Cecilia Goyeneche ocupó un lugar central en los medios de comunicación unos años atrás. Fue cuando denunció que había sido suspendida y luego removida de su cargo por investigar la corrupción en la provincia.

Su proceso llegó a la Corte Suprema. El máximo tribunal decidió que se habían violado garantías en el debido proceso. Y ordenó anular su remoción y realizar otro.

Mientras la Justicia da pasos lentos en ese sentido, el Fiscal General Jorge García dispuso que sea repuesta en su cargo de Procuradora Adjunta. Como el trámite de jury en su contra aún no concluyó, Goyeneche se reintegró en calidad de suspendida. Esto implica que no cumple funciones, pero percibe el 70% de su salario.

Por otro lado, su regreso al MPF no la reinstalará como fiscal anticorrupción. Este cargo se lo había dado García ante la ausencia de un marco legal y una designación de un titular de la Fiscalía Anticorrupción que creó la Constitución de 2008 en Entre Ríos.

Pero en el interín la Legislatura provincial sancionó una ley regulatoria. La norma fija un proceso de selección a través del Consejo de la Magistratura y la imposibilidad de que el cargo sea subrogado. Esto implica que, o se designa por concurso o el lugar permanecerá vacante.

Esta semana, Goyeneche reapareció como funcionaria pública de la Justicia. Fue durante la reunión del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.

El encuentro se concretó entre el jueves y el viernes en un hotel 5 estrellas ubicado en Puerto Iguazú, con vista a las cataratas y precio en dólares de la habitación por noche. Goyeneche se sumó por teleconferencia desde Paraná. El Procurador García y otros 18 integrantes de los Ministerios Públicos siguieron con atención sus palabras desde el salón de deliberaciones

El cónclave sirvió para renovar las autoridades de la Comisión Directiva del Consejo. Jorge Canteros, de Chaco, fue confirmado como presidente. José Geréz (Neuquén) y el entrerriano García ocuparán las vicepresidencias. Juan Bautista Mahiques, Procurador de la Ciudad de Buenos Aires, será vocal de la entidad.

En el año 2021, los abogados radicales Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet denunciaron a Goyeneche y a García por incumplimiento de sus funciones. El cargo estaba relacionado con el accionar de ambos en la denominada causa “Contratos truchos”. La investigación se centraba en el cobro indebido de contrataciones de la Legislatura provincial, cuyos fondos terminaban en la política. Algo similar a lo ocurrido en provincia de Buenos Aires con el caso de Julio “Chocolate” Rigau.

Pagliotto y Mulet consideraron que Goyeneche y García habían centrado en la investigación en personas de niveles inferiores de la organización. En paralelo, había evitado apuntar hacia legisladores y autoridades de las Cámaras.

Además, revelaron que Goyeneche tenía coexistencia con uno de los principales imputados a través de su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi.

En razón de esta presentación se concretó un jury contra Goyeneche. García lo evitó debido a un vacío legal: la Constitución no es clara sobre el mecanismo de remoción del Procurador General. No deja sentado si es a través del jurado de enjuiciamiento o vía juicio político.

El sistema de jury en Entre Ríos establece que es el Procurador, o uno de sus subordinados, quien debe acusar en estos procesos. Para evitar el ridículo, se seleccionó a un integrante de la lista de conjueces del Superior Tribunal a fin de que oficie de acusador ad hoc. La responsabilidad, después de varias excusaciones, recayó en el abogado Gastón Justet.

La exfiscal siempre atribuyó el caso de remoción a una intervención del peronismo. En la maniobra, según su teoría, tendrían un rol central los ex gobernadores Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.

El jury destituyó a Goyeneche con base en las pruebas presentadas durante las audiencias. Pero la Corte Suprema consideró que se vulneraron garantías del debido proceso al remover del caso al órgano acusador, es decir al Ministerio Público Fiscal. Por eso dispuso declarar nulo el fallo del jurado de enjuiciamiento. Y ordenó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que emita una sentencia convocando a un nuevo jury.

La reedición del proceso contra Goyeneche está empantanado por cuestiones operativas. Sólo uno de los nueve integrantes del STJ puede intervenir en el nuevo fallo. Los demás, que ya intervinieron en instancias anteriores, tienen que excusarse. El alto cuerpo, entonces, debe completarse con camaristas. En la selección se considera a integrantes de los fueros civil, penal y laboral.

Lo mismo ocurrirá cuando se tenga que constituir el jurado de enjuiciamiento que reeditará el proceso contra Goyeneche. Muchos de sus integrantes deberán apartarse y ser reemplazados por suplentes. El punto final de la historia está lejos.

Mientras tanto, la ex fiscal anticorrupción abrió el paraguas: se anotó para el concurso que cubrirá un cargo en la Justicia Federal de Paraná. Se trata de la vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal.