En medio de los preparativos para la ceremonia de entierro de una de las figuras más relevantes de la historia reciente de Argentina, el Papa Francisco, surgió una controversia en el Congreso Nacional sobre la posibilidad de que un grupo de legisladores viaje a Roma para representar al país en el evento.

La discusión, que inicialmente se manejaba de manera interna entre los bloques parlamentarios, se tornó pública tras una intervención en el recinto de la diputada Danya Tavela, del bloque Democracia, quien cuestionó duramente la iniciativa.

Durante una sesión dedicada a honrar al Sumo Pontífice, Tavela expresó su desacuerdo con el viaje, señalando que no era necesario enviar una comisión oficial. En su intervención, criticó la postura de algunos sectores políticos que habían descalificado al Papa en el pasado, calificándolo de “comunista, peronista o kirchnerista”.

“En nombre de ser ejemplares y menos hipócritas, ahorremos andar garroneando un viajecito a Roma”, afirmó la legisladora. Estas declaraciones no sólo generaron un fuerte impacto en el recinto, sino que también modificaron el curso de las conversaciones sobre el tema.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, la idea de enviar una delegación oficial a Roma había sido discutida entre los bloques, pero no avanzó por desacuerdos internos. “Era algo que se estaba hablando, pero se trabó porque cada vez se sumaba más gente al viaje”, explicaron. Sin embargo, la intervención de Tavela habría cambiado el panorama, ya que al hacer pública la discusión, se generó un costo político que ningún sector parece dispuesto a asumir.

Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, encabezada por Martín Menem, confirmaron que no se había presentado ningún pedido formal para organizar el viaje. Además, señalaron que Menem no tomaría ninguna decisión al respecto, dejando en claro que la discusión sobre el tema se centraba en quién asumiría las consecuencias políticas de un eventual viaje.

Aunque todos los bloques estuvieron al tanto del debate, Menem anunció públicamente que no financiará ningún pasaje: “Quiero ser claro al respecto: cualquier legislador está en libertad absoluta de concurrir a las exequias del Papa, pero deberá costear los gastos con sus propios recursos”.

Luego de hacer referencia a su rol como Presidente de la Cámara es el de “ejercer con la debida prudencia y seriedad el manejo de los recursos económico”, señaló que “ya facilitamos desde esta Presidencia todas las licencias y/o postergaciones de actividades parlamentarias necesarias para garantizar el óptimo funcionamiento del Cuerpo”.

En las últimas horas, surgieron rumores sobre la posibilidad de que el presidente Javier Milei habilitara espacios en el avión presidencial, el ARG 01, para trasladar a algunos legisladores a Roma. Este avión, con capacidad para 39 pasajeros, ya tiene asignados los lugares para la delegación oficial, que incluye al propio presidente, su secretaria personal Karina Milei, el jefe de gabinete Guillermo Francos, el canciller Gerardo Werthein, el vocero presidencial Manuel Adorni y las ministras de Seguridad y de Capital Humano, Patricia Bullrich y Sandra Petovello.

Sin embargo, tanto desde la Casa Rosada como desde los sectores legislativos involucrados negaron esta posibilidad. Según detallaron fuentes oficiales, los espacios no ocupados por los funcionarios serán destinados a personal de seguridad, ceremonial, protocolo y la unidad médica presidencial, descartando cualquier invitación a diputados o senadores.

Por otro lado, se confirmó que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tampoco formará parte del evento en Roma. Esto se debe a que, al salir el presidente Milei del espacio aéreo argentino, Villarruel asumirá automáticamente el rol de presidenta en funciones, lo que le impide viajar al extranjero durante la ausencia del mandatario. Esta situación refuerza la decisión de limitar la delegación oficial a los funcionarios previamente designados.

Todo el cuadro de situación y la controversia en torno al viaje a Roma no sólo exponen tensiones políticas internas, sino que también ponen de manifiesto las dificultades para alcanzar consensos en temas simbólicos y de representación internacional. Mientras algunos sectores argumentan que la presencia de legisladores en el entierro del papa Francisco sería un gesto institucional importante, otros consideran que el costo político y económico de la iniciativa no está justificado.