La Oficina Anticorrupción aprobó la “Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional”, un documento que establece lineamientos y estándares comunes para el diseño de políticas de ética y transparencia dentro de la administración pública. La medida, dispuesta a través de la Resolución 12/2025, busca fortalecer la integridad institucional y prevenir hechos de corrupción mediante la adopción de buenas prácticas y herramientas de monitoreo.

La presentación formal del documento es el resultado de un proceso coordinado por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia que contó con los aportes del Observatorio de Políticas de Integridad, destinado a “contribuir en el diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas sobre integridad y transparencia, como así también a fortalecer la articulación y sinergia entre los distintos organismos públicos”. Se trata de un organismo integrado por organizaciones no gubernamentales, cuyo objeto se relaciona con las políticas anticorrupción, universidades y otras instituciones académicas y por cámaras.

La normativa establece directrices que serán difundidas entre los distintos organismos a través de la Red de Enlaces de Integridad, creada en 2019 y que, a través de ella, se “materializa el acompañamiento institucional y la cooperación que la Oficina Anticorrupción brinda a los distintos organismos, constituyéndose como un canal formal y coordinado en cuyo ámbito se articulan acciones, se comparten buenas prácticas y se fortalecen capacidades institucionales”.

La iniciativa está destinada a definir “lineamientos comunes y estándares de calidad para el diseño e implementación de dichos Programas, preservando la unidad de criterio, asegurando su eficacia y adecuación a las mejores prácticas internacionales”, en referencia a los Programas de Integridad que impulsen los distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional.

El manual aborda desde la planificación estratégica, el análisis y gestión de riesgos, hasta la implementación de mecanismos de control, la promoción de una cultura organizacional de ética y la gestión de conflictos de intereses, es decir que “adopta un enfoque metodológico integral, que comprende desde la planificación hasta el monitoreo y evaluación, e incorpora componentes esenciales”.

Entre los componentes esenciales que la conforman se destaca la promoción de una cultura organizacional de ética y transparencia, la gestión de conflictos de intereses y de declaraciones juradas, la integridad en las contrataciones, la participación ciudadana y la implementación de mecanismos de denuncias y consultas. Mientras que en “su primera parte se ofrecen orientaciones para construir capacidades sostenibles que consoliden prácticas perdurables en el tiempo”.

Dentro de los argumentos mencionados, la Oficina Anticorrupción se basa en las obligaciones asumidas por la Argentina en la lucha contra la corrupción, fijando criterios de prevención y mecanismos para la detección, minimización y sanción de irregularidades que puedan darse en el ámbito estatal, detallando que el país “ha suscripto la Convención Interamericana contra la Corrupción (Ley Nº 24.759), la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales (Ley Nº 25.319) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley Nº 26.097)”.

La estrategia se apoya en el marco legal argentino que comprende la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 27.401), el Código de Ética Pública y otras normas concordantes, así como en instrumentos como el Plan Nacional Anticorrupción y la Estrategia Nacional de Integridad.

El documento publicado hoy en Boletín Oficial se promoverá “a nivel federal, con el propósito de aportar herramientas teóricas y prácticas para la implementación de políticas de integridad en los niveles provinciales y municipales”. La resolución, firmada por el titular del organismo Alejandro Melik, será distribuida a los organismos pertinentes por la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, a través de la Red de Enlaces de Integridad.