La Corte Suprema de Justicia continúa con las tareas de restauración, limpieza, digitalización e inventario del histórico hallazgo de doce cajas con material nazi en los archivos que estaban ubicados en el subsuelo del Palacio de Tribunales.
Los procedimientos, que se iniciaron el pasado 9 de mayo, incluyen el descubrimiento de libretas con esvásticas, documentos y propaganda del régimen, lo que ha despertado interés internacional y motivado una rigurosa investigación.
Hasta el momento, los expertos registraron más de 4.600 carnets del “Deutsche Arbeitsfront” (Frente Alemán del Trabajo), identificados como libretas rojas de 32 páginas, y más de 400 carnets de la Unión Alemana de Gremios, de color negro con 18 páginas cada uno.
El material, en parte deteriorado por la humedad y el tiempo, requiere intervenciones especializadas antes de cualquier estudio profundo. La apertura oficial de las cajas, que se encontraban en el subsuelo de la sede judicial de Talcahuano 550, estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, junto con el Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, y el director Ejecutivo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, Jonathan Karszenbaum.
El hallazgo se produjo de manera casual, durante el proceso de mudanza del acervo archivístico del tribunal, con vista al inicio de las obras para el futuro Museo de la Corte Suprema.
Actualmente, el contenido de las cajas permanece bajo estrictas medidas de seguridad. El acceso al área está restringido a un equipo especializado dirigido por Jessica Susco, directora de la Biblioteca y el Museo de la Corte, con apoyo de María de la Paz Podestá, experta en conservación y restauración de bienes culturales, entre otros especialistas.
El equipo trabaja con guantes, batas, cofias y barbijos N95. Cada caja fue inspeccionada para detectar daños biológicos antes de iniciar una limpieza en seco, utilizando aspiradoras de baja succión y pinceles de pelo suave para tratar hoja por hoja. Una vez limpia, la documentación se inventaría y se escanea, y el material restaurado se almacena en cajas identificadas.
Por cada libreta encontrada, se catalogan datos como el nombre, la fecha de nacimiento, la delegación en Argentina y la profesión de las personas registradas en el movimiento nacionalsocialista. Además, entre los objetos hallados figuran fichas nominadas, algunas con estampillas, junto a propaganda nazi con imágenes y actividades de Adolf Hitler.
En la siguiente etapa, el material será sometido a procedimientos de conservación y digitalización para reducir su manipulación, una condición previa para la investigación histórica a fondo.
La Corte Suprema analiza distintas hipótesis sobre el origen del material. El hallazgo promete aportar información relevante sobre el contexto de los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, la posible ruta del dinero nazi, la actividad del régimen totalitario en Sudamérica y el funcionamiento de sus redes de influencia en la región.
La reconstrucción del periplo que tuvo el material se remonta al 20 de junio de 1941, cuando llegaron al país 83 cajas enviadas desde la embajada alemana en Tokio a bordo de un barco japonés, el vapor “Nan-a-Maru”. La embajada alemana en Argentina los había declarado elementos de uso personal para miembros de la representación diplomática, y reclamaba su libre despacho.
Sin embargo, por entonces, la División de Aduanas y Puertos puso freno a su despacho automático, ante el alerta del volumen poco usual y el contenido potencialmente sensible de los materiales incluidos.
La intervención de la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Antiargentina, presidida por el diputado radical Raúl Damonte Taborda, fue determinante. Exigió explicaciones a la aduana y demandó la apertura total de los paquetes, tras identificarse en una muestra inicial publicaciones con lineamientos propagandísticos opuestos a los valores democráticos y a la posición neutral adoptada por el país frente al conflicto bélico. El legislador había advertido sobre intentos anteriores por parte de la embajada alemana de despachar equipos de comunicación como si fueran simple correspondencia.
Mientras tanto, representantes diplomáticos rehusaron validar la inspección oficial y solicitaron la devolución íntegra del envío a la sede en Tokio. Las autoridades nacionales determinaron retener temporalmente las cajas e iniciar trámites con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, aunque finalmente ambos organismos descartaron autorizar el secuestro definitivo.
Ante este escenario, la comisión llevó el caso a la justicia y recurrió al juez federal Miguel Luciano Jantus, quien mantuvo la mercadería incautada y, por tratarse de un asunto que involucraba a otra nación, y remitió el expediente a la Corte Suprema. Todo el proceso quedó consignado en informes, donde los investigadores señalaban a Buenos Aires como un nodo clave para la distribución de materiales de propaganda en América Latina.
Desde entonces, el expediente permaneció sin claras referencias a la suerte final de ese cargamento.
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