A horas de su tratamiento, en Casa Rosada dan por hecho que Ficha Limpia tiene los votos en el Senado

En la reunión de Gabinete de este martes estuvieron todos los principales dirigentes de la cúpula gubernamental. Solo faltó un representante del Senado de la Nación, por caso, la vicepresidenta Victoria Villarruel, con la que Javier Milei y sus alfiles no tienen diálogo desde el año pasado. Sigue configurando una ausencia vital, porque mañana el Senado se aprestaría a tratar en sesión el proyecto denominado Ficha Limpia. De aprobarse se convertiría en ley.

Fue una jornada con opiniones varias. En el entorno del Presidente afirmaban con total seguridad esta tarde de que “no están los votos” para la sanción del proyecto. Incluso, esa fuente inobjetable afirmaba que había cinco senadores que “el PRO cuenta y que nosotros los tenemos en duda”.

Esto pareció resolverse horas después: el senador y jefe de bloque de LLA, Ezequiel Atauche, apareció por Casa Rosada, conversó con el armador nacional de Eduardo “Lule” Menem y dejó constancia de que tienen los votos. En la cúpula del Poder Ejecutivo dieron el visto bueno y mañana “habrá ley”, según dijeron fuentes oficiales a Infobae.

En el Senado preferían no responder ante las hipótesis, pero en términos generales esperaban a que mañana terminara de resolverse la aprobación. Se limitaban a decir que “hay muchas versiones” y que preferían esperar a la reunión de Labor Parlamentaria que determinó el orden del temario que se pondrá a discutir mañana. La sesión esperaba ser a las 11 cuando en un comienzo se había planificado para las 14.

Lo cierto es que en la cámara alta veían que los libertarios ya no tendrían mayores excusas para ver la forma de retrasar la discusión de esta iniciativa, aunque en un comunicado del bloque de La Libertad Avanza -publicado ayer- habían complejizado los temas a debatir el miércoles, y es que habían propuesto tratar el congelamiento de la dieta de los senadores. Algunos en la Casa Rosada fantaseaban con que el proyecto se rechazara y echarle la culpa al PRO por no conseguir las adhesiones suficientes.

“Creo que hay algunos senadores que no tienen muchos incentivos de viajar para Buenos Aires para congelarse el sueldo”, indicaba, fuera del Congreso, un libertario con peso propio, que le quería adjudicar la culpa al PRO por querer “apurarse” a tratar un proyecto de ley que “no tiene votos asegurados”. Es algo parecido a lo que ayer publicaron varios medios en simultáneo, de que en Casa Rosada habían afirmado que sería “estúpido” sesionar si no hay número para aprobar la norma.

Diversos senadores que apoyan Ficha Limpia se mostraban incrédulos ante estas versiones. “¿Pero cómo es que ahora no están los votos si Francos dijo días atrás que ya estaban asegurados", respondió uno de ellos.

En rigor, en la Jefatura de Gabinete responden que el ministro coordinador nunca dio confirmación de que estaban los votos positivos para la sanción y que siempre lo dijo en potencial. “Yo creo que va a haber sesión y que se va a aprobar. Me parece que están los votos para aprobarla. Cuando los senadores santacruceños confirmaron que iban a votar a favor, me parece que ya no quedan dudas, ¿no? O sea, se tiene el número suficiente para avanzar. Salvo que alguno falle, no hay duda que están para apoyar la sanción de este proyecto", es la textual.

Para ser aprobada, Ficha Limpia requiere 37 votos positivos sin importar cuántas bancas estén presentes al momento de sufragar. Los números son muy finos. Los legisladores de Unión por la Patria son 34. Ese es el único bloque que se expresó totalmente en contra, mientras que los 38 restantes habrían asegurado estar para impulsar la iniciativa. Es decir, dos ausencias repentinas cambian por completo el panorama. Por el momento, desde el Senado no parecen informar de que vaya a suceder algo por el estilo.

En la oposición especulaban que la poca voluntad del oficialismo por impulsar el debate tenía varias aristas. En primer lugar, porque el proyecto fue impulsado originalmente por la diputada nacional Silvia Lospennato, hoy primera candidata a legisladora porteña del PRO. En el caso de que se llegue a la sanción, intentará capitalizarlo a pocos días de que se den los comicios en la Ciudad.

Un proyecto similar, impulsado previamente por el PRO, había logrado dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados en 2024, pero su tratamiento en el recinto fracasó en dos ocasiones debido a la falta de quórum. Ante este escenario, el Ejecutivo decidió elaborar su propia versión del proyecto, que finalmente obtuvo el respaldo necesario en la Cámara baja en febrero de este año.

Por otro lado, aprobar el proyecto que le impediría presentarse en elecciones nacionales a Cristina Kirchner tendría implicancias en el diálogo que los libertarios mantienen de manera subterránea con el peronismo kirchnerista.

Por caso, los libertarios están bloqueados en el Senado por el amplio número que tiene Unión por la Patria, siendo aquella la razón por la que no pudieron sostener los pliegos de sus candidatos a jueces de la Corte Suprema. Además de necesitar cubrir esos lugares, hay más de 200 los cargos de jueces, fiscales y defensores que todavía no decidieron enviar desde el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo, que no es el responsable del Ministerio de Justicia, pero quien sí digita la estrategia política-judicial junto al número dos de esa cartera, Sebastián Amerio.

Actualmente, la legislación argentina establece que solo las personas con condenas firmes pueden ser inhabilitadas para ejercer cargos públicos. Según la Ley 23.298 de Partidos Políticos, no pueden ser candidatos aquellos excluidos del padrón electoral, lo que incluye a los condenados por delitos dolosos con penas privativas de libertad mientras dure la condena. Además, el Código Penal permite imponer inhabilitación absoluta en casos donde el delito se haya cometido aprovechando un cargo público, aunque esta medida también requiere una sentencia firme, es decir, que no existan recursos judiciales pendientes.

El proyecto de ley aprobado en Diputados introduce cambios significativos a esta normativa. Según detalló el medio, la propuesta oficial modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para incluir una nueva restricción: las personas condenadas por delitos contra la administración pública no podrán ser candidatas, incluso si la condena no es firme. Bastará con que la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia, lo que en el ámbito de la Justicia federal corresponde a la Cámara Federal de Casación Penal.