Daniel Arroyo: “El veto a la ley de emergencia en discapacidad es un error absurdo que profundiza el colapso del sistema”

El diputado nacional Daniel Arroyo, autor de la ley de emergencia en discapacidad, consideró que el veto presidencial a la norma representa “un error absurdo” que “profundiza el colapso del sistema” y afecta de manera directa a miles de familias en todo el país. “No hay ningún fundamento racional para impedir que personas con discapacidad tengan garantizado el acceso al transporte, a la salud y a sus tratamientos; el sistema está absolutamente desacomodado y esta decisión solo agrava todo”, sostuvo durante una entrevista exclusiva.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carola Gil, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Arroyo profundizó sobre la situación crítica que atraviesa el entramado de instituciones, profesionales y familias que dependen de la actualización del nomenclador y de una ley que, según asegura, había sido votada por amplísima mayoría en ambas cámaras.

El diputado subrayó que la problemática carece de color político y requiere respuestas urgentes: “La ley fue aprobada con dos tercios en Diputados y Senadores. Consiguió un consenso transversal, fuera de cualquier grieta. Lo que busca es poner un poco de orden en un sistema completamente colapsado, que no da más. Votar en contra de esto implica profundizar el sufrimiento de miles de personas”.

Al referirse al veto del presidente Javier Milei, Arroyo se mostró indignado: “Esta ley tiene tres partes muy concretas, ninguna de las cuales altera el equilibrio fiscal de manera significativa. El argumento de que el proyecto pone en jaque la economía no corresponde, porque el impacto es ínfimo: apenas representa el 0,003 del PBI”, detalló.

“Estamos hablando de una deuda, no de un gasto nuevo. El nomenclador, que es el que determina cuánto cobran transportistas y acompañantes terapéuticos, no fue actualizado desde febrero de 2023. El litro de nafta que pagan los transportistas se reconoce a $541 cuando el precio real ya triplica esa cifra. Así, no hay manera de sostener servicios de traslado y los chicos no pueden acceder a la rehabilitación ni a sus tratamientos. Los acompañantes terapéuticos cobran después de 180 días, a 3.000 pesos la hora, y los hogares están todos a punto de cerrar. Hay deudas con la AFIP que los tienen contra la pared”, enumeró Arroyo en diálogo con Infobae en Vivo.

El contexto que plantea el diputado describe un escenario límite: “Hoy las instituciones viven al día y de prestado. Muchas dejaron de pagar impuestos, otras están por cerrar directamente. Fue por eso que nos pusimos de acuerdo para impulsar una norma que, lejos de romper nada, pretende reconstruir un mínimo de estabilidad y dignidad para el sector”.

Consultado sobre los pasos legislativos, Arroyo explicó: “El Gobierno vetó la ley, pero nosotros vamos a insistir. Ya tenemos garantizados los votos, porque hay acuerdo en que no puede seguir postergándose este debate; solo falta que se trate la semana próxima. Hoy la sesión está dedicada a otros temas, pero apenas se habilite el temario, vamos a insistir con la emergencia en discapacidad”.

El papel que tuvieron las comisiones parlamentarias fue determinante. “Fue una norma muy trabajada, con 12 reuniones informativas, la participación de todas las instituciones, consenso técnico y político. Fue aprobada primero en la Comisión de Discapacidad, luego en la de Salud y, pese a las demoras de la Comisión de Presupuesto, logramos el dictamen y luego la media sanción con 2/3 de los votos en ambas cámaras. Resulta absurdo que el Gobierno la haya vetado.”

Sobre los debates internos, Arroyo fue contundente: “El sistema está al borde. No importa de qué partido seas, cuando ves la realidad que viven las personas con discapacidad y las familias, es imposible mirar a otro lado. Yo fui ministro de Desarrollo Social de la provincia y de la Nación: nunca vi tanta desesperación. No hay actualización del nomenclador ni se cumplen las leyes vigentes. La emergencia es para ordenar hasta el 31 de diciembre de 2026, y a partir de allí discutir los cambios estructurales”.

Frente a la consulta por las finanzas públicas y el argumento de “equilibrio fiscal” que esgrime la administración de Milei, Arroyo retrucó: “No hay impacto fiscal. Lo que hay es una deuda del Estado que no cumplió con la ley y no actualizó los pagos. Si un trabajador está seis meses sin cobrar, la pregunta no debería ser cuánto representa ese gasto, sino por qué está sin cobrar. Eso es exactamente lo que pasa con los servicios y las terapias para las personas con discapacidad”.

