Trabajadores del peaje se encuentran realizando este viernes una protesta en la Autopista Riccheri, a la altura de Mercado Central y en sentido hacia Provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza, que incluye el no cobro de tarifas a los vehículos, también genera demoras en la circulación hacia la Capital Federal.
La manifestación, activa desde las 6 de la mañana de hoy, se desencadenó tras la finalización del contrato de concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA), cuyo control fue asumido por Vialidad Nacional. Los trabajadores demandan estabilidad laboral y la conservación de sus puestos.
La secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Florencia Cañabate, precisó que la medida de fuerza consiste en el no cobro de la tarifa del peaje y la reducción de los peajes: “Hay cuatro vías menos pero tenés 14 por donde pueden transitar los vehículos. Estamos concentrando acá con trabajadores de la actividad y los peajes de todo el país están liberados”.
Y agregó, en diálogo con Urbana Play: “Estamos visibilizando una problemática que tenemos y es nuestro lugar de trabajo. No somos de cortar rutas ni mucho menos, pero entendemos que la mejor forma de visibilizar es en nuestro puesto de trabajo”.
El motivo de la protesta es la “imprevisibilidad” y “falta de responsabilidad” en el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales, que maneja las principales rutas del país. De acuerdo con Cañabate, 500 empleados del rubro se encuentran hoy “sin trabajo, sin indemnización y sin posibilidades de continuidad laboral”.
“La protesta es porque trabajadores de Corredores Viales tienen una paritaria un 20% menor al resto de la actividad, la protesta es porque faltan condiciones de seguridad e higiene, y porque lo que hicieron con los trabajadores de Caminos del Río Uruguay, si sigue esa falta de rumbo, va a pasar con 3.500...”, agregó.
Facundo Moyano, secretario adjunto del gremio, precisó: “(Los trabajadores) no fueron ni despedidos, no cobraron indemnización. El gobierno apela a Vialidad Nacional, que es una entidad totalmente manchada de corrupción”.
A través de un comunicado titulado “Crónica de una crisis vial anunciada”, el gremio denunció que el Gobierno no tiene un plan “claro y realizable” para la infraestructura vial del país.
“El gobierno asumió diciendo que iba a privatizarla (la empresa Corredores Viales) pero no solo no avanzó en tal sentido a casi un 30 % de avance de su mandato, sino que su primer acto hacia el sistema tarifado es estatizar una concesión vial”, indicó el texto, en referencia a Caminos del Río Uruguay.
El comunicado, con firma de Cañabate y Moyano, agregó que la gestión de Milei no organizó “ningún proceso licitario” que le permita la asignación a otra firma, por lo que los 500 empleados que perdieron su trabajo no cobrarán su indemnización: “Por supuesto, el Estado concesionante deberá hacerse cargo de los derechos indemnizatorios, generándole a todos los argentinos un costo innecesario”.
“Pero la degeneración fiscal no termina en la improvisada estatización. A pesar de contar, como dijimos, con una empresa concesionaria de infraestructura vial, el gobierno ha decidido darle la ruta del Mercosur a la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, gracias a que evidentemente el Presidente no está siendo debidamente informado de estos cambios, todos los argentinos deberán pagar con sus impuestos el mantenimiento (si es que lo hay) de la ruta del Mercosur”, añadieron desde SUTPA.
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