Aunque lo que está en juego es la tenencia de dos niñas, son cinco los menores -de entre 8 y 16 años- afectados por este litigio familiar entre Wanda Nara y Mauro Icardi; ocho si se incluye a los tres hijos de la nueva flamante pareja de él y que también han sido mencionados imprudentemente en la disputa.
El cuidado de los niños, la consideración hacia la vulnerabilidad que los caracteriza y la protección de sus psiquis todavía en formación han brillado por su ausencia en este proceso.
Los progenitores prefieren pagar multas millonarias antes que acatar la orden judicial de no hablar del caso. Pero la responsabilidad no es sólo de los litigantes; también atañe a los defensores y a funcionarios judiciales.
La causa por la tenencia de las dos hijas de la pareja tramita en la justicia nacional, juzgado civil n°106, que fijó un régimen de comunicación que no fue del gusto de Wanda Nara quien claramente está en campaña para lograr la exclusión de Mauro Icardi de la vida de sus hijas, entre otras cosas, porque no quiere regresar a Turquía ni que lo hagan las niñas.
Esto también será objeto de litigio. El fiscal consideró que la fijación de la cuota por alimentos es competencia de la justicia de Turquía, porque allí estaba el centro de vida de los niños. Si alimentos es competencia de Turquía, la tenencia también lo es. La justicia argentina sólo tiene competencia para medidas provisionales.
Es por ello que la estrategia de una de las partes es lograr la custodia exclusiva.
De allí que se objetó a la cuidadora, la mujer que auxiliaba a Icardi con las hijas durante los días en que estaban a su cargo, de acuerdo al régimen de comunicación establecido. Pero el juez consideró que corresponde a cada progenitor decidir a quien contrata para cuidar a los chicos mientras están con él y no concedió la cautelar.
La estrategia entonces fue un cambio de jurisdicción. Fueron a Tigre, donde obtuvieron una cautelar para excluir a la niñera y para echar a Icardi de una de las residencias de la familia, Santa Bárbara, con el argumento cierto de que la casa pertenece a los hijos de Wanda y Maxi López.
“Si sale una medida que no les gusta, van a otra jurisdicción ‘amigable’ -dicen fuentes cercanas a la causa-, lo que se llama forum shopping. Eso es violencia institucional. Además hay daño a las criaturas. No piensan en las repercusiones sociales, el posible bullying, la afectación a largo plazo”.
Lo que más intranquiliza es la desobediencia flagrante a las órdenes judiciales.
El juzgado de Tigre intentó incluso citar a la hija (10 años) de Nara e Icardi para que ratificara la denuncia de la madre contra la cuidadora, por supuesto maltrato.
El juez en lo civil logró evitarlo y en cambio se hizo la entrevista, como corresponde en el caso de una menor, en un contexto terapéutico, con supervisión profesional, sin la presencia de los padres. Como la niña no refrendó lo alegado por la madre, se filtró un audio en el que la pequeña, con lenguaje adulto, repite los argumentos maternos.
La justicia parece impotente para frenar el uso de los menores en esta pelea de adultos que no actúan como tales.
Wanda Nara ya acumula cuatro “bozales” legales y 50 millones de pesos de multa por violar las órdenes del juzgado de no hablar de la causa en público. Además tiene una multa anterior de 10 millones por violar la restricción en el programa de Susana Giménez.
Aunque es evidente que su posición económica le permite por ahora desafiar las sanciones pecuniarias, lo cierto es que éstas no se han cumplido porque quien debe pedir su ejecución es Mauro Icardi y no lo hace.
El juzgado giró las actuaciones a la justicia penal para que ésta investigue la posible comisión del delito de desobediencia judicial. El tema está demorado por la feria por lo que la causa aún no tiene juzgado.
Mientras tanto, persiste la impunidad en torno a esta evidente manipulación de los menores, al intento de que los hijos tomen partido contra un progenitor, con total desaprensión por los daños presentes y futuros que esto les puede ocasionar.
Como explica la psicología, los niños construyen su identidad en función de los vínculos. Privarlos de la relación con uno de sus padres, ponerlos en la violenta disyuntiva de elegir, es una forma de robarles su identidad.
El caso también es un ejemplo de cómo escalan estos conflictos. Cuando no obtienen lo que buscan en un fuero, apelan a otro. Así apareció la denuncia contra Icardi por violencia familiar.
“Es lamentable que no se haya tratado el proyecto de falsas denuncias”, dice un funcionario del fuero civil, con muchos años de ejercicio profesional, en referencia al proyecto presentado en noviembre pasado en el Senado para agravar las penas por este delito.
Es enorme el daño que causan estas falsas denuncias a los involucrados y difícil de cuantificar el tiempo y los recursos que la justicia pierde tramitando causas sin fundamento.
El abogado de Wanda Nara difundió la declaración completa que hizo ella al denunciar la violencia de que habría sido víctima, cuando la causa ni siquiera estaba abierta a prueba. Ante los reproches que se le hicieron, su réplica fue que el tema era público. Es verdad que, a diferencia del fuero de familia donde todas las causas son reservadas, en el penal no pasa lo mismo. Pero la causa involucra a menores que pueden leer o escuchar, por ejemplo, que su madre teme que su padre revele fotos íntimas…
Ya escucharon a su madre llamar “prostituta” a la novia del padre y a éste replicar: “Más prostituta serás vos”... En este caso, está verificado: el diálogo tuvo lugar en presencia de la hija de 10 años.
“Resumiendo, acá hay desobediencia a las medidas judiciales con respecto a la exhibición de los menores -dicen las fuentes del caso-. Éstos son expuestos y usados, se les arma un relato, se les hace declarar contra uno de los padres. No saben dónde viven porque se mudan para cambiar la competencia”.
Los procesos de familia son reservados, insisten. Pero ante las reiteradas faltas de las partes, no se ve una correspondiente respuesta institucional. Hay funcionarios que se olvidan de que son servidores públicos e incurren en prevaricato.
“Que hagan esto (forum shopping) demuestra que lo institucional está en situación crítica -agregan-. Eluden las medidas cambiando de jurisdicción. Es desacato. Se está desconociendo la autoridad de uno de los poderes del Estado. Como está la cosa, parece que todo depende del juzgado que hace más fuerza. Más grave aún que lo de los padres es la deslealtad procesal de los abogados que conocen el código. Y por último el Estado, que no puede auspiciar este tipo de jugarretas. Si no se cumple una orden, la justicia debería poder tomar medidas coactivas”.
¿Cómo es posible que un juez de familia dé una orden y ésta sea desobedecida de modo flagrante?
“Es difícil hablar de un Estado de Derecho cuando pasan estas cosas”, concluyen.
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