Los tratamientos de fertilidad y la crisis económica: un escenario adverso que combina demoras, suspensiones y copagos

Como no sucedía desde la pandemia, y previo a eso nunca había pasado antes, cientos de varones y mujeres pacientes de fertilidad están siendo afectados, suspendidos o rechazados de sus tratamientos en los centros más grandes y renombrados de Argentina.

Kary Perales, de 48 años, estaba por empezar un tratamiento con donación de óvulos y esperma para ser madre soltera por elección. Por estos días, cuando fue a su centro, le dijeron que como su obra social no estaba pagando porque -cuenta que le dijeron- “se están gastando la plata en las elecciones” habían decidido suspender la atención a los afiliados. Salvo que ella pudiera o decidiera pagar unos 500.000 pesos (unos 800 dólares) que, le aclararon, no eran reintegrables por su obra social.

Micaela Reyna, de 33, hará pronto su tercer tratamiento de alta complejidad con su prepaga. Su médica le contó que en esa clínica de la ciudad de Buenos Aires empezaron a cobrar unos 300 dólares por “el material” necesario para el tratamiento. Le explicaron que era importado y que los precios habían subido muchísimo, que no era lo mismo hacerlo con material nacional, en caso de que se consiguiera, pues estaba totalmente en falta.

A Cintia esto ya le había pasado pospandemia. Dice que la hicieron esperar un año porque no podía pagar 500 dólares, para esperar a que los insumos nacionales aparecieran. Y que ahora escuchó que su médico de La Plata ya no trabaja con obras sociales para casos de ovodonación, porque sólo garantizan a las pacientes tres óvulos por tratamiento.

A Soledad, en cambio, le dijeron que era lo mismo hacerlo con insumos nacionales o importados, pero que no se conseguían. A Ángela, que tampoco puede pagar los 400 dólares que le piden, le aconsejaron en su clínica que tuviera fe y esperara, que quizás después de las elecciones las cosas fueran a mejorar. Ángeles iba camino a la consulta con su médica, donde le diría que no podía pagar los 400 dólares. Predecía que le suspenderían el tratamiento a pesar de que estaba autorizado por su obra social. A Paula le cancelaron la preparación para la transferencia aduciendo falta de insumos. Ella ya había comprado la medicación e iba a viajar desde su provincia a Buenos Aires, lo tenía todo arreglado, hasta se había pedido vacaciones para este nuevo intento.

Inés Alejandra Schvartzman es emprendedora, tiene 46 años y, como no encontró el amor de pareja, busca un hijo con donación de gametos desde hace cinco años. Pasó por muchos tratamientos, perdió dos embarazos en estado avanzado de gestación, sufrió violencia reproductiva. Estaba a punto de arrancar nuevamente después de mucho batallar (hay un embrión “esperándola”), cuando su médico le avisó que suspendieron los tratamientos con su obra social hasta nuevo aviso, y todo quedó congelado. La corre el tiempo.

Según la Ley Nacional de Reproducción Asistida, sancionada en 2013, son las obras sociales, las empresas de medicina privada o el Estado quienes están obligados a cubrir la totalidad de las prestaciones en fertilidad a las personas mayores de 18 años que quieren tener un hijo y no pueden por la vía convencional: la medicación, las prácticas de los tratamientos y todo lo relacionado directamente a ellas, hasta una edad determinada. Es una de las leyes de cobertura más amplias del mundo.

Como el Estado casi no posee centros de reproducción en hospitales públicos (son contados, su complejidad es mínima y tienen una larguísima lista de espera; el hospital San Martín de La Plata es un ejemplo), las obras sociales sindicales y provinciales así como las prepagas -cuya salud financiera desde hace rato se viene autodeclarando en emergencia-, hacen convenios con los centros de fertilidad. No es una negociación. Les dicen cuánto pueden pagarles por tratamiento -en algunos casos incluye la medicación- y los centros deciden si aceptar o no el negocio. En términos económicos algunos apuestan a la cantidad (aceptan trabajar con obras sociales grandes o prepagas más económicas que pagan menos, lo que les garantiza un buen número de tratamientos de distinto tipo al año); otros van por la calidad (trabajan con las prepagas más selectas y con pacientes que pagan de su bolsillo, hacen menos tratamientos pero los cobran más caros). Gracias a la Ley, Argentina y Uruguay son los dos países de Latinoamérica donde se hacen más fecundaciones in vitro por habitante.

En Uruguay, la cobertura estatal y del sistema de salud está dada según lo que las personas pueden pagar: los que ganan más tienen que pagar un mayor porcentaje del tratamiento; a los que ganan menos se les cubre casi todo. En Argentina, en cambio, la cobertura es universal. Es decir, la cobertura es (o debería ser) total para todos.

La sábana corta, y ni hablar en este contexto económico político, es el presupuesto que se necesita para garantizar la cobertura de los tratamientos en el sistema de salud. Como vengo predicando hace varios años: todo para todos suena muy bien, pero es impracticable y terminan perdiendo los que menos tienen y más lo necesitan.

En el contexto actual, tanto los centros como los médicos de fertilidad, a través de las asociaciones que los nuclean culpan a la inflación, la devaluación y la limitación de las importaciones. Sostienen que ya no les alcanza con lo que les pagan sobre todo las obras sociales, y algunas prepagas, que les pagan tarde (algunos 120 días después), que los precios no se actualizan al ritmo de la inflación y que ya estaban desactualizados antes de las PASO. Que el sistema ya estaba bajo presión desde hacía meses o años y después de las elecciones, explotó. Que en fertilidad -siguen- a diferencia de otros rubros de la medicina, en los que también se están dando situaciones similares, el cien por ciento de los insumos (medios de cultivo, equipamiento de última generación y sus repuestos) vienen de afuera, que no tienen posibilidad de reemplazo pues no hay producción nacional de esos elementos. Y que, en el caso de poder reemplazar alguno, eso significaría bajar la calidad. Sostienen que su práctica en los hechos está dolarizada, y que el precio cambia todos los días. Antes, dicen, les pagaban a los proveedores a dólar oficial; ahora el precio es en dólar blue. “Si hace algunos meses te vendían una cánula especial a diez y a dólar oficial ahora te la venden a 13 y a precio blue. O te piden dólar billete, por las dificultades para importar por las vías que antes utilizaban. Los precios se multiplicaron en algunos casos por 2,5″, explica el embriólogo y director de Fertilis Gustavo Martínez. “El financiador decide el precio en función de sus propias variables, y hoy paga una práctica médica unos tres dólares aproximadamente y una cirugía histeroscópica, veinte″, dice el especialista Fernando Neuspiller, director de Wefiv.

Cuenta Martínez que hace un tiempo el gobierno nacional intentó ayudar a solucionar parte de la situación. Se investigó la industria nacional y se vio que no había desarrollos locales suficientemente avanzados de producción de insumos específicos, y que las pocas empresas que lo estaban haciendo tardarían al menos cuatro o cinco años en tener la aprobación de la Anmat.

Desde la Asociación Argentina de Centros de Reproducción Asistida (Aacera), la sociedad que representa a unos 25 de los cerca de sesenta centros del país, les piden a los pacientes comprensión. “No ajustamos por calidad, esa es una decisión ya tomada hace mucho tiempo. Les pedimos a los pacientes que entiendan que lamentablemente tenemos una dicotomía entre lo que se nos pide y lo que se puede hacer. Hay un PMO (plan médico obligatorio) que debe ser cubierto, pero para que pueda ser cubierto necesitamos determinados instrumentos, insumos que no entran en valor dentro del PMO y lamentablemente de algún lado hay que pagarlos”, dice Martín Attie, presidente de la institución y uno de los directores médicos del centro In Vitro Buenos Aires.

Hace unas semanas ese grupo se puso de acuerdo para empezar a cobrar un copago de 300 o 400 dólares blue a los pacientes que llegaban a sus centros con la cobertura de obras sociales y prepagas. Y aumentó el precio de los tratamientos a los privados.

