La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires celebra una audiencia determinante para abordar el pedido del gobierno nacional de reimprimir las boletas de La Libertad Avanza, tras la salida de José Luis Espert de la lista y la pretensión de que Diego Santilli encabece la nómina.

La sesión, realizada en el Juzgado Federal con competencia Electoral de La Plata, cuenta con la presencia de apoderados partidarios, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, funcionarios de su área y autoridades del Correo Argentino, pone el foco sobre los plazos y la factibilidad operacional de modificar la oferta electoral a menos de tres semanas de la votación.

El Juez federal, Alejo Ramos Padilla, fue categórico con una advertencia que da una pista concreta sobre su postura: “La impresión de la boleta única insumió aproximadamente quince días en el proceso anterior, lo que obliga a considerar los plazos operativos para evitar retrasos que puedan afectar el acto electoral”.

El magistrado enfatizó que cualquier medida adoptada no debe poner en riesgo la correcta realización de la elección ni el acceso al voto de la población. Según enfatizó la Junta Electoral, garantizar la posibilidad de que los catorce millones de votantes bonaerenses encuentren el instrumento correcto en cada mesa es la máxima prioridad del proceso.

“Nos vamos a reunir, entre hoy y mañana tomaremos una decisión. Quedó claro que la situación es muy compleja en cuánto a los términos”, dijo Ramos Padilla al salir de la audiencia en La Plata; a la vez aseguró que “la audiencia de hoy se centró fundamentalmente en las cuestiones logísticas, pero hay cuestiones jurídicas y ver cómo influye el precedente para otros casos análogos y quedó claro los costos y otros trabajos que lleva adelante la Justicia Electoral para la elección del 26 de octubre”.

Se espera que entre este miércoles y el jueves, Ramos Padilla junto a la Junta Electoral definan. Sea cual sea la resolución, habrá una apelación de cualquiera de las partes y al darse esa instancia los tiempos para la logística de la reimpresión y distribución de boletas y talonarios, será exiguo.

En la misma audiencia se presentó Eduardo López Wesselhoefft, apoderado de Fuerza Patria, quien expuso la postura de la alianza ante la controversia, subrayando la importancia del “bien jurídico protegido” y la integridad del proceso electoral.

“Ni el Partido Justicialista ni los partidos que le integran vienen con mal ánimo a esta audiencia. Comprendemos la situación planteada que, a juicio sincero, le podría haber pasado a cualquier partido. Pero acá tenemos que pensar primero en el bien jurídico protegido”, afirmó López Wesselhoefft durante su intervención, a modo de introducción.

Al abordar el núcleo del debate, el representante del peronismo apuntó: “En materia de oficialización de boletas, se encuentra comprometido el orden público. Desde que todo lo atinente a la cuestión excedente al mero interés de las partes, pues las normas que la regulan tienen por finalidad primordial asegurar el honesto desarrollo de la lucha política y el juego limpio que debe presidir la práctica de la democracia”.

La preocupación por los plazos y la organización del proceso electoral fue otro de los ejes de su exposición. “El acto electoral, si se modifican los talonarios de boleta, corre serio riesgo de no hacerse o, si se hace, se va a hacer de una manera sumamente apurada, no garantizando precisamente el bien jurídico protegido que es el instrumento de votación”, advirtió López Wesselhoefft ante los funcionarios y autoridades presentes.

Al fundamentar su oposición a la reimpresión de boletas, López Wesselhoefft enfatizó que el proceso electoral ya había superado etapas clave como la audiencia de sorteo, la exhibición y la orden de impresión de boletas- “Fuerza Patria no le encuentra sentido a la reimpresión. La ciudadanía ya tiene casi decidido el voto. No creo que haya nadie que reciba el talonario, vaya al biombo y se fije en las fotos. Por eso creo que es todo un cambio que no tiene utilidad, porque las boletas, a través de la extensión de los colores, los símbolos, la paloma que tiene la libertad, no produce confusión”.

Todos los apoderados que hicieron uso de la palabra se opusieron a la reimpresión de la BUP, como solicitó LLA. La mayoría de las alianzas expusieron el costo que implicaría mandar a imprimir nuevas boletas. En LLA ratificaron que estaban en condiciones de hacerse cargo del costo de reimpresión.

“Todos aquellos que estamos involucrados en este proceso electoral tenemos una boleta que nos pertenece a todas las fuerzas políticas y que alguien diga que va a financiar nuestra participación con dinero privado, cuando justamente el origen de la renuncia del diputado Espert es el origen ilícito de aportes de campaña. O sea, aquellos que declaradamente dicen haber violado los códigos de aporte para una campaña habiendo recibido dinero del narcotráfico, nos prometen que nos van a pagar la boleta. Yo no tengo ganas, su señoría, de que a mí me pague la boleta el Cartel de Medellín. Así que yo agradezco la oferta de La Libertad Avanza, pero no corresponde porque esta boleta la tiene que pagar el Estado", planteó el candidato del partido Nuevos Buenos Aires, Santiago Cúneo.

Mientras que en los argumentos expuestos por el apoderado de la alianza LLA, Luciano López Alvariño -del PRO-, se planteó que el costo correría por la fuerza política. Algo que la Justicia rechazó. Sin embargo, Catalán advirtió que los fondos “están disponible”, más allá de la fuerza política que lo requiera. “Desde, desde nuestro punto de vista, llevamos adelante todo el proceso licitatorio en cada una de las áreas, de una manera tan transparente y tan eficiente que la partida presupuestaria prevista por Hacienda resultó con un excedente de 15.500 quinientos millones de pesos, que hoy están en la cuenta del Ministerio del Interior disponible. Eso va a ser utilizado en el caso de que la Justicia decida la impresión de las nuevas boletas o será devuelto a Hacienda una vez concluido el proceso elección”, contestó el ministro del Interior.

El costo de reimprimir las boletas electorales con los nuevos candidatos de la alianza libertaria podría superar los $12.169.655.000, según un informe oficial del Ministerio del Interior. Esta cifra, recabada por el Correo Argentino tras consultar a las imprentas habilitadas, refleja la magnitud logística y presupuestaria que implicaría modificar las papeletas ya impresas y listas para su distribución en la provincia.

El informe remitido por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, al juez Ramos Padilla detalla que el Ministerio del Interior dispone de los créditos presupuestarios necesarios para afrontar el gasto de reimpresión, que solo requeriría una nueva adenda con el Correo Argentino y no un proceso licitatorio adicional; algo que luego ratificó en la audiencia.

Mientras tanto, el Gobierno se prepara para apelar el fallo del juez electoral Alejo Ramos Padilla, que rechazó el pedido de la alianza La Libertad Avanza para que, tras la baja de José Luis Espert, la boleta sea encabezada por Diego Santilli.

La estrategia oficial apunta a que la Cámara Nacional Electoral autorice el corrimiento formal de la lista, permitiendo que Santilli figure como primer candidato, aunque su imagen no aparezca en las boletas ya impresas.

El debate interno sobre la posición de Karen Reichardt en la lista también se intensificó. Aunque circulan rumores sobre su posible renuncia, al menos dos fuentes oficiales aseguraron que “no está en estudio que se le pida la renuncia a Reichardt”.

En la Casa Rosada, los principales asesores de Javier Milei consideran que la reimpresión de boletas es inviable por cuestiones de tiempo y logística, pero insisten en lograr el reconocimiento formal de la candidatura de Santilli. “Lo de la boleta ya está porque aunque tengas que apelar, no llegás; pero sí la confirmación de que el otro es el candidato y tratar de hacer el corrimiento formal”, explicó una fuente de la mesa chica libertaria.