Qué impacto tuvo en la mortalidad, qué pasa con los insumos y cómo cambiaron las historias: a cuatro años de la ley de aborto legal

La periodista Nancy Pazos tenía 18 años cuando quedó embarazada por primera vez. “Su mamá la había echado de casa, vivía sola en una habitación alquilada. ‘Nos estábamos yendo de viaje. En San Luis conocimos a una pareja y le conté a ella lo que me estaba pasando, yo seguía sin saber qué hacer. Pero la chica trabajaba en un juzgado de menores y me empezó a bajar línea para que tuviera al bebé y lo entregara. La idea de gestar y entregarlo me pareció más dura que la de abortar’. Nancy abortó en una casona, en Flores. ‘Era un horror. Había como diez chicas recostadas, ni siquiera eran camas. Algunas estaban saliendo de la anestesia, solas. Otras lloraban. Todo era muy precario, poco aséptico. Lo recuerdo como una tienda de campaña, como un hospital de guerra. Creo que salí viva de ahí de casualidad’”.

A la comunicadora Ana Correa le dijeron que su bebé no iba a sobrevivir, aún así la sometieron a una tortura psicológica: “‘Fue en 2007, estaba casada y tenía un hijo de 2 años. Era un embarazo deseado pero un estudio genético derrumbó la ilusión. El feto tenía Síndrome de Edwards: o no iba a terminar de desarrollarse o iba a morir poco después de nacer’. Ana tenía, además, un fibroma de 12 centímetros, por lo que también corría riesgo su salud. ‘Decidí abortar para no prolongar ni el sufrimiento fetal ni el mío, pero me encontré con que en ningún lado podían hacerlo por la vía legal’. Un médico le recomendó seguir con el embarazo ‘para tenerlo al menos unos minutos con vida’. Otro fue todavía más cruel: le dijo que era una nena —algo que ella había elegido no saber— y que tenía hidrocefalia y problemas cardíacos. Le advirtió, además, que ella podía morir desangrada y ‘dejar a su hijo huérfano’, salvo que hiciera un tratamiento con él, en dólares. El feto, finalmente, dejó de tener actividad cardíaca y tuvo que hacerse un aborto con misoprostol en su baño, en el desconsuelo y la soledad”.

Diana Galarza, capacitadora en temas de género, era una adolescente cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. “Tenía 16 años, iba a la secundaria. No sabía qué hacer, tenía mucho miedo de que se enterara mi familia. Lo que más recuerdo es la desesperación, porque tardé como un mes en poder resolverlo. (...) Al final, me hice el aborto en la casa de una señora del barrio. Tuve que llevar la sonda para que me la metiera, fue horrible”.

En 2018, cuando la efervescencia alrededor del debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se apoderaba, de una u otra forma, de la agenda nacional y el tema llenaba páginas de diarios, portales, programas de radio y tv, redes y se manifestaba en colores de pañuelos en las escuelas, las oficinas, las calles y las plazas, Infobae, publicaba estas historias entre otras 15. Recogía el guante de un legado inaugurado en Francia en 1971, —cuenta la periodista Gisele Sousa Dias en esa nota— cuando 343 mujeres firmaron un documento, escrito por la filósofa Simone de Beauvoir, en el que declaraban que habían abortado, aún con el riesgo de que las llevaran a prisión. Su objetivo era reclamar el derecho al aborto legal y su despenalización, lo que lograron tres años después.

En 1997, en Argentina, la revista Tres Puntos retomó ese manifiesto y publicó una nota bajo el título: “Por primera vez veinte mujeres se atreven a decir: Yo aborté”. Entre trabajadoras anónimas, amas de casa, empleadas y estudiantes, contaron sus historias las escritoras Beatriz Sarlo y María Moreno, la investigadora, en ese momento legisladora, Dora Barrancos, las actrices Graciela Duffau, Divina Gloria y Alejandra Flechner. La portada de esa edición volvió a circular hace pocos días en las redes sociales luego del fallecimiento de Beatriz Sarlo.

