La Auditoría General de la Nación (AGN), principal órgano de control externo sobre los gastos del Estado -la Sigen es la revisión interna-, se encuentra en un estado irregular en cuanto a su conformación desde 2024, cuando finalizó el mandato de los tres integrantes designados por Diputados. Semanas atrás cayó también el mandato de los tres del Senado y sólo queda el titular de la entidad, Juan Manuel Olmos -electo por el kirchnerismo por ser el principal espacio opositor, como establece la ley-, en medio de un duelo de proyectos en la Cámara alta para modificar la institución y recortar, entre otras cosas, los ocho jugosos años de vigencia de los seleccionados por el Congreso.
Con la reactivación meses atrás de la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas -comanda el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto-, que es el enlace legislativo con la AGN, la oposición quiso acelerar en modo “Flash” el tratamiento de cuestiones relacionadas con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández -es decir, entre diciembre de 2015 y mismo mes de 2023-, con el fin de iniciar un escaneo casi en simultáneo al Gobierno libertario. La Casa Rosada no se quedó atrás y logró empujar auditorías sobre universidades, que tendrían que presentarse en agosto próximo. La contracara es indagar los programas de asistencia alimentaria de Capital Humano, entre otros.
En Diputados ocurrieron varias idas y vueltas sobre los reemplazos de sus tres integrantes. Transcurrió 2024 y no apareció ninguna novedad. Pichetto advirtió meses atrás sobre lo que sucedería también en el Senado. Para destrabar la situación, cobraron vida las iniciativas de dos experimentados: el jefe del Frente de Todos, José Mayans; y el peronista disidente Juan Carlos Romero, de la bancada Provincias Unidas.
Ambas comparten la disminución de los mandatos: pasarían de ocho a cuatro años, con posibilidad de reelección. Es decir, actualizados a la realidad de los gobiernos y renovaciones parlamentarias, en general. Un punto con leves diferencias apunta a la remuneración de los auditores: el del formoseño habla de ser “equivalente” a de legisladores -sin aclarar cuáles y genera una duda, dada la diferencia entre las dietas de Diputados y Senadores en la actualidad-, mientras que el segundo impone que no perciban “un monto mayor a la dieta percibida” por los integrantes de la Cámara alta, que mayo escalará a más de $9,1 millones en bruto.
La puja principal se encuentra, sin dudas, sobre la conformación de la AGN. El texto de Mayans -acompaña la bonaerense Juliana di Tullio- propicia la ampliación de siete a nueve miembros, mientras que el de Romero sostiene la integración vigente. Según pudo saber Infobae, la Casa Rosada prefiere el segundo proyecto. No obstante, quienes llevan mucho tiempo en el Congreso deslizan por lo bajo que no es para nada descabellado contemplar también a la primera iniciativa.
Por caso, en sus fundamentos, Mayans señaló: “Un organismo de tal importancia en el control del sector público nacional, con un funcionamiento activo, urge de una modificación que se ajuste en mayor medida a las nuevas realidades institucionales y las composiciones parlamentarias actuales, mediante un número suficiente la participación de otras fuerzas políticas”.
Un agregado en la ley que impulsa el salteño -también lo firmó el correntino Carlos Espínola, jefe de Provincias Unidas- y, en consideración de tiempos que ya corren, es que “al nombrarse los primeros auditores generales con el período de duración de sus mandatos por cuatro años, se determinará por sorteo los tres que permanezcan en sus cargos durante dos años, correspondiéndole cuatro años a los tres restantes”.
La pregunta a saldar es si el Gobierno insistirá, en caso de no acelerar ninguna ley, con tener un integrante por Diputados y otro por el Senado. Las últimas experiencias sobre la comisión investigadora de $LIBRA en la Cámara baja, y la falta de acuerdo para votar autoridades en la Cámara alta, pincelan un escenario hostil. Mientras tanto, Olmos aguarda una definición con el volante de la AGN en sus manos.
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