El Gobierno libertario se prepara para enfrentar, en caso de ser confirmada en las próximas 48 horas, una sesión con dos potenciales derrotas de difícil digestión para la Casa Rosada: un conglomerado senatorial opositor y en plena campaña electoral rechazará -Diputados ya lo hizo- este jueves los vetos que Javier Milei aplicó a las leyes que declara la emergencia pediátrica por un año -hospital Garrahan como emblema- y que blinda el presupuesto de universidades públicas.

Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas precisarán dos tercios para incluir a ambas sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para votar. Esto no será un problema. En la Cámara alta, los textos fueron sancionados por amplio margen el 21 de agosto pasado: el primero obtuvo 62 adhesiones, mientras que el segundo logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.

En dicho encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue rechazado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni- y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).

Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia Bullrich- Carolina Losada (Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

Se espera que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, convoque a los jefes de bloque de la oposición y el oficialismo para determinar, en la reunión de Labor Parlamentaria -martes por la tarde, en principio-, el temario para el eventual convite del jueves.

A los vetos se añadiría el pliego que prorroga, por cinco años, el trabajo de de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones ,Mirta Delia Tyden, que se dictaminó el jueves pasado en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda la legisladora larretista Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires).

Como sucedió en otras ocasiones, hay iniciativas ya despachadas y con diversos pedidos realizados por la radical -aunque tributa en Provincias Unidas- Edith Terenzi (Chubut) que, de a poco, se suman para avanzar en el recinto.

Tampoco hay que olvidar lo que el titular del Frente de Todos, José Mayans, planteó en la última sesión: “Estamos charlando con los presidentes de las distintas bancadas. También tenemos conversaciones con diputados, y vamos a declarar el sistema nuclear argentino como un bien público, estratégico, no enajenable, por lo que representa el sistema nuclear argentino”. Hasta anoche, no había novedad alguna.

Al margen de todo lo que ocurrirá en el recinto, el Senado estará cargado de comisiones entre mañana y el miércoles, con proyectos que no pudieron discutirse días atrás por faltazos de varias bancadas opositoras. Sí piensan asistir cuando aparezca un ramillete de interpelaciones a funcionarios libertarios. Ocurrirá pasado mañana.