Las 18 mujeres, célebres y anónimas, que contaron sus experiencias en este medio en 2018, también hacían públicas por primera vez sus historias de abortos con el mismo fin que 50 años antes las 343 habían perseguido en Francia: que fuera ley.

Hace seis años, en las puertas del Mundial de Rusia —que, como es usual, se realizó en junio—, la sociedad argentina, o gran parte de ella, asistía expectante a otra contienda que se disputaba en el Congreso nacional: la primera ronda para debatir la ley IVE/ILE. Había invierno glacial y calor popular: fue un debate que mantuvo en vilo y conmovió a un país que siguió lo que sucedía en el recinto minuto a minuto. Había temperatura bajo cero, una vigilia que hervía la sangre y un amanecer ansioso que se mordía los labios ante la ajustada diferencia entre quienes estaban a favor de la ley y quienes estaban en contra. Hasta que se encendió la primera luz verde. El 14 de junio, después de una sesión maratónica de 22 horas en Diputados, el proyecto ganó media sanción con un resultado de 129 votos a favor y 125 en contra.

El camino siguió sinuoso, en el Senado no salió. Colores políticos, retrocesos y modificaciones mediante, el 30 de diciembre de 2020, en el final de un año vivido a puro dolor, encierro, enfermedad y muerte, con barbijos, hubo festejo de quienes venían luchando desde al menos tres décadas atrás —y quienes se sumaron los años siguientes a la causa— por este derecho.

“Ese año [2018] fue en el que todo explotó, en el que hubo un rol de los jóvenes que es muy relevante. Nosotras, que veníamos haciendo campaña hacía tantos años, íbamos a la plaza y no veíamos tanto adolescente involucrado. Hubo algo raro en esta causa, los jóvenes la tomaron como propia: esto de los pañuelos en las mochilas, en los colegios, fue superimportante. Personas que nunca habían hablado de esto, escritoras, actrices, actores, todos los periodistas de los distintos rubros, no era algo que anteriormente se veía”, recuerda Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Lo otro que fue impresionante —sigue— es cómo Argentina se constituyó como un faro, en este tema, en la región. Argentina, Brasil, te diría un poco México, son sumamente importantes en todo lo que es legislación regional en el Mercosur, en la OEA, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Argentina ha tenido una legislación sumamente interesante y progresista en materia de derechos humanos con la ley migratoria, de matrimonio igualitario, de identidad de género, todo lo que es la agenda de Memoria, Verdad y Justicia. Siempre fue como el faro que todos miran. Entonces cuando se sancionó y legalizó el aborto, que pasó justo después de Irlanda, fue muy relevante”.

El eco de la ley argentina rebotó en la región y más allá. Belski recuerda que después de la aprobación local Colombia obtuvo “muy buena sentencia de la Corte Constitucional, México despenaliza el aborto en otras ciudade más allá del Distrito Federal, hay una marea verde. Y los pañuelos también empiezan a replicarse por toda la región. Entonces, para las organizaciones que luchamos por el reconocimiento y la implementación de este derecho, regionalmente tuvo un impacto enorme, pero también lo tuvo a nivel internacional: el verde y los pañuelos llegaron a Europa, a Japón, a lugares impensados”.

La despenalización y legalización del aborto, como el Juicio a las Jutas en 1985, marcaron un hito en Argentina. Y Belski, como directora de Amnistía Internacional, fue invitada a dar conferencias en Polonia, Japón, Indonesia, lugares lejanos geográfica y culturalmente que deseaban saber cómo se había gestado este movimiento y aprender de eso.

Desde su entrada en vigencia, la Ley 27.610 establece el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo para las mujeres y personas con identidades de género diversas hasta la semana catorce de gestación (inclusive), sin tener que dar explicaciones sobre los motivos de la elección y también cuando el embarazo es resultado de una violación o pone en peligro la vida o salud de quien gesta. Además, dispone la atención médica postaborto “más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley” así como el acceso a métodos anticonceptivos de todas las personas con capacidad de gestar.

