Las universidades públicas anunciaron otro paro por 48 horas en defensa del salario y el financiamiento

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a los principales gremios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades públicas en Argentina, convocó a un paro nacional de 48 horas para los días 17 y 18 de marzo.

La medida responde a la creciente preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el “desfinanciamiento estructural” que, según denuncian, afecta gravemente el funcionamiento de las casas de altos estudios. La situación se enmarca en un contexto de tensiones presupuestarias, ya que el año 2025 comenzó con un presupuesto prorrogado, lo que anticipa un panorama conflictivo para el sistema universitario.

La decisión fue tomada durante la primera reunión del año del Frente Sindical, en la que participaron representantes de diversas organizaciones gremiales, como la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Durante el encuentro, los gremios coincidieron en que las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei han tenido un impacto negativo en las universidades nacionales, comprometiendo incluso su funcionamiento básico.

Uno de los principales puntos de conflicto es la pérdida salarial acumulada por los trabajadores universitarios. Los gremios denunciaron que los incrementos salariales otorgados recientemente por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SSPU) son insuficientes para compensar la inflación y el deterioro del poder adquisitivo. En detalle, se otorgó un aumento del 1,5% para enero y del 1,2% para febrero, cifras que, según los sindicatos, no logran revertir la caída salarial registrada durante 2024.

El plenario señaló que esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que también pone en riesgo la calidad educativa y la capacidad operativa de las universidades públicas. “Se pone en riesgo el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, el funcionamiento básico de las universidades”, advirtieron durante la reunión.

Este panorama generó un clima de incertidumbre entre los docentes, investigadores y personal administrativo, quienes consideran que las medidas adoptadas por el gobierno son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema universitario.

Desde el Frente también señalaron que el presupuesto prorrogado con el que comenzó el año 2025 es uno de los principales factores que agravan esta situación. Los sindicatos consideran que esta medida refleja una falta de compromiso por parte del Gobierno nacional con la educación superior pública.

Varios hitos marcaron el 2024 en materia de protesta educativa luego de que el presidente Javier Milei anunciara el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024.

Las universidades públicas venían advirtiendo desde principio de año por la situación presupuestaria, un reclamo que al principio fue desconocido por el Gobierno nacional, lo que condujo a la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril. La recomposición del salario fue uno de los puntos centrales de aquella marcha.

Tras el fracaso de una nueva negociación con el Gobierno, el Frente Sindical de Universidades Nacionales realizó otra huelga: ocurrió el martes 4 y miércoles 5 de junio. Denunciaron una pérdida de poder adquisitivo del 42% desde diciembre.

El anuncio de la medida de fuerza llega al día siguiente de que los rectores universitarios anunciaran un acuerdo por la actualización del 270% en los gastos de funcionamiento. Ese acuerdo, sin embargo, no incluía mejoras en el salario de los profesores.

Sin avances en la paritaria, a la semana siguiente hubo una nueva medida de fuerza por dos días. Fue el martes 11 y miércoles 12 de junio, que afectó a las universidades públicas y colegios preuniversitarios de todo el país. La medida de fuerza fue decidida por los gremios docentes y no docentes luego de que el Ministerio de Capital Humano incumpliera la promesa de acercar una propuesta de mejora salarial en el marco de la paritaria el jueves 6 de junio.

Luego, una nueva medida por 72 horas tuvo lugar desde el 12 hasta el 14 de agosto: otro paro docente tras la última propuesta del Gobierno nacional respecto al aumento salarial. La situación se repitió durante el 20 y 21 de agosto.

La decisión surgió después de la última reunión paritaria en la que estuvieron presentes el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, junto con su par de Desarrollo y Modernización del Empleo Público, María Rosana Reggi, representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios y un grupo de rectores de las universidades nacionales.

En el encuentro, se dieron a conocer los aumentos ofrecidos por el gobierno nacional, que fueron del 3% para agosto y de 2% para septiembre.

Días después de esa oferta, con el objetivo de reclamar la protección y el financiamiento sostenido de las universidades nacionales, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), junto a la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu), realizaron un llamado para movilizarse el 12 de septiembre frente al Congreso.

La convocatoria ocurrió en medio de un paro de 48 horas que comenzó el 11 de septiembre, y tiene como marco el debate en el Senado de la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene media sanción de Diputados y que el Gobierno anticipó que vetará si supera el proceso legislativo. “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”, afirmó por entonces el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El resultado: el 2 de octubre se realizó la segunda Marcha Federal Universitaria, con gran repercusión en todo el país.

Días después de que el veto presidencial aplicado a Ley de Financiamiento Universitario fuera puesto bajo revisión por la Cámara de Diputados y consiguiera mantener la vigencia con un total de 84 votos a su favor, los gremios docentes realizaron otro paro total en todas las universidades públicas del país: ocurrió el jueves 10 de octubre.

La respuesta fue instantánea a la derrota en la Cámara baja. Los centros de estudiantes o grupos de alumnos autoconvocados, junto a los sindicatos universitarios, impulsaron clases públicas, cortes de calle y cacerolazos que culminaron con la ocupación de las facultades y de rectorados. En pleno fin de semana largo, más de 20 universidades fueron tomadas o tenían permanencias de activistas.

Luego de analizar que acciones tomar, el plenario docente universitario realizó el jueves 17 de octubre una nueva medida de fuerza en todas las universidades nacionales. La medida se enmarcó en un “plan de lucha” que abarcó también el avance de las tomas estudiantiles de más de 40 edificios de universidades públicas en todo el país.