma y la fractura del hueso esfenoides, situado en la base del cráneo. A esto se suman heridas de arma blanca localizadas en el tórax, lo que refuerza la hipótesis de un ataque metódico y no impulsivo.
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