Del texto a los hechos pasa de todo.

Quizás el dato más relevante e insoslayable desde la aprobación de la ley es uno de los que menciona Belski: “Entre 2021 y octubre de 2023, cerca de 250.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud. Esto logró que las muertes por aborto disminuyeran en un 53% entre 2020 y 2022. Y otra cosa que sucedió es que el acceso a información, a insumos, a servicios de salud sexual y reproductiva, contribuyó a que aproximadamente un 90% de las interrupciones sean durante el primer trimestre de gestación, que es reimportante”.

El Gobierno anterior, repasa la directora de Amnistía, concentró el trabajo para la aplicación de la ley desde el Programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. “Porque la implementación, aunque todos crean esto, no estaba bajo la jurisdicción o competencia del Ministerio de las Mujeres, todo lo que tenía que ver con temas de salud sexual y reproductiva y aborto caía dentro de las competencias de Ministerio de Salud. Y la verdad es que tuvo un avance impresionante”.

Belski detalla dónde estuvieron puestos, puntualmente, los esfuerzos y cuenta que se capacitó a los proveedores y al personal del servicio de salud, que se invirtió en la adquisición y compra de misoprostol —”que en Argentina ya se fabricaba en la provincia de Santa Fe y a partir de la ley se decidió que se produjera también en otras jurisdicciones”—, y se implementó lo que se llamaba el “combipack”, “que es la fusión del misoprostol y la mifepristona. La combinación de ambas es mucho más efectiva en términos de resultado; es una fórmula medicamentosa recomendada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar el aborto seguro y en condiciones de calidad”.

Como resultado, destaca, solo en el año 2023 se distribuyeron en todas las provincias, desde el Gobierno nacional, más de 88.500 tratamientos de misoprostol y más de 77.500 combinados, el combipack. “Y hago hincapié en esto porque de esas cantidades superrelevantes pasamos a la nada”, grafica.

Aclara también que no todos los medicamentos son financiados por el Estado sino que hay muchas organizaciones, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), un organismo de cooperación internacional que promueve la salud, los derechos y la igualdad de oportunidades, que entre sus roles se adjudica el de ayudar a los gobiernos a proveer estos tratamientos.

Aunque la ley es de aplicación obligatoria en todo el país, al tener implementación local, “o sea que son las diferentes jurisdicciones las que tienen la responsabilidad de aplicarla”, explica Belski, no todas las provincias, ni mucho menos todas las instituciones se pliegan enteramente a su cumplimiento. Lo que hacía, entonces, el Estado era trabajar de manera coordinada con los programas de salud sexual y reproductiva de las provincias para hacer un seguimiento de qué sucedía con la norma en cada una y brindar asistencia o resolver las situaciones que pudieran surgir.

“Es cierto que aún en el Gobierno anterior pasaba que, por ejemplo, en una jurisdicción como Tierra del Fuego la implementación era muy compleja. Había un montón de hospitales y médicos que eran objetores de conciencia [N. de la R.: quienes se niegan a acatar normas o leyes y a realizar acciones aludiendo motivos éticos o religiosos] entonces había un solo lugar que hacía abortos y las personas tenían que viajar hasta ahí, lo que era bastante complejo”. “No es que todo era impecable, para nada, hubo muchas jurisdicciones que tuvieron este tipo de problemas. Pero lo que sí sucedía, que era bastante valorado, era que muchas veces se trabajaba de forma articulada entre el Gobierno nacional, las provincias y las organizaciones que nos ocupamos de este tema para lograr que se garantizara ese aborto en algún hospital o incluso que se viajase a alguna provincia o jurisdicción que lo proveyera. A veces las propias organizaciones cubríamos el traslado. Era un trabajo de alianza, que es lo ideal, para que se garantizara el derecho”.

Claro que no fue perfecto, ni la sombra de eso, aclara Belski. Y cuenta que en el sitio de Amnistía, donde se pueden hacer consultas y reclamos ante el no cumplimiento del derecho, recibieron en la gestión anterior muchas denuncias. Pero no la cantidad que reciben en la actualidad: entre 2023 y 2024 aumentaron un 215%. También porque la línea estatal de asesoramiento fue desactivada y las personas no tienen a quién recurrir.

