El Gobierno sostiene que el Presupuesto que se aprobó en Diputados ya no le sirve porque vulnera el déficit cero

La Libertad Avanza obtuvo ayer la media sanción del Presupuesto 2026 que impulsa en sesiones extraordinarias. Sin embargo, en la votación realizada esta madrugada en la Cámara de Diputados se lograron aprobar todos los apartados salvo el Capítulo XI, el más central de todos ellos, ya que contenía la derogación de leyes que el Gobierno consideraba inviables para el ahorro fiscal que promulgan desde el Ejecutivo, como la de Emergencia en Discapacidad o la de Financiamiento Universitario.

La Casa Rosada tiene la certeza de que el proyecto que se remitirá al Senado no le sirve para la sanción definitiva. “Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, afirmó en altas horas de la madrugada a Infobae una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo. Con la eliminación del Capítulo XI del proyecto, consideran que están forzando al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que el Gobierno considera inaceptable.

Para la administración nacional, el foco del debate no es técnico ni reglamentario, sino político y económico: déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. Para los libertarios, las dos leyes que continúan vigentes generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit fiscal, y consolidan un presupuesto que no le sirve al Gobierno para cumplir ese mandato electoral.

Es por eso que de acá en adelante el oficialismo debe elegir la estrategia legislativa a adoptar en las próximas semanas.

A priori, en ciertos despachos del Poder Ejecutivo consideran que deben demorar el envío del Presupuesto al Senado e intentar patearlo lo máximo posible a la espera de que primero se trate el proyecto de Modernización Laboral. El oficialismo podría apostar por movilizar de manera exprés un cambio en la redacción del proyecto y volver a incluir el Capítulo XI. Así, el proyecto debería volver a la cámara de origen, pero el Gobierno no tiene los números para insistir con su versión.

Una alternativa que parece imponerse por estas horas es la de vetar el propio presupuesto, ya que los bloques abiertamente opositores tienen incentivos para que salga el proyecto tal y como está.

“Solo Discapacidad son 5 puntos del PIB”, se limitan a decir desde el Poder Ejecutivo. Tal y como adelantó Infobae, pese a fallos judiciales, el Gobierno no está aplicando los fondos de esa ley (así como sucede con la de Financiamiento Universitario) porque se amparan en la postura de que no tienen presupuesto asignado. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, marcan.

Así, varios sectores del oficialismo coincidían de que era mejor de que el responsable de abroquelar el superávit fiscal del Gobierno, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, vuelva a tener en 2026 un manejo discrecional de los fondos. “Va a tener que seguir armando el Excel”, bromeaban en altas horas de la madrugada.

La administración nacional de Javier Milei se convirtió en la primera gestión en prorrogar dos veces consecutivas un presupuesto nacional. Así, durante el 2024 y el 2025 estuvo vigente el texto calculado para 2023. Esto le permitió al oficialismo poder llevar a cabo de manera más sencilla el recorte fiscal en diversas áreas de la administración pública. El Ejecutivo no tuvo intenciones reales de que la Ley de Leyes saliera en los años anteriores, pero sí en este, ya que buscaba tener previsibilidad del gasto propio, algo por lo que también presionan gobernadores y el FMI.

La Cámara de Diputados logró aprobar el Presupuesto en general con 132 votos. Se trata de la primera ocasión en la que el oficialismo consigue una media sanción de este tipo de iniciativas, marcando además el debut de la nueva composición del recinto, que tiene a La Libertad Avanza con 95 bancas propias y como primera minoría.

A horas de que iniciara la sesión especial, tanto fuentes de la Casa Rosada como negociadores libertarios en la cámara baja eran optimistas respecto a la votación en general del proyecto y de todos sus apartados. La única excepción era el artículo 75, el cual derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

Dada la incertidumbre sobre ese punto, los estrategas parlamentarios de LLA propiciaron en la reunión de Labor Parlamentaria que se votara por capítulos y no por artículos. La esperanza era que la oposición se viera forzada a aprobar el Capítulo XI. Finalmente, el plan libertario no terminó funcionando, consiguiendo 117 votos afirmativos contra 123 negativos y 2 abstenciones.

Varios gobernadores de la oposición dialoguista habían avisado horas antes que iban a llamar a sus diputados a votar contra el capítulo. Entre este grupo, el oficialismo coloca a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta); a los que el Poder Ejecutivo les brindó importantes cifras en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Pero hay tres mandatarios que se dieron vuelta a último momento: Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco). La actitud sorprendió hasta a los principales negociadores del Gobierno, ya que estos este último fuer aliado electoral de La Libertad Avanza en octubre, mientras que el gobernador patagónico había mantenido una campaña cordial con los libertarios en su provincia.

En las filas del oficialismo también sorprendió que se abstuviera el diputado nacional por Entre Ríos, Darío Schneider, quien ingresó por la boleta de La Libertad Avanza a pedido de la alianza con Rogelio Frigerio, aunque sus otros dos diputados votaron a favor con el Gobierno. También hubo fuertes críticas a la conducción del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) por no poder retener los votos de su propio bloque. Quien lo preside es la mendocina Pamela Verasay, mano derecha legislativa de Alfredo Cornejo.

Como parte de las negociaciones entre la Nación y los jefes provinciales, el Gobierno condensó en las últimas dos semanas el 33% de las transferencias de ATN a seis provincias en total. Estos fueron destinados a Tucumán ($ 20.000 millones); Misiones ($ 12.000 millones); Chaco ($ 11.000 millones); Catamarca ($ 10.500 millones); Entre Ríos ($ 7.000 millones); y Salta ($ 6.000 millones). Esto no surtió efecto para que la mayoría de estos acompañaran al oficialismo en la votación por el Capítulo XI.