La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puso en evidencia una serie de irregularidades en el sistema de registro de comedores y merenderos comunitarios, según un informe de auditoría recientemente difundido por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
“El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) presentaba graves deficiencias en sus mecanismos de control interno, integridad de datos y procedimientos administrativos”, señala el comunicado publicado durante la tarde del jueves.
El informe, elaborado por la SIGEN, fue dado a conocer oficialmente por el Ministerio de Capital Humano, que desde hace meses viene denunciando irregularidades en el sistema de comedores y merenderos.
Según la información publicada, el ReNaCoM —creado para registrar y supervisar los espacios comunitarios que brindan asistencia alimentaria— adolecía de fallas estructurales que comprometían la transparencia y la eficacia de la política pública. De acuerdo con la auditoría, la base de datos presentaba inconsistencias de tal magnitud que ponían en duda la integridad de la información utilizada para la toma de decisiones.
Entre los hallazgos más alarmantes, el informe destaca que el 87% de los registros estaban duplicados, lo que implica que casi nueve de cada diez inscripciones correspondían a datos repetidos. Esta cifra, que surge de un análisis exhaustivo de la base de datos, revela la ausencia de mecanismos de control que permitan depurar y validar la información ingresada.
Además, el 34% de los registros presentaba campos incompletos o con valores en cero, lo que dificultaba la identificación precisa de los beneficiarios y la correcta asignación de recursos.
“Todo esto evidencia una importante falta de integridad en los datos”, sostiene el documento.
La auditoría también detectó errores significativos en las direcciones de los comedores y merenderos, lo que complica la localización y el seguimiento de los espacios asistidos.
El informe no se limita a señalar problemas en la base de datos, sino que también pone el foco en los procedimientos de validación y control. “El 70% de los 54.613 espacios preinscriptos no estaban verificados presencialmente”, advirtieron en el comunicado. Esta cifra equivale a más de 38.000 espacios sin control físico.
Esta falta de verificación presencial implica que la mayoría de los comedores y merenderos registrados no fueron inspeccionados por personal autorizado.
Otro aspecto crítico señalado por la SIGEN es la falta de actualización del registro, que se encontraba “totalmente desactualizado”, lo que evidencia, en palabras del informe, “un desconocimiento generalizado sobre la situación real de los comedores”.
El informe también advierte sobre la inexistencia de alertas por vencimiento de matrícula, un mecanismo fundamental para garantizar que los comedores y merenderos cumplan con los requisitos administrativos y operativos exigidos por la normativa. La falta de este sistema de alertas permitió que numerosos espacios funcionaran sin la debida regularización.
Por otro lado, el informe documenta casos en los que transcurrieron hasta 914 días (más de dos años y medio) entre la validación inicial y la obtención de la matrícula definitiva. Esta dilación excesiva, que afecta la formalización de los comedores y merenderos, pone en evidencia la ineficiencia de los procedimientos administrativos implementados en la gestión anterior.
La suma de estas irregularidades llevó a la SIGEN a concluir que el sistema de registro carecía de los estándares mínimos de confiabilidad y transparencia requeridos para la gestión de políticas alimentarias.
En respuesta a estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano inició una serie de acciones orientadas a corregir las deficiencias señaladas por la SIGEN.
“Las acciones que venimos desarrollando desde el Ministerio de Capital Humano contribuyen a generar una mayor transparencia y a llegar a los beneficiarios de forma directa y sin intermediarios”, afirmó la cartera en su comunicado oficial.
De acuerdo con la publicación, la difusión del informe forma parte de una estrategia para transparentar la gestión de los programas sociales y garantizar que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan.
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