Pese a estas barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, el Proyecto Mirar —coordinado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health— que monitorea la implementación de la Ley 27.610 “con el propósito de mejorar el acceso y la calidad en la atención del aborto” informa que, solo en el primer semestre de 2021 se hicieron 25.894 interrupciones y se distribuyó la misma cantidad de misoprostol que en todo 2020. Que entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13. Y que “se produjo un descenso progresivo de las niñas que llevan embarazos a término”, lo que se tradujo en una disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% entre 2018 y 2021.

También exponen que, tras la sanción de la ley, Argentina amplió la cantidad de servicios de salud públicos que proveen acceso a la IVE/ILE en un 98% (según datos de diciembre de 2022), aunque, como explicaba Belski, la oferta y el acceso efectivo no es lineal dada la heterogeneidad de las jurisdicciones: en algunas la oferta está distribuida en muchas instituciones pero en otras está concentrada en pocas. Especifican: en Argentina hay 16 servicios de IVE/ILE cada 100.000 mujeres entre 15 y 49 años. Lo que varía entre 3 cada 100.000 mujeres en Chaco, Mendoza y Santiago del Estero, y 40 cada 100.000 en Neuquén, Santa Fe y La Pampa.

Antes de diciembre de 2023, cuando La Libertad Avanza asumió el Gobierno nacional habiendo declarado abiertamente, en numerosas oportunidades, que uno de sus objetivos era derogar la Ley IVE por estar completamente en contra, trabajadores de la salud y organizaciones que siguen a este partido, tienen ideas semejantes o una línea de pensamiento acentuadamente religiosa o conservadora, ya obstaculizaban el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de diferente maneras.

Las barreras iban desde agrupaciones, en diferentes provincias, donde trataban de persuadir a quienes iban a solicitar una interrupción del embarazo a que no lo hicieran —lo que sigue sucediendo—, a objetores de conciencia. Incluyendo a ministerios de Salud provinciales y hospitales municipales sin ningún tipo de interés en proveer el tratamiento indicado por la ley, con directivos que objetaban en lo personal y lo extendían a lo institucional, sin hacer la derivación correspondiente a otros profesionales o instituciones que sí lo realizaran, tal como lo indica la norma, que establece que si en una institución hay objeción de conciencia, la persona que busca el aborto debe ser derivada a otra que lo realice.

“Recibimos denuncias de que dejaban a las mujeres a la deriva —cuenta Belski—. Otra cosa que pasó es que hubo más de 23 acciones legales en contra de la ley, pidiendo la inconstitucionalidad, y de esas, aunque muchas se desecharon, al menos dos están en la Corte Suprema en este momento”.

Después de diciembre de 2023 el panorama empeoró. Los insumos para el aborto legal, seguro y gratuito, junto con los de otros tratamientos y herramientas vinculadas a la salud sexual y reproductivas como líneas de atención, fueron recortadas. Y la promesa de la batalla cultural que tiene a esta ley, entre otras que otorgan derechos, como una de sus principales víctimas.

Sucedió entonces que los abortos solo pudieron garantizarse —hasta ahora— donde quedaba stock de años anteriores. Luego tocaba —toca— perseguir y trasladarse a la institución, incluso a la jurisdicción, que tenga reservas de misoprostol o combipack porque el Estado ya no los provee.

“Tampoco brinda más capacitaciones a nadie, no hay ningún tipo de política establecida en el Programa de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud hacia ninguna provincia pero tampoco hacia los pocos hospitales que dependen de la Nación, eso se cortó 100%, por una cuestión de plata pero sobre todo por una cuestión ideológica”, asegura Belski. Y agrega que también la postura y los dichos del presidente, su narrativa acerca del aborto, avalan de alguna manera a los objetores de conciencia para negarse a realizar la práctica.

