Luego de que el ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich y la ex ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible Marta Soneira fueran citados a indagatoria, el fiscal federal Carlos Amad anticipó que analizará la posibilidad de procesar a ambos funcionarios por la causa que investiga una supuesta entrega irregular de tierras durante la pasada administración.

“Hay cosas que siguen sin cerrar”, planteó el investigador, luego de que terminara la audiencia. En esta oportunidad, el ex mandatario provincial se presentó a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, no se mostró abierto a responder preguntas.

A pesar de esto, la defensa de Capitanich entregó un escrito formal, en donde el ex gobernador se defendió de las acusaciones. En el documento aseguró que no habría tenido ningún tipo de participación directa en la entrega de tierras, ya que solo se habría encargado de ratificar las adjudicaciones realizadas por el Instituto de Tierras para aquella que superaban las 300 hectáreas.

De acuerdo con la información a la que accedió Diario Chaco, el ex jefe de Estado provincial sostuvo que esto habría sido una “obligación legal” y remarcó que en el acto participaba más de “media docena de órganos de control”, que habrían analizado la condición en la que se habría realizado la entrega de tierras.

Por su parte, la ex ministra Soneira recurrió a la misma estrategia, debido a que también presentó un escrito y evitó responder las consultas de la Fiscalía. Además, en la misma audiencia prestaron declaración otras dos personas que estarían involucradas en la causa.

A partir de estas declaraciones, el fiscal Amad señaló que los siguientes pasos corresponderán a concluir con la etapa de recopilación de testimonios y evidencias que pudieran contribuir a la investigación. Asimismo, afirmó que no le sorprendió que los ex funcionarios recurrieran a la opción de prestar declaración por escrito.

“Ahora cuando declaren todos voy a analizar todas y cada una de las cosas que dijeron, o que dicen, obviamente, en los descargos. Lo voy a confrontar con la prueba, y vamos a ver cómo seguimos”, explicó, para luego destacar que, bajo su punto de vista, “hay cosas que siguen sin cerrar”.

En línea con esto, apuntó que “hay algo que ellos no pueden explicar, que es el cómo le entregaron tierras a los socios de la ministra”. Además, indicó que las defensas de ambos habrían estado basadas en estrategias políticas, luego de que el ex gobernador asegurara que se trataría de una “persecución política en plena campaña electoral”.

Tras señalar que el proceso en su contra sería “absurdo”, Capitanich afirmó que la causa no tendría sustento y pruebas que la respaldaran. Previo a este descargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia había rechazado por unanimidad los planteos de nulidad presentados por sus abogados y los del resto de los imputados, según la información publicada por Diario Norte.

En la resolución, las juezas Patricia García y Rocío Alcalá consideraron que el requerimiento de instrucción “describe el hecho investigado con especial referencia a conductas específicas”, lo que permitiría tipificar adecuadamente los hechos y sustentar una sospecha razonable. También subrayaron que en esta etapa procesal no se exige certeza plena, sino la existencia de elementos que justifiquen la continuidad de la investigación.

La defensa del ex mandatario chaqueño había argumentado que su participación se limitó a la firma de decretos de adjudicación de tierras, un procedimiento formal requerido por la Ley 471-P para parcelas superiores a 300 hectáreas, sin que ello implicara decisiones arbitrarias.

Anteriormente, la ex jueza y exministra de Seguridad Gloria Zalazar, representante legal de Capitanich y Soneira, cuestionó la claridad de la acusación y la solidez de las pruebas, al indicar la supuesta ausencia de una “descripción clara del hecho delictivo”. Además, denunció un presunto “uso fragmentado y tendencioso de las pruebas”.

Estos planteos defensivos ya habían sido desestimados en primera instancia, lo que motivó la presentación de una apelación por parte de los acusados.

Actualmente, la causa cuenta con un total de seis imputados, que son investigados por presunta defraudación contra la administración pública, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Maniobras que se habrían concretado a través de la supuesta entrega irregular de tierras durante las gobernaciones de Capitanich.

A raíz de esto, el ex gobernador fue imputado como presunto autor de fraude en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, lavado de activos agravado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Respecto a la situación de Soneira, se le atribuyeron los mismos cargos junto con la figura de enriquecimiento ilícito.