A pesar de que la evidencia científica demuestra que la salud física y emocional de los niños y adolescentes que no asisten al colegio se está deteriorando y que los investigadores aseguran que las experiencias de apertura escolar no se correlacionan con un aumento de infectados, y a pesar también de que la transmisión del virus es más probable en las casas que en las escuelas, en nuestro país apenas el 1,1% de los alumnos han vuelto a las aulas.
Contra toda evidencia, la cartera de Educación en Argentina, atrincherada en las primeras hipótesis acerca del coronavirus, no ha promovido el regreso a las aulas ni siquiera en distritos con baja o nula circulación del virus, ha frenado lo más posible los protocolos de vuelta a la presencialidad presentados por la Ciudad de Buenos Aires, se ha alineado con la intransigencia de los sindicatos desoyendo los reclamos del resto de la comunidad -incluidos docentes que no se sienten representados por la posición gremial-, y ni siquiera ha convocado a un diálogo amplio a los distintos actores del sistema para elaborar soluciones alternativas.
La experiencia de otros países tampoco parece haber movido a la reflexión a las autoridades educativas. De hecho, en plena segunda ola de la pandemia en Europa -donde las cifras de contagiados baten récords y varios países implementaron confinamientos más estrictos- los niños siguen concurriendo a los establecimientos educativos con barbijos, alcohol en gel y respetando el distanciamiento social con sus maestros y compañeros.
A menos de un mes del cierre del ciclo lectivo y frente a un panorama incierto para 2021, surgió la organización Padres Unidos, para exigir la vuelta a la presencialidad. El grupo invita a todos los padres a sumarse a esta iniciativa con la firma de una carta y con la presentación de un amparo.
“El regreso a la escuela no puede ser entendido como un todo o nada: el país entero o ningún municipio; todos los alumnos al mismo tiempo o nadie; de lunes a viernes o nunca. Firmá tu adhesión”, sostiene un comunicado publicado en la página web, donde también se puede descargar un modelo de amparo para que otras familias, en otros distritos, puedan hacer el mismo pedido.
“Este es un modelo de amparo para que utilices total o parcialmente si fuese necesario acudir a la Justicia en tu distrito”, explican al advertir que todas las discusiones políticas sobre el tema no encuentran solución y terminan por caer en la grieta.
El amparo, de descarga libre y gratuita en https://padresorganizados2020.ar/amparo, fue redactado por Diego Hammerschlag, profesor de Derecho Constitucional. En el documento se desarrollan los fundamentos jurídicos sobre “la relación del ASPO con los derechos vulnerados, el impacto en la educación de la ausencia de clases presenciales y su relación con el derecho a la igualdad”.
Para estos padres, las horas de Zooms y videos educativos están lejos de representar herramientas idóneas para que los niños aprendan y consideran además que esa exposición prolongada a las pantallas tendrá, tarde o temprano, secuelas para su salud.
Dada la evidencia disponible sobre la circulación de la COVID-19 en espacios cerrados, “¿acaso no es posible recurrir de manera extraordinaria a los espacios abiertos (clubes, plazas, parques, terrazas y patios) para recibir a nuestros hijos y maestros?”, se preguntan estos padres. Y agregan: “¿No es momento de pensar soluciones para que niños y adolescentes recuperen parte de lo perdido como se ha hecho en otros países del mundo?”.
El objetivo de Padres Organizados es lograr que el presidente Alberto Fernández, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y los gobernadores, ministros y secretarios de educación de los diferentes distritos se pongan de acuerdo para declarar la emergencia educativa y ofrecer una planificación concreta con el fin de recuperar las clases presenciales que se ajuste a los diversos escenarios epidemiológicos y socio-económicos de cada lugar del país.
“El año que viene es ya. Y no hay una planificación para el retorno”, se lamentan estos padres con la esperanza de que se multipliquen las presentaciones judiciales y haya un despertar de los jueces para que la educación también sea declarada como una actividad esencial.
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