Masacre de Las Dos Erres: historia de la matanza que convirtió a un pozo de agua en una fosa donde enterraron a 162 víctimas

El pozo se llenó de cadáveres. Primero fueron los hombres: la mayoría golpeados, maniatados y fusilados. Luego siguieron las mujeres, violadas y asesinadas. Por último, los niños: uno por uno, los arrojaron vivos al abismo.

La siniestra matanza sucedió entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982 en la aldea Las Dos Erres, una comuna ubicada en la selva del Petén, en el norte de Guatemala. En 72 horas, el pozo —que se había convertido en el punto de reunión de los vecinos— se transformó en un depósito de cadáveres, que quedaron bajo tierra.

Doce años más tarde, en 1994, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) llegó a la zona convocado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) para encabezar la búsqueda de las víctimas de la llamada “Masacre de Las Dos Erres”. La investigación, que se llevó a cabo hace exactamente 30 años, reveló la magnitud de los hechos: se recuperaron 162 esqueletos, de los cuales el 40% eran menores de 12 años.

Todo comenzó a finales de la década de los 70, como parte de la colonización del Petén —uno de los departamentos más alejados y olvidados por el Estado de Guatemala— cuando el gobierno decidió repartir tierras fiscales. La noticia de que allí había grandes extensiones sin cultivar llegó a oídos de muchos campesinos, entre ellos, Federico Aquino Ruano y su primo, Marco Reyes (NdR: las “erres” de sus apellidos le dieron nombre a la comunidad), quienes quedaron a cargo de los terrenos y los distribuyeron en lotes entre pequeños agricultores.

Al iniciar la década de los 80, según el libro “Dos Erres: vivir para ser testigos del horror”, escrito por la periodista Louisa Reynolds, la aldea tenía un total de 745 habitantes y, donde antes había selva, ya se cosechaba maíz y se criaban vacas, cerdos y gallinas. Fue en ese contexto, que Ruano construyó un pozo para abastecer de agua a los aldeanos.

Dos años después, la tranquilidad del lugar, comenzó a ser acechada por la sombra de una Guerra Civil. Eran tiempos del gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. En ese contexto, tropas de élite de las Fuerzas Armadas, conocidas como los Kaibiles, irrumpieron en la aldea Las Dos Erres disfrazados de guerrilleros. La operación, justificada como represalia por un levantamiento de rebeldes en la selva que dejó a 17 soldados muertos, derivó en una de las matanzas más bestiales de la historia de dicho país.

Lo que ocurrió entonces fue narrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que trató sobre la responsabilidad del estado guatemalteco en la Masacre de Las Dos Erres: “El 6 de diciembre de 1982 se preparó una acción militar del grupo especializado de las Fuerzas Armadas, durante la cual los superiores del pelotón reunieron a los Kaibiles y les indicaron que tenían que vestirse como guerrilleros para confundir a la población y destruir la aldea. El día 7 de diciembre de 1982, en la madrugada, soldados guatemaltecos pertenecientes al mencionado grupo especial denominado Kaibiles llegaron a Las Dos Erres y sacaron a las personas de sus casas. A los hombres los encerraron en la escuela del parcelamiento y a las mujeres y niños en la iglesia evangélica. Mientras los mantuvieron encerrados, los golpearon e incluso algunos murieron como consecuencia de los golpes. Alrededor de las 16.30 los Kaibiles sacaron a los hombres de la escuela y los llevaron vendados y maniatados a un pozo de agua inconcluso donde los fusilaron. Después sacaron a las mujeres y los niños para llevarlos al mismo lugar. En el camino, muchas niñas fueron violadas por los Kaibiles, particularmente por los subinstructores. Al llegar al pozo, los Kaibiles hincaban de rodillas a las personas y les preguntaban si pertenecían a la guerrilla, luego los golpeaban con un mazo de hierro en el cráneo o les disparaban, para luego lanzar los cadáveres al interior del pozo. En los hechos de la masacre perdieron la vida, por lo menos, 216 personas”.

Doce años después de la masacre, en 1994, tres miembros del EAAF llegaron al pozo convocados por familiares de víctimas y, también, como peritos de parte de una causa que investigaba los hechos. “Nos propusieron realizar la excavación del pozo para verificar que hubiera restos óseos humanos”, explica a Infobae la licenciada en Ciencias Antropológicas e investigadora, Silvana Turner, que viajó a Guatemala junto a sus colegas, Patricia Bernardi y Darío Olmo.

Según Turner, ese primer viaje fue una “misión preliminar” que les permitió no solo evaluar tiempos y logística, sino las condiciones de seguridad para llevar adelante el trabajo. Además, aprovecharon para realizar diferentes entrevistas con familiares, pobladores y vecinos, ya que contaban con pocos datos sobre la masacre.

“Cuando llegamos al lugar nos encontramos con una boca al ras del suelo, de unos dos metros de diámetro, en el medio de la selva. Nada más. Era bastante inhóspito”, detalla. “Los primeros restos aparecieron a unos seis metros de profundidad. Logramos recuperar alrededor de diez cuerpos de adultos, la mayoría relativamente articulados y completos. También hallamos un calendario en papel de aquel año. Con esa información pudimos, por un lado, verificar la existencia de restos humanos; y, por el otro, vincularlo al episodio que se estaba investigando”, agrega.