Múltiples actores del sector coinciden en que la situación es alarmante. “No hay nadie que pueda defender la inacción frente a estos problemas. Cuando convocamos a las instituciones, todas nos dijeron que están a punto de cerrar o dejar de prestar los servicios por falta de pagos y desactualización de los montos. La ley buscaba poner lo básico en orden y después plantear los cambios de fondo”, detalló.

El diputado recordó también que la discusión excede al oficialismo: “Incluso legisladores de la Libertad Avanza acompañaron la medida en las comisiones porque el consenso es irrebatible: la situación amerita una solución inmediata y técnica, más allá de la grieta política. Lamentablemente, esa decisión todavía no llegó a quien define las políticas del Estado”.

Durante la entrevista, Arroyo relató la dificultad para establecer puentes con el Gobierno. “Como presidente de la Comisión de Discapacidad, la primera gestión fue reunirme con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Pañuelo. Fuimos todos los bloques políticos, planteamos la necesidad de actualizar el nomenclador y ordenar los pagos. Nos dijeron que sí, pero todo quedó en promesas incumplidas. Nunca se avanzó en soluciones. No cruzan datos entre bases para auditar correctamente las pensiones, envían 400.000 cartas documento a ciegas, hacen colas interminables y piden estudios a personas ciegas de nacimiento o con discapacidad motriz permanente. Así se maltrata, no se ayuda”, denunció el legislador.

El diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, expuso las falencias en la metodología y la gestión estatal: “El Estado no utiliza ni información registral básica. El 40% de los telegramas enviados para auditar pensiones ni siquiera llegó correctamente porque no actualizaron domicilios ni cruzaron datos con el Registro Civil. Es inentendible: hoy encontrar a alguien con una base digital es sencillo, pero acá ni eso se hace”.

En cuanto a las respuestas del oficialismo, Arroyo subrayó que existe un divorcio entre la realidad y las decisiones políticas: “Muchas veces se plantea el argumento fiscalista, pero los organismos intermedios y los propios diputados oficialistas reconocen que es necesario actualizar los valores, porque los servicios no pueden sostenerse. Los transportistas no pueden cubrir los traslados, las instituciones educativas especiales cierran, los profesionales rotan porque no cobran durante meses”.

El diputado fue enfático sobre la urgencia de separar ciertos temas del debate político partidario: “Hay cuestiones que deberían estar fuera de la grieta. Discapacidad es uno de ellos. Acá está en juego la vida cotidiana y la dignidad. Mantener el déficit es distinto a destruir servicios esenciales. No hay margen para la tardanza; se necesita actuar ya”.

La situación afecta además a los hogares y centros de día: “Los hogares mantienen deudas con la AFIP y hasta el momento hubo plazo hasta el 31 de julio. Ahora están todos esperando a ver qué sucede, pero el peligro de cierre es real. El nomenclador solo se actualizó 0,5% en todo el año y la inflación fue superior al 120%. El desfasaje es insostenible”, lamentó.

En la sesión del Congreso de la jornada de la entrevista, Arroyo anticipó que el temario abarcaba otros temas urgentes, como el financiamiento universitario y mejoras salariales en el hospital Garrahan. “Es otro ejemplo de cómo el Gobierno reconoce problemas después de la presión y el debate público. Lograron avanzar en un aumento y una reestructuración para el personal médico, que era un reclamo de larga data”.

Sobre la dinámica parlamentaria, narró: “Hoy en el Congreso es ridículo: para cada ley hay que emplazar a la Comisión de Presupuesto, porque no se reúne por voluntad propia. En discapacidad tuvimos que ir dos veces al recinto para que se tratase, primero en comisión, después en el pleno. Todas las instituciones participaron y hubo diálogo amplio, pero el Gobierno optó por vetar sin justificación”.

De cara al futuro, Arroyo ratificó su intención de seguir reclamando la sanción de la ley y remarcó que la presión social y legislativa es clave: “Solo con mantenernos firmes y reclamar lo votado —el mismo consenso logrado en junio— vamos a restablecer un mínimo orden en el sistema. Y lo necesitamos urgente”.

A modo de balance, Arroyo insistió: “Nunca vi tanta gente desesperada. Mi experiencia como ministro me llevó a situaciones complicadas, desde inundaciones hasta la pandemia, pero nunca tanta gente me paró en la calle para llorar ante semejante angustia y desamparo. No hay derecho ni lógica alguna para sostener el veto. Insistir con la ley es una cuestión de pura humanidad y racionalidad económica”.

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