El Procurador general pidió postergar el inicio del sistema acusatorio en los juzgados de Comodoro Py previsto para el lunes

El jefe de los fiscales, Eduardo Casal, dijo que no se oponen al nuevo ordenamiento, sino que advierten que con la estructura actual no podrán hacer frente a todas las investigaciones en tiempo y forma

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Eduardo Casal
Eduardo Casal

El problema son los recursos, no el sistema”, sostuvo Eduardo Casal, procurador general interino, durante una entrevista en Radio Mitre con Eduardo Feinmann, al ser consultado sobre la inminente implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py. Casal remarcó que dentro del Ministerio Público Fiscal no hay objeciones sobre el cambio: “Ni yo, ni ninguno de mis colaboradores, ni de los fiscales del cuerpo están en contra del sistema acusatorio. Nadie está en contra del sistema acusatorio. Al contrario. Y de hecho, el sistema acusatorio ya se ha implementado en la mitad del país, en la mitad de las jurisdicciones del país, y con mucho entusiasmo de parte de todos los operadores y de mucho esfuerzo”.

Sin embargo, advirtió sobre un punto central: la falta de recursos. “El sistema acusatorio es un verdadero cambio de paradigma en las funciones del organismo. Tradicionalmente, en materia penal, el Ministerio Público obraba como un órgano de la acusación frente a los tribunales. Con el sistema acusatorio o adversarial, el Ministerio Público pasa a ser el titular de la acción penal y a ser un organismo de la persecución y de la investigación. Con lo cual, tiene muchas más funciones a su cargo y precisa más recursos”, precisó. Para Casal, este nuevo proceso “requiere una nueva arquitectura de organización, hasta de infraestructura. No es que frente a un tribunal hay un fiscal, sino una organización de tipo dinámico a partir de unidades fiscales con distintos integrantes que tienen una distribución de trabajo en función de criterios objetivos como la especialidad o la complejidad de los casos”.

Consultado sobre la inminente entrada en vigor del sistema acusatorio en Comodoro Py, Casal explicó: “Hoy por hoy hay una resolución del Ministerio que así lo indica. También puede modificarse. Veremos qué pasa”. Al respecto, reconoció que existe la posibilidad de otra prórroga y lo vinculó directamente a la disponibilidad de recursos: “El problema son los recursos. Es un problema no solamente referido al ámbito de la justicia federal y penal económico de la ciudad de Buenos Aires, quiero aclararlo. Es respecto de todo el país en relación con el funcionamiento de este sistema. Porque se está procediendo conforme, creo yo, con acierto a un sistema de implementación progresivo. Se va implementando por provincias o por jurisdicciones federales. Esto permite focalizar la atención al momento de la implementación en cada una de ellas, a fin de proveerla de los... hacer un diagnóstico de cuál es la situación, qué es lo que se precisa y de proveer a esas necesidades”.

El procurador interino también hizo referencia a las vacantes y las dificultades para designar fiscales: “El problema de las vacantes no es un problema de los últimos tiempos. Estas dificultades de la fluidez de las designaciones viene ya desde hace bastante tiempo. Yo por lo menos, que recuerdo desde que estoy a cargo, se han llevado a cabo solamente nueve designaciones. Cinco de las cuales correspondían a concursos que se concluyeron durante mi gestión actual”. Siguió: “No es algo propio de los últimos tiempos. Lo mismo puede presentarse respecto del Poder Judicial y de la Defensoría”.

Sobre el impacto de estas vacantes en el sistema judicial, Casal aclaró: “Hay que sacar o desmitificar el hecho de que por más que tengamos vacantes es como que la justicia estaría funcionando al cincuenta por ciento. Y no es así. Hay leyes que disponen cómo se procede con los reemplazos, cómo se nombran funcionarios interinos, es decir, a través de la Ley de Ministerio Público que establece ese sistema y de las reglamentaciones que se han dictado al efecto”. No obstante, subrayó: “Los procesos de designación deben cumplirse”.

En otro tramo de la charla, Casal repasó su extensa gestión al frente de la Procuración General, marcada por la falta de consenso en el Congreso para designar un nuevo procurador. “Haber atravesado tres administraciones y ocho años es un periodo largo, en el cual han pasado muchas cosas. Hemos atravesado una pandemia que fundamentalmente nos cambió el modo de trabajar, se aceleró el trabajo a distancia, el expediente digital. En fin, muchas transformaciones”, repasó. Añadió: “Hemos atravesado también un periodo adverso, si se quiere, desde el punto de vista institucional, con algún intento de modificación de la ley de Ministerio Público para, fundamentalmente, aligerar las mayorías necesarias en el Senado para el acuerdo del procurador general”.

Sobre este asunto, fue categórico: “En este momento, el procurador general se designa, lo designa el presidente con un acuerdo de dos terceras partes del Senado, lo que le brinda una base de consenso suficiente y representativa”. Señaló que los intentos de reducir esa mayoría necesaria “es una situación de riesgo. Lo importante siempre es afirmar dos valores que están en la Constitución, después de la reforma de 1994, que son la independencia y la autonomía del organismo y de los fiscales que lo integran. Y esto es un valor permanente, es una garantía para todos”.

Ante la pregunta sobre si existieron intentos políticos para “llevarse por delante” instituciones como la Corte o la Procuración, Casal prefirió centrarse en conceptos institucionales: “Hay que tener cuidado cuando se habla de que la justicia es un servicio. No, el Poder Judicial es un auténtico poder y tiene un rol de resguardo de los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos. Y en ese sentido es una barrera, aún en los casos individuales, de los desbordes o de los posibles desbordes o abusos del poder político coyuntural”.

Finalmente, el procurador interino remarcó la importancia del diseño constitucional: “Toda la Constitución tiene ese diseño. Por eso empieza con las declaraciones, derechos y garantías, los enunciados, que no son exhaustivos, sino que son ejemplificativos de los principales principios del sistema republicano. Luego establece una estructura de manejo del poder, de funcionamiento de los órganos de gobierno del Estado, que apuntan al sistema de frenos, controles y contrapesos destinados a afirmar la vigencia de esos derechos fundamentales y que no sean llevados por delante por mayorías circunstanciales”.

Casal, consultado sobre su bajo perfil, expresó: “Soy de la idea que uno, en función de la tarea que tiene, mucho no puede hablar, ¿no es cierto? Habla por sus actos funcionales. De vez en cuando, como en este caso, es necesaria la comunicación con la audiencia en términos más coloquiales”.

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