"Nunca he visto una adulteración de medicamentos con tantos fallecidos y que nada pase“, afirmó Graciela Ocaña, legisladora porteña y candidata a senadora nacional, en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Las declaraciones de la exministra de Salud se centraron en los vínculos de Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, con el kirchnerismo y la gravedad del caso de los medicamentos contaminados que provocaron casi 100 muertes. Ocaña advirtió sobre la “indignación enorme” detrás del caso y puso la lupa sobre relaciones políticas e intereses en torno a la industria farmacéutica argentina.

Ariel García Furfaro comenzó su recorrido profesional lejos del sector farmacéutico. "Era verdulero, de verdulero a manejar laboratorios“, recordó Graciela Ocaña, quien trazó un repaso de los orígenes del empresario en la zona oeste del conurbano bonaerense. Su salto al mundo de los laboratorios se dio en 2018, cuando adquirió un laboratorio de la familia López Bernabó, reconocida en el mercado farmacéutico argentino.

La legisladora señaló que su vínculo con el kirchnerismo se construyó a través de Salinas, socio de García Furfaro en Laboratorios Ramallo, nombre que aparece mencionado en las causas judiciales relacionadas con la mafia de los medicamentos y la efedrina. “En los últimos años, García Furfaro aparece como el promotor y negociador de las vacunas Sputnik a Rusia”, explicó Ocaña, y apuntó que el empresario viajó a Rusia junto a funcionarios del gobierno bonaerense, de Anmat, Carla Vizzotti (entonces viceministra de Salud) y Cecilia Nicolini, referente clave del círculo de Alberto Fernández, para cerrar la compra de vacunas durante la pandemia.

La llegada de García Furfaro al mundo farmacéutico significó un cambio profundo en la estructura y funcionamiento del laboratorio HLB Pharma. Según relató Ocaña, el empresario adquirió la empresa bajo la premisa de abaratar los medicamentos. “Comienza a manejar tres laboratorios: Ramallo, HLB Farma y Apolo, que también había tenido problemas en Rosario con una explosión en el año 2016, en la que hubo varios muertos”, recordó la legisladora. El caso Apolo fue el puntapié de una política orientada a ofrecer productos a precios mucho más bajos en licitaciones estatales, lo que le permitió a HLB Pharma expandirse en el mercado local.

Ocaña resaltó que si bien este modelo permitió ganar terreno a partir de precios competitivos, “bajaba el costo de los medicamentos, pero a costa también de su calidad”. La exministra advirtió que la estrategia de reducción de costos repercutió negativamente en los estándares de los fármacos, lo que, según ella, se evidencia en los casos de adulteración y contaminación que surgieron con el tiempo. También explicó que los contactos de García Furfaro y sus socios, como Salinas y el diputado provincial Andrés Quinteros, resultaron clave para acceder a negocios con el Estado, especialmente durante la emergencia sanitaria por el COVID-19: “La premisa de García Furfaro era bajar los medicamentos, pero por supuesto, el costo es hoy evidente”.

Para la legisladora, detrás de este entramado existen “personajes que aparecen una y otra vez”, actores capaces de influir en licitaciones estatales ofreciendo productos de baja calidad en detrimento de la salud pública.

El impacto del escándalo vinculado a HLB Pharma es, para Ocaña, un hecho sin precedentes en la salud pública argentina. La legisladora expresó su profunda indignación ante el desenlace: “Nunca he visto una contaminación, o una adulteración de medicamentos con tantos fallecidos, que nada pase”, sentenció. Señaló que la causa fue abierta hace cuatro meses y que hasta el momento no se ha citado a indagatoria a los responsables técnicos del laboratorio, a pesar de las graves irregularidades detectadas.

Ocaña explicó que la historia de irregularidades tiene antecedentes. “En 2023, ante una denuncia de la doctora Prieto en Concordia, justamente con otro medicamento de HLB Farma, la dexametasona, también tenía una contaminación con esta misma bacteria", apuntó la legisladora. A pesar de la gravedad de la denuncia y los riesgos que implicaba para personas inmunosuprimidas, las respuestas institucionales fueron insuficientes: “El Anmat, según ella ha dicho, les contestó a la denuncia que hizo el Colegio de Farmacéuticos que estaba dentro de los límites admitidos, cuando todos saben que en este tipo de producto el límite era cero".

El saldo de este circuito de negligencias, subrayó Ocaña, son casi 100 muertes asociadas al consumo de fentanilo contaminado y un clima de impunidad que afecta a las familias afectadas. “Aquí se han violentado, evidentemente, todos los procesos”, lamentó la entrevistada, y exigió una respuesta institucional y judicial acorde a la magnitud del caso.

En su diálogo con Radio Mitre, Ocaña insistió en que la sociedad merece una explicación clara y acciones concretas tras la tragedia: “Hay muchas familias que quieren una explicación, que quieren saber por qué no hay consecuencias claras y quiénes son los responsables”. La dirigente reafirmó su compromiso en seguir reclamando justicia y verdad en este escándalo sanitario, que aún aguarda respuestas por parte de las autoridades.