El Gobierno nacional oficializó la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC), después de que se detectaran una serie de irregularidades en el manejo de los recursos estatales y los acuerdos con cooperativas sin antecedentes para la realización de obras públicas.
La eliminación se hizo efectiva esta madrugada, luego de que se publicara el Decreto 312/2025 en el Boletín Oficial. No obstante, aclararon que las obligaciones de estos continuarán vigentes, para poder coordinar y producir la información administrativa previo a la liquidación definitiva.
De esta manera, las autoridades establecieron que el Ministerio de Economía estará a cargo del proceso de cierre de ambos. Asimismo, indicaron que los aportes de inversión que recibían pasarán a ser recaudados y administrados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
La disolución del FISU y el FONDOTEC había sido anticipada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, por medio de una publicación en la red social X. “El Gobierno nacional eliminó el Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)“, comunicó.
”Con estos cierres, ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión“, señaló el funcionario público al explicar que la decisión fue tomada a raíz de las irregularidades que fueron detectadas en las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
En ese sentido, mencionó que el FONDOTEC utilizó 33 millones de los 28.000 millones de pesos que le atribuyeron, mientras que aseguró que se detectó que el FISU había comprado terrenos contaminados, otorgaba las obras a cooperativas desconocidas y demoraba los proyectos.
De acuerdo con los resultados del informe sobre la situación del FISU, la SIGEN destacó una falta de cumplimiento en los plazos previstos y falencias en la planificación de la ejecución de los proyectos. Por esto, consideraron que estas deficiencias generaron “mayores costos adicionales y administrativos“.
“Se han evidenciado retrasos en las rendiciones de cuentas e incumplimientos a lo dispuesto en los diferentes contratos”, remarcaron en el considerando del decreto, tras hacer hincapié que hubo una falta de comunicación de los proyectos de pliegos y los actos administrativos de los procesos de contratación.
Respecto a los terrenos contaminados que mencionó Adorni, la auditoría amplió que se trataban de predios que se ubicaban próximos a basurales, los cuales no serían aptos para la instalación de asentamientos humanos. Asimismo, apuntaron que las compras de los mismos fueron aprobadas sin que se hubiera tasado el inmueble.
En línea con esto, las autoridades subrayaron que se detectó una compra de 45 computadoras portátiles que tampoco habían sido autorizadas por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En el caso del FONDOTEC, la SIGEN reclamó por la inexistencia de reglamentos de gestión y operativos a la hora de cumplir con su misión: la financiación de programas de fomento. “También se detectó la ausencia de instrumentos normativos que regulen las operaciones del Fondo”, indicaron.
A su vez, reportaron la falta de un plan de inversiones que evite la depreciación de los recursos atribuidos por el Estado nacional y remarcaron que el fondo también contaba con deficiencias en el control de la trazabilidad de los registros contables.
De esta manera, el Gobierno explicó que la decisión de disolver los fondos se sustenta en el proceso de mejorar la calidad del funcionamiento de la administración pública, tras declararse la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética.
“En virtud de lo expuesto, resulta oportuno proceder a la disolución del fideicomiso de administración y financiero denominado “FONDO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA” (FISU) y del FONDO FIDUCIARIO PARA LA PROMOCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, con el fin de propender a la mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos", argumentaron al confirmar que los servicios jurídicos competentes intervinieron en el asunto.
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