Entre las germinaciones de problemas sin resolver y, en pleno asedio opositor contra el Gobierno libertario, senadores otrora dialoguistas y ex aliados de la comisión de Acuerdos presentaron un proyecto para que la Casa Rosada remita “con la mayor celeridad” a la Cámara alta “los pliegos correspondientes a las vacantes de magistrados del Poder Judicial de la Nación, como así también los pliegos relativos a fiscales y defensores nacionales”.

“La cobertura oportuna de dichos cargos resulta de vital importancia para garantizar el adecuado funcionamiento de la administración de justicia y el fortalecimiento de la institucionalidad de la República”, indica parte de los argumentos la iniciativa firmada por la senadora larretista y titular de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, quien desde diciembre ocupará una banca en la Legislatura porteña. El texto también fue firmado por el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) e integrante del Consejo de la Magistratura, Eduardo Vischi (Corrientes), así como el experimentado peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta).

En los fundamentos también se detalla que “resulta significativamente alarmante la cantidad de cargos vacantes existentes de magistrados, fiscales y defensores que, en su conjunto, conforman las tres partes fundamentales en un proceso judicial”. En esa línea, se advierte: “Contar con el gran número actual de Juzgados Nacionales y Federales, Defensorías y Fiscalías acéfalas no hace más que dañar el funcionamiento del sistema judicial, siendo la cobertura de vacantes y la agilización de los procesos esenciales para asegurar el pleno acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos de todos los habitantes de la Nación".

Por otra parte, Tagliaferri, Romero y Vischi indican que “en cuanto a las vacancias de magistrados del Poder Judicial, según un informe datado con fecha 14 de agosto del corriente año del Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de llevar adelante los concursos públicos para los cargos vacantes, al día de hoy existen un total de 337 vacantes actualmente distribuidas entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Consejo de la Magistratura. Específicamente, 184 de estas vacantes se encuentran ya elevadas al Poder Ejecutivo Nacional (dos con Acuerdo del Senado otorgado, pero sin nombramiento efectuado) y 153 se encuentran en trámite dentro del Consejo de la Magistratura“.

Los legisladores luego manifiestan: “De las 153 en trámite, 138 corresponden a concursos ordinarios y 15 a concursos anticipados. A su vez, de aquellos en trámite, 136 son para tribunales habilitados y 17 para tribunales no habilitados. En múltiples anuncios el Gobierno Nacional ha declarado que remitiría prontamente al Senado de la Nación los pliegos en cuestión. Por ello la comisión de Acuerdos se ha mantenido atenta a ese envío con el fin de actuar con la mayor celeridad y responsabilidad en la tarea, entendiendo la urgencia y delicadeza que el tema conlleva”.

“Todos hemos hecho gestiones por los cargos pendientes; incluso, la señora presidenta. Sin ningún éxito hasta ahora; no hemos obtenido nada. No sé, pensemos acá. Hay dos posibilidades: o la Comisión hace una resolución instando al Poder Ejecutivo –y, si es que cabe, que mande los pliegos– o en el recinto aprobamos una resolución en igual sentido. No se me ocurre otra cosa más que una expresión política de la Comisión o del Cuerpo, porque en cuanto a la necesidad de cubrir los cargos estamos todos de acuerdo. Tal vez, por ahí, podemos evitar seguir con este bloqueo y aprobar algo de común acuerdo que sea positivo”, reflexionó Romero en la reunión de la comisión de Acuerdos, consumada el 20 de agosto pasado.

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, firmó días atrás una resolución para otorgar la categoría más alta a cuatro agentes temporales que responden a la senadora misionera renovadora Sonia Rojas Decut. Fue, junto a su colega Carlos Arce -quien contrató a una modelo y la removió en menos de 20 días, como contó meses atrás Infobae-, quienes dinamitaron en el recinto la ley de Ficha Limpia, pese que ambos se habían comprometido, con declaraciones públicas, a acompañar la iniciativa. La decisión oficial -decreto 457/25- está habilitada por los módulos que tiene a disposición dicha bancada.