“Estamos poniendo una parte de pérdida de rentabilidad las clínicas, y otra parte la aporta el paciente -sigue Attie-. Entendemos que un tratamiento de fertilidad sale cuatro mil, cinco mil dólares. No estamos cobrando eso. El copago se charla con el paciente y no es caprichoso, no persigue otra cosa que nivelar un poco tanta desigualdad que nos propone la economía, que nivele la pérdida de poder adquisitivo que tiene el pago de las obras sociales, para poder cumplir con el servicio. Hay un descalce enorme entre lo que se dice desde el gobierno, lo que se pretende hacer y lo que se puede hacer. Hoy no podemos cubrir la práctica”.

Para los pacientes que no pueden pagar, no hay solución. Quedan en lista de espera a ver si en algún momento las cosas mejoran. En las próximas semanas habrá reuniones con el gobierno, los financiadores y entre los propios centros para intentar destrabar de alguna manera todo esto, si se puede.

“Los derechos que garantiza la ley de cobertura comienzan a resquebrajarse”, advierte Maru Pesuggi, activista de redes sobre el tema. Y remarca: “Los insumos importados no están, pero cuando alguien los puede pagar, aparecen”.

La abogada Paula Castro, quien lidera decenas de amparos y también es activista en redes, sugiere a los pacientes pedir primero una especificación a las clínicas de qué insumos están necesitando exactamente, con la justificación y por escrito, para luego reclamar a las obras sociales y al Estado por su cobertura. Y, luego sí, ir por el lado de la Justicia. “Hasta hace un tiempo algunos centros cobraban en dólar oficial, otros en blue, otros pedían billetes, y a una chica hasta le han llegado a pedir euros. Los que tienen el dinero pueden hacerlo y los que no, quedan fuera”, reclama.

Mientras tanto desde la ONG Concebir ven la situación con preocupación, la ubican en el contexto de la crisis, y dicen que esto se está dando en todas las prestaciones de salud, que no se puede hacer mucho más que insistir con el centro.

Sólo el quince por ciento de los tratamientos que se hacen son por vía privada. La mayoría de los centros de fertilidad viven del volumen de las obras sociales y las prepagas. Desde la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (Samer) advirtieron en un comunicado que toda esta situación “está poniendo en riesgo la continuidad de varias instituciones de reproducción”.

Otros dueños de centros dicen por lo bajo que quizás haya centros que acuerden precios bajos con los financiadores y ajusten en la calidad: menor calidad de medicamentos, atención médica, insumos utilizados, resultados. Los resultados por clínicas de fertilidad es un dato secreto que sólo manejan en Samer. Sería fundamental que el Estado pudiera tener esta información y hacerla pública, para evaluar a los centros en función de parámetros iguales.

“Hay una ley promulgada hace diez años que no considera la realidad en la que vivimos. La misma indica que son los financiadores quienes deben hacerse cargo de la cobertura, pero lamentablemente no están en condiciones de hacerlo. Muchas clínicas ante la negativa de los pacientes a pagar dicho copago deciden postergar los tratamientos hasta tener un horizonte más certero”, dice Fernando Neuspiller, director de Wefiv. Y agrega: “Ese es el escenario actual de la medicina en nuestro país, esperamos que los gobiernos y mandos de empresas de salud estén a la altura para cambiar urgentemente el sistema quebrado que día a día se va deteriorando cada vez más”.

Para Ignacio Zúñiga, uno de los directores de Pregna, se trata de un sinceramiento del sistema de salud como sucede en “la mayoría de los países”, como Chile, que se maneja con copagos. “Allá las personas -dice- valoran la salud de otra manera, saben que cuesta dinero y que el esfuerzo se reparte entre todos”. Advierte que en las provincias esto ya es una práctica usual. Y dice que en algunas clínicas, como la suya, se está dando a los pacientes que no pueden, la posibilidad de adherir a un plan de pagos. Y opina: “El amparo no va a conducir a nada. El centro no va a hacer un tratamiento si no hay dinero de por medio. Esa plata en lugar de ir a un abogado, el paciente podría ponerla en dos cuotas del tratamiento”.

* Este artículo sintetiza algunos de los conceptos que trato en mi newsletter “El deseo más grande”. Para recibirlo vía mail, cada quince día, suscribirse sin cargo aquí https://www.infobae.com/newsletters/el-deseo-mas-grande/