
En pleno conflicto salarial que involucra a las empresas Aerolíneas Argentinas e Intercargo, los gremios aeronáutico dieron a conocer una agenda de asambleas que podría generar demoras, reprogramaciones y hasta cancelaciones en el cronograma aéreo de la semana próxima, en lo que será una continuidad de lo que ocurrió en los últimos días.
Tanto la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmaron que las reuniones se realizarán el próximo martes 27 de agosto (una reunión en las terminales aéreas de Córdoba y Mendoza, de 10 a 13), el miércoles 28 de agosto (asamblea en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a partir de las 21) y el viernes 30 de agosto, entre las 6 y las 9 horas, en el Aeroparque Jorge Newbery.
“Queremos dar relevancia al compromiso demostrado durante las asambleas y las medidas de acción sindical, llevadas a cabo esta semana, tanto en Aeroparque como en Ezeiza. Este conflicto, sin embargo, no ha terminado aún: sigamos adelante del mismo modo”, expresaron desde APLA. Y agregaron que “la participación activa y la conducta sindical demostrada han sido fundamentales en este contexto de lucha en defensa de nuestros salarios”. El plan de lucha ya tuvo como rehenes este lunes a unos 6.500 pasajeros en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery.
De “paro encubierto” a “el que no trabaja, no cobra”
Aerolíneas Argentinas realizó una presentación ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación denunciando un ”paro encubierto” de los gremios APLA (pilotos) y AAA (tripulantes de cabina), realizado bajo la excusa de supuestas asambleas informativas.
De acuerdo a lo difundido por los propios sindicatos, entre el 19 y el 30 de agosto, las acciones anunciadas abarcan más de 14 horas de asambleas en distintas terminales aéreas, que -según afirman desde Intercargo- constituyen una efectiva y total paralización de la actividad de la compañía en esas y otras ubicaciones.
“El paro encubierto ya afectó a más de mil quinientos pasajeros por cancelaciones de vuelos, y a otros diez mil por demoras y reprogramaciones. En total se cancelaron 16 vuelos, y otros 85 registraron demoras, provocando todo esto un grave perjuicio económico y en términos de imagen corporativa a Aerolíneas Argentinas”, informaron desde la compañía de transporte aéreo.
Y agregaron, a través de un comunicado, que “por este motivo, la empresa avanzó con la denuncia a dichos gremios ante la autoridad laboral solicitando el cese de esta conducta abusiva, y aplicará además descuentos salariales a más de 200 pilotos, copilotos y tripulantes de cabina”. La medida será aplicada a los empleados que, tanto el pasado lunes como en la asamblea realizada el jueves último en Ezeiza, “impidan que miles de pasajeros puedan volar por razones de trabajo, turismo y salud”.

Por ende, las empresas involucradas presentaron ante Trabajo una intimación a los gremios para que “garanticen los servicios de transporte aéreo mientras llevan adelante las próximas asambleas que han sido anunciadas”. De esta manera, se busca que los mecanismos de protesta habitualmente utilizados por los sindicatos en la Argentina no afecten a las personas que libremente quieren utilizar los servicios de transporte aéreo.
“Como ocurre en cualquier empresa privada y ahora también en el Estado Nacional, desde la Secretaría de Transporte de la Nación se impulsa el cambio en la política de gobierno y en la resolución de conflictos gremiales de esta gestión. Por eso, el que no trabaja, no cobra. En este sentido, no se va a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas, que en muchos casos se transforman en paros encubiertos”, comentaron fuentes allegadas a las empresas.
Cabe destacar que el gremio APA (Asociación del Personal Aeronáutico), ya fue multado en febrero de este año por una suma de 160 millones de pesos, por el motivo de incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo en aquel entonces.
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