“Eso baja directamente a los hospitales y lo vemos porque hemos hecho pedidos de información a distintas jurisdicciones como Chubut, Córdoba, Santa Fe, San Juan y sabemos que no queda ni misoprostol ni mistepirona. No invirtieron en comprar anticoncepción para adolescentes, ni en ningún tipo de insumo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva. No continuaron con ningún programa que tuviera que ver con eso. Todo lo contrario, establecieron programas que incentivan la continuación del embarazo”, dice la directora de Amnistía.

Belski también cuenta que este año Argentina rindió cuentas ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, donde varias organizaciones alertaron sobre los retrocesos en términos de derechos y, en sus recomendaciones, el Comité dijo que “el Estado argentino tenía la obligación, de acuerdo al derecho internacional, a sus leyes y su Constitución, de proporcionar medicamentos para el acceso a la salud sexual y reproductiva indicados en la lista de medicamentos que tiene la Organización Mundial de la Salud”, lo que incluye al misoprostol y la mifepristona. “Y que esto que está sucediendo es una medida regresiva que compromete la responsabilidad del Estado argentino respecto a los acuerdos internacionales”.

El reporte titulado “Insistir y persistir. El panorama del aborto en Argentina”, publicado recientemente por el Proyecto Mirar con el objetivo de registrar y mostrar cómo fue la implementación de la política que establece la Ley IVE/ILE entre enero y octubre de 2024, coincide en los retrocesos señalados por Belski.

“Aunque no se han cumplido las expectativas más negativas respecto a la Ley 27.610, el entorno para las políticas de salud sexual y reproductiva no es favorable. El discurso gubernamental ha menospreciado las políticas de género y de salud reproductiva, evidenciado por el voto de Argentina en la ONU contra una resolución para eliminar la violencia de género. Por su parte, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) ha sido debilitada, afectando, por ejemplo, un componente clave de la política de IVE ILE como es la distribución de insumos anticonceptivos y tratamientos para el aborto, lo que ha creado un entorno extremadamente complicado para el acceso a la salud reproductiva”, se lee allí.

Confirman que “durante 2024 el Ministerio de Salud de la Nación no distribuyó ningún tratamiento medicamentoso para IVE/ILE de los 100.400 planificados, (según Chequeado)”. Pero que, pese a los obstáculos, gran parte de las provincias continúan esforzándose para sostener y garantizar el acceso a este derecho.

“Lucía llegó al hospital para solicitar una interrupción de embarazo. Con 16 años no quería dejar de estudiar”. “Aurora fue abusada por su padrastro. Cuando se enteró de su embarazo acudió a un hospital para interrumpirlo”. “Adelina encontró un centro de salud donde abortar cerca del paraje donde vive. Sabía que no podría mantener otro hijo”. “Bárbara se enteró de su embarazo cuando se estaba haciendo un tratamiento por una enfermedad. Era incompatible con la gestación. Abortó”.

“Son las historias de muchas. Es ley. Es libertad para todas”.

Dicen mujeres de diferentes edades, orígenes, profesiones, recorridos. Cuentan entre todas historias breves de otras mujeres que abortaron de manera segura gracias a la Ley IVE/ILE en un video realizado por CEDES para el 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Hay miles. En cada círculo de mujeres. En todos lados. Bruna abortó con misoprostol porque no podía hacerse cargo de otro hijo. Mora abortó con misoprostol porque le dijeron que el hijo que gestaba, muy deseado, no sobreviviría por un síndrome genético. Alicia abortó con intervención quirúrgica, cuidada por su equipo médico, porque su hija también padecía malformaciones que le impedirían tener una vida disfrutable. Mariana pensó en abortar cuando le dijeron que su hijo podía tener severos problemas de salud. Finalmente no debió hacerlo pero saber que si todo salía mal tenía la posibilidad la reconfortaba en medio de su pánico.

El aborto no es deseado ni buscado. Es un derecho imprescindible al cual acceder cuando la maternidad no es una elección ni una posibilidad. Es un derecho que otorga libertad.