Tras ese primer acercamiento y con toda la información recavada, los integrantes del EAAF planificaron la segunda etapa de trabajo, que se llevó a cabo en 1995, y se extendió por tres meses. Durante ese período, a diferencia del anterior, se instalaron en La Libertad, un municipio un poco más alejado de Dos Erres, pero con mejor infraestructura. El proceso, recuerda Silvana, fue dificultoso no solo por las altas temperaturas, sino también por la falta de luz, aire y movilidad.

“Hicimos una consulta a un ingeniero chileno y, para no generar presión sobre el área, nos recomendó armar un sistema de gradas con una rampa. Avanzamos de esa forma, pero la máquina retroexcavadora que teníamos se rompió a los dos días y no pudimos reemplazarla. Entonces tuvimos que adaptar la estrategia y generamos manualmente una plataforma, donde podíamos pararnos e ir bajándola a medida que bajaba el pozo. Fue una tarea ardua. Arrancábamos apenas asomaba el sol, porque luego del mediodía el calor era insostenible. Incluso tuvimos que cubrir el perfil del pozo porque esa tierra, que era muy arcillosa y rojiza, cuando se secaba, se resquebrajaba y se caía”, cuenta.

En esos 90 días el EAAF alcanzó una profundidad de 12 metros y completó la exhumación de 162 esqueletos: 64 hombres, 24 mujeres y 74 niños.

Además de restos óseos humanos, recuperaron vestimenta, billeteras, documentos y evidencias que dieron cuenta de la brutalidad con la que masacraron a las víctimas. “Hallamos desde sogas, con las que maniataron a las personas antes de arrojarlas, hasta evidencias de disparos de arma de fuego y lesiones compatibles con heridas por disparos de arma de fuego. También fracturas, generadas, posiblemente, por la caída. Todo eso fue analizado en el laboratorio y presentado en un informe ante la Justicia”, dice.

Acerca de las prendas infantiles encontradas en el pozo, la antropóloga explica que hacen una referencia más humana a las víctimas y, en este caso particular, a los menores. “Al igual que una billetera o un documento, son elementos que podría tener cualquiera. En lo personal, la violencia de tirar bebés dentro de un pozo de agua distaba bastante de los casos en los que yo venía trabajando. Fue fuerte”, reconoce.

Finalizada la labor del EAAF, por disposición del juzgado, los hallazgos se expusieron en un salón comunal en Las Cruces, donde familiares de las víctimas pudieron acercarse a reconocer las pertenencias. “Luego, los restos fueron puestos en cajas de madera, que se habían rotulado e identificado, y enterradas en una fosa común en el cementerio de Las Cruces”, cuenta Turner.

El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense fue fundamental para documentar la masacre y presentar pruebas ante organismos internacionales. Así, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado guatemalteco por las violaciones de derechos humanos cometidas en Las Dos Erres.

A pesar de las condenas a algunos exmilitares, la justicia resultó esquiva para los altos mandos responsables de la masacre. En 2011, Estados Unidos deportó a Pedro Pimentel Ríos, quien fue condenado a 6.060 años de prisión. La sentencia: treinta años por cada muerte, más treinta años por el delito contra los deberes de humanidad. Cinco años después, en 2016, Santos López Alonso recibió una pena de 5.160 años tras su deportación. En 2020, Gilberto Jordán, otro exmiembro de los Kaibiles, fue deportado desde Estados Unidos para enfrentar cargos en Guatemala.

Más de una vez, integrantes del EAAF fueron llamados a testimoniar en causas abiertas contra el general Efraín Ríos Montt, quien falleció en abril de 2018 sin condena y con demencia senil.

Por otro lado, la Sección Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra, del Departamento de Justicia de Canadá, solicitó a Silvana Turner que preste declaración como experta forense en el proceso que inició por fraude en las declaraciones para obtener la ciudadanía canadiense por parte de un ex subteniente de una fuerza especial del ejército de Guatemala, que fue acusado en su país de asesinato en el contexto de la masacre. La acusación indica que, ocultando esta información, en 1988 el ex militar obtuvo la residencia permanente en Canadá y, en 1992, la ciudadanía canadiense.

“Dos Erres fue el primer proyecto de largo aliento en el que trabajé con el EAAF. A pesar de que fue hace 30 años, lo tengo bastante presente por los procesos judiciales. De hecho, hace un mes fui a declarar a Canadá. Es un caso que siempre vuelve y, además, fue el más relevante del EAAF en Guatemala”, dice Silvana que, por sobre todas las cosas, destaca el impulso de los familiares de las víctimas. “Junto con los vecinos fueron colaboradores permanentes y seguidores de todos los avances. Su inistencia nos impulsó a seguir adelante”.

Fotos: Gentileza del Equipo Argentino de Antropología Forense.