El ex secretario de Obras Públicas, José López, compareció este jueves ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en una audiencia clave destinada a definir la unificación de sus condenas por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta en perjuicio del Estado, según lo dispuesto en el expediente judicial. La imagen de López es recordada por la escena ocurrida en el Convento de General Rodríguez, donde trató de ocultar bolsos con 9 millones de dólares, joyas y armas, hecho que derivó en una condena a siete años y medio de prisión por enriquecimiento ilícito y portación de armas.
Durante la audiencia, López intervino de manera virtual desde el Penal de Ezeiza, donde permanece detenido desde el 16 de junio, después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena por corrupción en el caso Vialidad. Al tomar la palabra, López hizo énfasis en su experiencia durante el periodo que transcurrió en libertad provisional: “Me alcanzaba para mantenerme, llevaba una vida de forma austera pero digna”. Explicó que se desempeñó como docente en escuelas secundarias y universidades, dictando clases de física en diversas modalidades, incluyendo la virtualidad.
Su relato expuso cómo, tras seis años de prisión, logró reinsertarse en la sociedad: “Después de que obtuve la excarcelación, conseguí trabajo haciendo determinaciones de precios y seguimiento de contratos”. Sin embargo, agregó que perdió ese empleo “producto de la situación mediática”, en referencia a la fuerte exposición pública tras el caso del convento, ampliamente difundido por medios nacionales e internacionales.
López puntualizó que, tras perder su primer empleo por el “estigma social”, encontró oportunidades como profesor: “Di clases en escuela secundaria donde la relación con mis alumnos la mantenía a través de sus padres y también di clases de forma virtual para la universidad, clases de Física”, relató. El ex funcionario afirmó que estos trabajos le permitieron “mantenerme en el último tiempo de forma austera pero digna”, haciendo hincapié en su esfuerzo por reconstruir lazos sociales y familiares. Contó al tribunal que, antes de confirmarse la condena de Vialidad, ya había comenzado un proceso de “reconstrucción de los lazos familiares y afectivos”, siendo tutor legal de su nieto ante el director de la Escuela.
La audiencia celebrada en el TOF 2 tuvo como propósito escuchar los planteos de ambas partes en torno a la unificación de penas. Según el expediente, la defensa de López, a cargo del abogado oficial Santiago Finn, solicitó integrar las sentencias dictadas en su contra bajo el método composicional, lo que implicaría una pena conjunta de ocho años. Finn argumentó que “de haberse juzgado todo en un único juicio la condena sería menor a la suma aritmética”, y remarcó que las conductas juzgadas por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta están conectadas.
Por el contrario, el fiscal general Diego Luciani exigió que se rechace la unificación y que López afronte ambas condenas de manera acumulativa, alcanzando así trece años y medio de prisión. Luciani sostuvo que “se juzgó un hecho de gran corrupción con las más altas jerarquías del gobierno”, señalando la gravedad de los delitos y el colosal perjuicio ocasionado al Estado, calculado por el tribunal en 537 millones de dólares y por la fiscalía en alrededor de 1.000 millones de dólares.
Durante el proceso, la fiscalía reforzó su postura remarcando que López tuvo un papel central como responsable de la distribución de fondos públicos y del direccionamiento de contratos hacia Grupo Austral, liderado por Lázaro Báez. La investigación “Vialidad” se centró en las irregularidades de 51 licitaciones viales durante gobiernos kirchneristas, en las cuales se documentaron sobrecostos, pagos exclusivos, falta de competencia y un circuito irregular de adjudicaciones que beneficiaron sistemáticamente a Báez. Según el tribunal, López fue determinante para concretar el fraude, facilitando la asignación de fondos y garantizando el pago de contrataciones.
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