El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, resolvió postergar la aplicación del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico. La medida, formalizada mediante la Resolución 530/2025 y publicada este lunes en el Boletín Oficial, establece como nueva fecha de implementación el 10 de noviembre de 2025.
La decisión afecta directamente a los tribunales federales penales de la Ciudad de Buenos Aires y al fuero penal económico, que debían comenzar a aplicar el sistema acusatorio del nuevo Código en agosto de 2025, según el cronograma anterior.
El Ministerio justificó la postergación en la necesidad de evitar un conflicto institucional y garantizar condiciones mínimas de infraestructura y operatividad, tras recibir un informe de la Procuración General de la Nación que advirtió sobre la falta de requisitos técnicos y edilicios indispensables para el inicio efectivo del sistema.
De hecho, la resolución señala: “La Procuración General de la Nación ha informado que, desde su perspectiva, no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Ante este escenario, el Ministerio de Justicia decidió “diferir, por única vez y con carácter excepcional e improrrogable, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal (T.O. 2019)” en ambas jurisdicciones.
El documento detalla que la postergación busca “asegurar un plazo complementario, que se estima razonable y suficiente para intensificar las actividades institucionales preparatorias de la implementación, y para concluir gestiones adicionales extraordinarias asumidas por el Ministerio de Justicia, con la colaboración necesaria de los demás actores del sistema de justicia federal”.
Además, la resolución ratifica la entrada en vigencia del sistema acusatorio en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas a partir del 16 de marzo de 2026 y en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata desde el 18 de mayo de 2026.
El Ministerio de Justicia remarcó que, desde la reanudación del proceso de reforma, el Gobierno Nacional promovió “las adecuaciones indispensables para poner en marcha el nuevo sistema de enjuiciamiento penal a nivel federal”, en un contexto de “profunda restricción presupuestaria y criterios de austeridad en el sector público nacional”.
Además, subrayaron que “la transformación del sistema procesal penal federal, pendiente desde 2014, no puede bajo ningún aspecto verse condicionada ni impedida por motivos de índole edilicia o tecnológica que se acumulan desde hace décadas”.
Dentro de las acciones realizadas para preparar la implementación en la Ciudad de Buenos Aires y el fuero penal económico, mencionaron la refacción y equipamiento tecnológico de salas de audiencia, la adquisición de software para investigaciones complejas, la provisión de computadoras y la organización de actividades de capacitación para jueces, fiscales y defensores.
De esta manera, los cambios fueron notificados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura, a la Cámara Federal de Casación Penal, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y al Ministerio de Seguridad Nacional.
La resolución afirma: “El cumplimiento efectivo y oportuno de dicho compromiso estratégico requiere una organización eficiente y sistemática de los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles, así como una gestión ágil, coordinada y eficaz de los procedimientos administrativos internos de todos los órganos involucrados en el proceso de reforma”.
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